Una semana después del lanzamiento de parte de Patricia Bullrich del llamado «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», presentaron este martes la primera medida de amparo contra el esquema antipiquetes. La acción legal fue impulsada por el abogado Daniel Valmaggia, quien cuestionó esta versión del viejo protocolo antipiquetes que la propia Bullrich supo agitar en la era Cambiemos.
La presentación exige que el mentado protocolo sea suspendido en virtud de su inconstitucionalidad. El amparo, que recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 a cargo de Santiago Carrillo, fue lanzado hoy en plena antesala de la movilización que tienen programada para este 20 de diciembre organizaciones sociales y piqueteras, en memoria de las jornadas de lucha de diciembre de 2001.
En ese marco, el Gobierno de Javier Milei (con Bullrich como brazo de Seguridad) tiene planeado «estrenar» el protocolo en esta fecha de fuerte peso simbólico e histórico para reafirmar el carácter represivo y proneoliberal de la gestión.
«Realicé la presentación por propio derecho, como ciudadano que quiere manifestarse en forma pacífica, porque virtualmente con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darle a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos», indicó Valmaggio en declaraciones a la agencia Télam.
Vale aclarar, además, que el anuncio de Bullrich de la semana pasada para presentar el protocolo fue apenas una breve intervención para los medios de prensa, donde no dio mayores detalles sobre los alcances legales de los criterios para aplicarlo. En ese marco, la arbitrariedad sobre la cual las fuerzas federales serán ordenadas es una de las principales preocupaciones del abogado.
«Cada fuerza puede hacer lo que quiera porque no hay nada definido, es decir, puede aplicarlo según su criterio y ya sabemos que cuando a las fuerzas no se le dan instrucciones precisas tenemos casos como el de [Santiago] Maldonado que sucedió bajo la misma gestión de [Patricia] Bullrich, o el de [Rafael] Nahuel, entre otros», afirmó.
Asimismo, el Gobierno también anunció otra medida ayer que implica retirar asignaciones de planes sociales a quienes participen de manifestaciones y cortes de calle. Disfrazada de «medida para proteger a la gente de las organizaciones». La iniciativa, anunciada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mostró una clara intención de fondo de desarticular la protesta social contra el ajuste que planea Milei en materia económica, con los planes sociales como elemento extorsivo.
Kicillof rechaza la aplicación de la medida antiprotesta
Este martes también se dio a conocer la posición de Provincia de Buenos Aires con respecto al mencionado protocolo, medida que fue rechazada de plano por la gestión de Axel Kicillof. Fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien se pronunció sobre la discusión y dijo que desde Provincia no se plegarán al planteo de Bullrich y la cúpula de Nación.
«Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones que, entre otras cosas, creo que criminalizan en cierto sentido la protesta», indicó Bianco en declaraciones a La Red.
«Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar», agregó el funcionario.
