Las diputadas nacionales de Unión por la Patria, Gabriela Estévez y Fernanda Díaz presentaron un proyecto de resolución donde pidieron al Poder Ejecutivo la continuidad del programa Remediar, política que garantiza medicación para sectores sociales vulnerables que, de otro modo, no tienen acceso a este insumo esencial.
“Presentamos un proyecto para garantizar la continuidad del Programa Remediar, asegurando la provisión regular y el acceso sostenido a medicamentos esenciales, especialmente para la población en situación de vulnerabilidad que depende del sistema público para garantizar el derecho a la salud”, sostuvo Estévez vía la red social X.
https://x.com/gabiestevezok/status/2044053666877878362?s=20
La iniciativa de las legisladoras opositoras pide al Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Salud, que “adopte con carácter urgente las medidas necesarias a fin de garantizar la continuidad del Programa Remediar”.
El gobierno nacional informó sobre el cierre del Remediar a las provincias en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA). Allí, aseguraron que el programa finalizó el 1° de abril previendo únicamente una extensión transitoria por dos meses mediante una compra de emergencia, para luego ser reemplazado por una nueva línea de cuidado enfocada en enfermedades cardiovasculares que incluiría un número significativamente reducido de medicamentos.
El programa fue creado en la crisis de 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos elementales, logrando cubrir en su momento de mayor consolidación, aproximadamente el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. “Llegó a incluir cerca de 79 presentaciones farmacológicas, tratando desde enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión hasta patologías agudas”, precisó el proyecto.
Las diputadas enfatizaron que el Remediar ha tenido un rol estructural para la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), con impacto en el territorio, permitiendo resolver consultas en los centros de salud y reduciendo la presión sobre los hospitales de mayor complejidad.
También subrayaron que “el acceso discontinuo o restringido a medicamentos esenciales incide de manera directa en la adherencia a los tratamientos, incrementando el riesgo de complicaciones evitables y la ocurrencia de eventos agudos”.
Asimismo, cuestionaron el ajuste fiscal del Estado nacional que se retira de su obligación de proveer medicamentos a la población. “Asistimos a la culminación de un proceso de desfinanciamiento y vaciamiento que no es un hecho aislado, sino parte de un ajuste fiscal que utiliza la salud pública como variable de recorte”, advirtieron.
A modo de ejemplo, detallaron que en la Provincia de Buenos Aires se registró una contracción superior al 55% en el volumen de medicamentos del programa, que pasó de más de 10 millones de unidades mínimas a solo 4,6 millones, al tiempo que se dejaron de abastecer cerca de 500 centros de salud.
En otro tramo recordaron que el acceso a medicamentos esenciales integra el contenido del derecho a la salud, reconocido por la Constitución Nacional a través de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, lo que impone al Estado la obligación de garantizar condiciones de acceso oportuno, equitativo y continuo a las prestaciones sanitarias. En este sentido, “cualquier medida que limite o restrinja dicho acceso impacta de manera directa en el ejercicio efectivo de este derecho, especialmente en perjuicio de los sectores en situación de vulnerabilidad”, finalizaron.