Movilizados en el Ministerio de Economía de la Nación, organizaciones y personas con discapacidad se manifestaron y entregaron un petitorio al ministro Luis Caputo, para reclamar la urgente implementación de la Ley 27.793, paralizada por la gestión de Javier Milei.
Desde las 10.30 de la mañana las organizaciones que nuclea el Foro Permanente de Discapacidad, se reunieron en la sede de Hipólito Yrigoyen 250 (CABA) para reclamaron no solo la implementación efectiva de la Ley, sino fondos para el programa Incluir Salud y la regularización del pago a los prestadores.
Vale recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso en diciembre y luego fue vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, tras la insistencia de ambas Cámaras y el rechazo legislativo al veto, la normativa quedó firme y el Gobierno debió reglamentarla. Actualmente, mientras organizaciones de personas con discapacidad y prestadores continúan reclamando su plena aplicación, denuncian demoras en los pagos, valores desactualizados, trabas administrativas y dificultades para garantizar prestaciones esenciales.
El programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, mediante la Secretaría Nacional de Discapacidad, es mediante el cual se giran los fondos a los prestadores. Según detallaron en el petitorio, se les adeuda a estos agentes octubre, noviembre, diciembre y enero, por lo que la regularización, insisten, es de carácter urgente. «Esto es fundamental para que dichos prestadores puedan seguir brindando la atención que necesitan las personas con discapacidad beneficiarias de este programa», indicaron.
Pasadas las 11, representantes del Foro ingresaron al Ministerio con un petitorio dirigido a Caputo, solicitando «la urgente asignación de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.
En este marco apuntaron directamente contra Caputo. «La continuidad de los servicios depende de que su Ministerio envié mensualmente los fondos que corresponden a dicho programa», indicaron. «Esta es su responsabilidad frente a la vida de las personas que dependen de las prestaciones, insumos, transporte, medicamentos, entre otras responsabilidades del Estado Nacional para garantizar el derecho a la salud y a la educación de las personas con discapacidad», le marcaron al Ministro.