Lo único que Patricia Godoy dijo haber visto el 27 de noviembre de 2011 fue a un vecino llegar a su casa durante la madrugada. Esa noche, cuatro mujeres fueron asesinadas a unas cuadras. Hoy, casi quince años después, esa declaración la mantiene detenida y condenada por falso testimonio. Este martes 11 de agosto, una audiencia ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense puede abrir una nueva instancia para intentar revertir esa condena, de cuatro años y seis meses de prisión.
En una casa del barrio La Loma, la noche del 26 de noviembre de 2011, fueron asesinadas a golpes Susana De Barttole (63), Marisol Pereyra (33), Bárbara Santos (28) y Micaela Galle Santos (11). Desde un inicio, el principal acusado fue Osvaldo «El Karateca» Martínez, pareja de Santos y vecino de Patricia Godoy. Pero cuatro años después fue absuelto y la condena a perpetua recayó sobre Javier «La Hiena» Quiroga, un albañil que había ido al domicilio de calle 28 por unos arreglos.
Sin embargo, mientras la causa avanzaba, Patricia Godoy quedó atrapada en una historia que había comenzado incluso antes del cuádruple femicidio de La Loma.
Marisol Gunther y un femicidio sin resolver
El 5 de octubre de ese mismo año, casi dos meses antes de los asesinatos de Susana, Marisol, Bárbara y Micaela, Marisol Gunther, la hija de Patricia, fue hallada sin vida en su vivienda. La causa fue caratulada como suicidio, una conclusión que su madre y su entorno nunca aceptaron. Desde entonces sostienen que se trató de un femicidio y señalan como principal responsable a la expareja de la joven, de 19 años, sobre quien, según denunciaron, ya existían antecedentes de violencia de género.
Fue a partir de ese reclamo que Patricia comenzó a concurrir a los Tribunales. Buscaba justicia por la muerte de su hija cuando, en ese mismo ámbito, le preguntaron si conocía a Osvaldo Martínez, quien se domiciliaba cerca de su vivienda. Respondió que sí y relató lo que vio: al hombre llegar a su casa durante la madrugada del 27 de noviembre de 2011.
Aquella declaración volvió a aparecer durante el juicio por el cuádruple femicidio. Patricia fue citada como testigo y repitió la misma versión. Años después, tras la absolución de Martínez, la Justicia dio vuelta el foco sobre ella: fue imputada y posteriormente condenada por el juez Emir Caputo Tártara a cuatro años y seis meses de prisión por falso testimonio. Desde el 29 de diciembre de 2025 permanece detenida. La muerte se su hija, en tanto sigue impune.
«Que Patricia sea escuchada»
Ahora, con la condena todavía sin firmeza, su defensa busca revertirla ante Casación. «Que Patricia sea escuchada porque hasta este momento no fue escuchada en esta causa», pidió en diálogo con Contexto Ignacio Fernández Camillo, uno de los abogados que comenzó a intervenir en su defensa en marzo de este año y que buscará mejorar el recurso presentado originalmente por la Defensoría Oficial.
La discusión central pasa, justamente, por aquella declaración. «No hay una configuración práctica por la cual se pueda acreditar que Patricia haya mentido en algo», afirmó el abogado.
La acusación sostiene que Godoy faltó a la verdad cuando declaró que había visto a Martínez llegar a su casa alrededor de la 1.40 de la madrugada. Como contrapartida, varios vecinos señalaron que el hombre se encontraba en su vivienda hasta las 22.40. Sin embargo, para la defensa, esos testimonios no resultan incompatibles.
«Martínez estaba en su casa porque varios vecinos dicen que estaba en su casa y refieren que hasta las 22.40 saben que estaba en su casa, lo cual no se contradice con la 1.40», explicó Fernández Camillo. «Tranquilamente Martínez pudo haber salido, haber regresado del horario que dice Patricia, sin que eso implique mendacidad en el testimonio de Patricia», agregó.
Desde esa perspectiva, el abogado cuestionó el razonamiento utilizado para condenar a Godoy. «Acreditan una situación, con una circunstancia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que están buscando en la contradicción de Patricia», sostuvo.
El fallo y los «pañuelos verdes»
Uno de los aspectos más controvertidos de la sentencia que condena a Patricia Godoy por falso testimonio es la mención explícita a su feminismo y a la participación en las marchas de los «pañuelos verdes». El fallo reconoce que «no existen elementos probatorios que en forma directa conecten ambos sucesos» y que la pericia psicológica determinó que Godoy «no tiene patologías psiquiátricas previas ni presenta alteraciones psíquicas» y que su juicio es crítico.
Sin embargo, sostiene que la muerte de su hija la colocó en «una posición de cercanía (identificable)» con los familiares de las víctimas de La Loma. También señala que Patricia «participaba de las marchas de los pañuelos verdes» y que «precisamente, las marchas de los pañuelos verdes son el símbolo de las luchas feministas, y un ejemplo del reclamo social contra la violencia de género que padecen las mujeres».
A partir de esos elementos, el Tribunal concluye que «existen elementos suficientes para inferir que la situación de vulnerabilidad que implicó la pérdida de su joven hija pudiera motivar en Godoy a aparición de un sesgo favorable respecto de quienes compartían similares situaciones de vida».
Es justamente ese razonamiento el que la defensa cuestiona. Fernández Camillo considera que utilizar la militancia feminista de Patricia como parte de la explicación de su declaración resulta problemático y apunta además a la distancia temporal entre los hechos. «Ni siquiera existía el movimiento feminista y los pañuelos verdes como Caputo Tártara refiere en la calle», sostuvo.
Vale recordar que los feminismos se empezaron a volcar masivamente a las calles tras el «Ni Una Menos» en 2015, mientras que el cuádruple femicidio ocurrió en noviembre de 2011 y el juicio fue en 2014.
«Es una absoluta locura y una mentira en sí misma del propio fallo», afirmó el abogado.
Las organizaciones feministas y sociales que acompañan a Patricia, también advirtieron la misognia que atraviesa la sentencia. «El fallo, además de ilegítimo y arbitrario, es profundamente machista, atravesado por estereotipos de género y alejado de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos», manifestaron en un comunicado.
En el mismo documento denunciaron que Patricia «ha sido utilizada como un chivo expiatorio para encubrir las falencias del propio sistema judicial». También señalaron que durante más de diez años no fue escuchada adecuadamente por el femicidio de su hija y que terminó siendo «revictimizada por haber declarado como testigo en el cuádruple femicidio de La Loma».
Una audiencia clave
En este marco, este martes Patricia Godoy afrontará una nueva instancia judicial para intentar revertir una condena que todavía no se encuentra firme. Su defensa buscará que Casación revise el fallo y que Patricia pueda ser escuchada. «Está expectante, está nerviosa por la situación, de tener que ir a exponer su situación», contó Fernández Camillo.
La concentración frente al Tribunal de Casación buscará acompañar ese reclamo y exigir la absolución y la libertad de Godoy. Desde las organizaciones que convocan sostienen que la condena «representa un grave precedente porque transforma a una víctima en acusada» y «busca desalentar la participación de quienes denuncian violencias o se animan a declarar en procesos judiciales complejos».
«No vamos a permitir que se siga utilizando el aparato judicial para desconocer las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado argentino, vulnerar los derechos de las mujeres y diversidades, revictimizar a quienes ya padecieron la violencia y ejercer violencia institucional sobre quienes luchan por verdad y justicia», manifestaron en el comunicado.
