En un hecho que podría marcar un nuevo precedente en los juicios por crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía Federal de La Plata solicitó que las infancias sean reconocidas como víctimas directas del terrorismo de Estado. El planteo fue realizado durante los alegatos del juicio por los delitos cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata, donde además se pidió que la sentencia incorpore una perspectiva específica sobre las violencias ejercidas contra niños, niñas y adolescentes, así como sobre las mujeres embarazadas secuestradas durante la última dictadura. Sobre el alcance de este pedido y los desafíos actuales de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, la fiscal Ana Claudia «Pipi» Oberlin dialogó con AM 530, la Radio de las Madres.
—Contame cómo viene funcionando esto a partir de los distintos juicios que se vienen dando. Porque vamos viendo cómo la Justicia, a medida que avanzan los procesos, va ampliando el reconocimiento después de tantos años de reclamo. Y ahora también se está dando este reconocimiento de las infancias como víctimas de todo lo que fue ese proceso entre 1976 y 1983.
Sí, lo que viene ocurriendo es que desde hace ya por lo menos dos décadas, desde que se produjo la reapertura o apertura de nuevos juicios a partir del año 2000, se planteó, sobre todo a partir de las personas victimizadas que sufrieron estos delitos, la necesidad de que se incluyeran lo ocurrido con niños, niñas y adolescentes. No como accesorios de lo ocurrido con las personas mayores que también fueron secuestradas y que también sufrieron violencias estatales, sino de manera independiente. Hace por lo menos 20 años que se viene insistiendo con que se los tenga en cuenta.
En los testimonios que se dan en los juicios orales sobre estos casos, la mayoría de las veces cuando alguien que sufrió en la niñez estas violencias, especialmente dice que se tenga en cuenta también lo que le pasó en tanto niño o niña. Entonces, en ese marco, la justicia viene dando distintas respuestas: en muchos casos no haciendo lugar, en algunos casos haciendo lugar parcialmente. En ese marco se viene pidiendo que se consideren efectivamente a los niños, a las niñas y a las infancias como víctimas de manera independiente en relación a los adultos.
Y en el último caso en el que estamos hablando ahora, por primera vez pedimos no solo que se los considere víctimas individuales y que se reconozca que sufrieron determinados delitos, principalmente privación ilegal de la libertad y tormentos, e incluso en un caso la violación de una niña de 14 años, sino que además solicitamos que la sentencia declare específicamente que los hechos constituyeron violencia contra niños, niñas y adolescentes.
«Solicitamos que la sentencia declare específicamente que los hechos constituyeron violencia contra niños, niñas y adolescentes»
Además de violencia de género. En el caso de la Comisaría Quinta, hubo por lo menos 10 mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas. Entonces planteamos que se considere violencia basada en género porque esas mujeres fueron sometidas a condiciones extremadamente crueles durante sus embarazos.
Hubo dos partos en ese lugar: allí nacieron Ana Baratti y Leonardo Fossati. En ambos casos los partos se desarrollaron en condiciones completamente inhumanas. En el caso de Inés Ortega, que es la mamá de Leonardo Fossati, que tenía 17 años y jurídicamente también era una niña, se comprobó que dio a luz con las manos y los pies atados, mientras la humillaban, la insultaban y la sometían a múltiples violencias.
Por eso planteamos estas dos cosas que creemos que es importante que sean de alguna manera declaradas en la sentencia. Sobre todo porque le dan mayor visibilidad a lo que ocurrió, desde una perspectiva que incluye estas miradas y un análisis interseccional.
—Hay allí dos bebés que restituyeron su identidad, Leonardo Fossati y Ana Baratti. Hay una nota muy interesante que publicó el día de ayer la colega de Página 12, Luciana Bertoia, que habla sobre este caso puntual y sobre la investigación en torno a lo que es la Comisaría Quinta de La Plata. Vos recién ponías sobre la mesa la situación también y la caracterización sobre los adolescentes.
Y claro, es algo que a veces en todo lo que es la narrativa y la investigación o hasta incluso la difusión de lo que nos dejó como drama social la última dictadura cívico-militar, el tema de que muchos secuestrados fueron adolescentes es un tema central.
—Vos recién lo destacabas, ¿Crees que en los juicios, a medida que se va avanzando con las investigaciones, esto se pone de relieve?
Sí, creo que se empieza a poner de relieve. También influye el avance de los feminismos y el avance justamente con la por el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas victimizadas, no solo respecto del pasado sino también en el presente.
Creo que eso pregna de alguna manera en lo que va pasando también en estos juicios. Lo que destacamos desde el Ministerio Público Fiscal —este alegato lo realizamos junto con el auxiliar Juan Martín Nogueira y todo el equipo de la Fiscalía— es que todas estas violencias ya de alguna manera constituían delitos. No es que porque ahora haya distinta normativa, que de alguna manera nuestro objetivo es imponer esa normativa actual. La violencia contra los niños, las niñas y las adolescentes y la violencia contra las mujeres ya estaba, existía en nuestro Código Penal.
Lo que decimos es que ahora tenemos muchas más herramientas para mirar el proceso de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado y podemos nombrar mucho mejor esas violencias. También parte de lo que buscamos hacer es visibilizar lo que ocurrió porque también implica hablar de violencias que se continúan en la actualidad. Pero también hay un punto que para nosotros es fundamental: las violencias ejercidas contra niños, niñas y adolescentes tuvieron una entidad propia y respondieron a una estrategia específica de control y disciplinamiento sobre los grupos perseguidos.
«las violencias ejercidas contra niños, niñas y adolescentes tuvieron una entidad propia y respondieron a una estrategia específica de control y disciplinamiento sobre los grupos perseguidos»
E incluso particularmente se buscó, a partir de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado, intervenir sobre las identidades, quebrar los lazos familiares, comunitarios, sociales y alterar la continuidad generacional de los grupos que persiguieron. Entonces, esto no es aislado ni menor, sino que tiene la misma entidad de lo que ocurrió y se enmarca en un proceso mayor, por eso también pedimos particularmente que se considere como genocidio.
—En medio de todo esto aparece la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Una herramienta fundamental para la restitución de identidades que hoy atraviesa un proceso de desfinanciamiento. ¿Qué impacto tiene eso en estas investigaciones?
Desde el Ministerio Público Fiscal realizamos varias presentaciones conjuntas en La Plata junto con la UFICANTE, la unidad especializada en la búsqueda de niños y niñas.
A partir de esos planteos, tanto el juez Alejo Ramos Padilla como el juez Ernesto Kreplak dictaron medidas cautelares porque nuestro planteo marcaba la preocupación en relación a que no se produzca un desfinanciamiento.
Además, en este alegato de la Comisaría Quinta señalamos que todavía desconocemos qué ocurrió con al menos seis nacimientos que deberían haber tenido lugar. Había diez mujeres embarazadas secuestradas; dos dieron a luz en el lugar y otras dos fueron liberadas antes del parto. Sobre las restantes aún no sabemos qué ocurrió.
En este alegato de la Comisaría Quinta planteamos que todavía resta saber qué ocurrió con al menos 6 nacimientos que deberían haber ocurrido en ese lugar. Había diez mujeres embarazadas; dos dieron a luz en ese lugar y otras dos fueron liberadas y dieron a luz también con posterioridad. Hay seis que no sabemos qué pasó.
Entonces es fundamental que el Banco Nacional de Datos Genéticos funcione como corresponde. En en el marco de este alegato, pedimos que se inste a que se cumpla la ley y que no se lo desfinancie porque es un organismo esencial para cumplir con nuestra labor.
—En paralelo a esto también hay señales que va dando la Justicia y avances importantes, como el reciente dictamen que consideró los fusilamientos de José León Suárez como crímenes de lesa humanidad. Conocimos esa información en las últimas horas. ¿Hay algo de estos avances que genere expectativa o esperanza, aun en el contexto actual, respecto de los juicios por crímenes de lesa humanidad?
Sí, creo que ese precedente que mencionás, y con esta resolución de la jueza Alicia Vence, marca de alguna manera un horizonte porque también tiene que ver con la posibilidad de continuar.
Sabemos que hay un límite que tiene que ver con que muchas de las personas que están siendo en este momento juzgadas son grandes, superiores a los 70 años en la mayoría de los casos, y muchos fallecen. De hecho por ejemplo en la Comisaría Quinta pasó que murió un médico muy emblemático, Bergés(Jorge Antonio), durante el juicio oral. Eso es una preocupación generalizada.
En el caso de los fusilamientos, se hizo un juicio por la verdad. Esto es importante porque a pesar de la muerte (en muchos casos de los imputados) y que lamentablemente la justicia llega tarde, se avanza y se puede avanzar de esta manera: que es de alguna forma que al menos los jueces, las juezas, escuchen los testimonios de las personas victimizadas o de sus familiares. Y que se dicte una resolución en la que justamente se diga, que estos hechos fueron delitos de lesa humanidad y se cometieron en el marco del terrorismo de Estado. Más allá de que por una cuestión de que han fallecido las personas que tendrían que ser imputadas no puede haber una condena.
Estos juicios no tienen solamente como objetivo la condena de las personas responsables, sino también buscar algunas formas posibles de reparación.
Digo algunas formas posibles de reparación porque lo que ocurrió hoy es irreparable, evidentemente es irreparable. La violencia que sufrieron niños y niñas en la Comisaría Quinta es irreparable. Lo que le pasó a Mónica Santucho, que tenía 14 años, que la secuestraron, la violaron, la sometieron a tortura, es irreparable. La asesinaron, digo, para la familia Santucho es irreparable. También lo es para los niños nacidos en cautiverio o para María Eugenia García Caracoche y José Sabino Dalla, que fueron llevados a la Comisaría Quinta cuando tenían apenas un año y dos años y medio.
Y creo que los juicios por la verdad, son una herramienta muy importante en nuestro país. Pero también creo que siguen marcando como nos pasa con todos estos juicios, un faro en relación a lo que ocurre en relación al resto del mundo, en donde difícilmente se enjuician estos casos y difícilmente se hacen este tipo de procesos.
