Por Rocío Cereijo
Verónica Heredia, abogada que representa a la familia de Santiago Maldonado, conversó con Contexto ante la reapertura de la causa que investiga los 78 días que el joven estuvo desaparecido y su muerte. La querellante cuestionó las contradicciones en el escrito presentado el viernes pasado por los jueces Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez y repudió las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reproducidas en los medios hegemónicos de comunicación.
Los magistrados reconocieron en el fallo que no se realizaron las medidas de prueba necesarias y que la autopista debe ampliarse, en especial en cuanto a la información sobre la muerte del joven cuyo cuerpo apareció río arriba el 17 de octubre de 2017. Sobre este punto afirmaron: «Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos».
¿Qué significa este fallo para la familia de Santiago Maldonado y para su querella?
En principio, que es producto de la lucha de la familia y de la gente que no va a permitir que el caso quede en la impunidad. Segundo que, obviamente, es en un contexto político y también jurídico determinado. No solamente se da luego de los resultados de las PASO, no podemos dejar de analizar los fallos judiciales sin una lectura política del momento, sino también internacionalmente.
El mismo 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba en Argentina, se reunió con el presidente de la nación, pero además estuvo con todos los organismos de derechos humanos recordando su visita de 1979, a cuarenta años. En ese momento hizo ese informe que, si bien no produjo que cayera inmediatamente el gobierno de facto, fue imprescindible para visibilizar las torturas, las violaciones a todos los derechos humanos que estaban realizando en Argentina.
«Reiteramos la necesidad de la conformación de un grupo de expertos independientes que investigue estos hechos que ocurrieron en un contexto de violencia por parte del Estado»
Tampoco hay que dejar de ver fallos como el de Iván Torres, donde la Corte Interamericana condenó al Estado de Argentina en la sentencia 229, del 26 de agosto de 2011, por desaparición forzada. Durante todo el proceso, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como luego en la instancia ante la Corte, el Poder Judicial argentino dictaba resoluciones también a los tiempos del Sistema Interamericano. Por esto digo que no solamente hay que analizar este fallo en el contexto de la política, de las elecciones, sino también en el contexto del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
¿Qué planteos pudieron hacerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante esta visita?
Reiteramos la necesidad de la conformación de un grupo de expertos independientes que investigue estos hechos que ocurrieron en un contexto de violencia por parte del Estado; el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia también lo reconoce. Lo que planteamos siempre es la hipótesis de desaparición forzada. ¿Por qué hablamos de hipótesis? Porque como abogada represento los intereses de la familia que reclama que se investigue la desaparición de Santiago [Maldonado] y, luego, su aparición sin vida. Hay que investigar para luego descartar si esta desaparición es desaparición forzada. No es que nosotros decimos «pasó tal cosa». Nosotros sabemos que no sabemos. Y admitimos que no sabemos y decimos que en un Estado de derecho para saber qué pasó hay que investigar.
En la inquisición se tiraba una persona en el agua y si flotaba decía la verdad y si se hundía, no. Eso también era una manera de conocer la verdad, según ese tipo de sociedad. Hoy en Argentina tenemos un Estado de derecho y eso no lo podemos hacer. No podemos mirar al cielo y decir, según cómo estén organizadas las estrellas, «los hechos fueron de tal manera». Entonces, para saber qué pasó con Santiago el 1° de agosto y, luego, qué pasó desde el 1° de agosto hasta el 17 de octubre que se encontró su cuerpo, necesitamos de un grupo de expertos independientes que ayuden a un juez o a una jueza imparcial a investigar.
En un comunicado difundido ayer por la familia, afirmaron que se trata de un fallo «contradictorio» y, por lo tanto «arbitrario». ¿Cuáles son estas contradicciones que encuentran en el fallo?
La Cámara admite que esta «famosa autopsia» firmada por 55 peritos, y lo digo con ironía porque era «la famosa autopsia que había resuelto todos los problemas»… Resulta que todos los problemas no fueron revisados por la autopsia. Es más, dejaron un montón de otros problemas. Esto nosotros lo dijimos desde el primer momento: la autopsia no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde falleció Santiago Maldonado.
Efectivamente, la Cámara dice que no tiene ni siquiera la data de la muerte de Santiago y que por lo tanto hay que ampliar ese informe. Entonces, si no sabemos cuándo, tampoco podemos saber cómo. Porque no es lo mismo que una persona haya fallecido el 15 de julio a las tres de la mañana que el 18 de septiembre a las 3 de la tarde: hay una diferencia en tiempo. Entonces, si hay tanta diferencia quiere decir que puede haber diferencias en lo que sucedió. Esta es la primera contradicción: si la propia Cámara admite que no sabe ni siquiera cuándo falleció Santiago, ¿cómo, inmediatamente, descarta la hipótesis de desaparición forzada?
Por lo menos el juez [Guillermo Gustavo] Lleral había dicho que la autopsia era perfecta; él sostuvo que no le quedaba ninguna duda de que los hechos fueron tal como decía la autopsia. A partir de eso, fueron haciéndole decir a la autopsia cosas que no decía; pero por lo menos Lleral decía que la solución estaba toda allí y concluyó en eso. Es una incoherencia que la Cámara no la tiene porque admite que la autopsia es contradictoria en sí misma, que no está explicada, pero sin embargo descarta una hipótesis que no puede ser descartada si ni siquiera sabemos cuándo falleció Santiago.
Sus planteos parten de lo que se difunde en el propio fallo
Nuestros planteos son desde el sentido común, es muy fácil comprenderlo. No estamos diciendo cosas antojadizas que se nos ocurren, ni estamos empecinados con algo. Siempre decimos que no sabemos, no vamos a inventar que pasó algo. Queremos que se investigue. ¿Por qué planteamos que debe ser un equipo independiente? Independientes del Ministerio de Seguridad, porque todas las Fuerzas han estado involucradas, de alguna manera, en los hechos. Ninguna es independiente del resultado, no pueden ser quienes investiguen. Expertos en desaparición forzada, en ejecuciones extrajudiciales. O sea, muertes, desapariciones donde el Estado claramente tiene una participación, para ser analizado desde ese lugar de conocimiento.
Es similar a lo que sucede en los casos donde se plantea que tengan perspectiva de género. Sabemos que hay estereotipos que no se pueden visualizar si no se tienen en cuenta determinadas conductas o si no se tiene esa mirada y esa formación. Porque, si no, caés en no ver. Exactamente lo mismo estamos pidiendo acá: gente que sepa de la violencia que genera el propio Estado para que pueda analizar los hechos desde esta perspectiva.
¿Por qué fue difundido en los medios que se investigaría el posible abandono de persona, cuando en el fallo no se habla de esta figura?
Fue instalado desde el primer segundo en el que se dio a conocer el fallo. Uno de los jueces de la Cámara cuando fui a buscarlo me dijo «estamos hablando de abandono de persona». Un segundo después ya estaba en los medios la idea de que la Cámara había ordenado investigar abandono de persona por parte de los mapuches. ¿En qué momento se instaló?
Es para estudiar cómo los medios de comunicación instalan una versión, incluso de buena fe, pero sin leer el fallo. Es increíble ver cómo escriben, incluso periodistas prestigiosos, que se supone están formados. El fallo es de solo dieciséis hojas, no es tan extenso como para saber si dice o no dice esto.
Una vez más se comprueba cómo el Poder Judicial resuelve fallos a la vera del movimiento de la política. Dicen cualquier cosa y, luego, como ya lo dijeron, es imposible que se vuelvan atrás y admitan que no leyeron el fallo. Lo que se quiso instalar es que se reabriría nada más para investigar el abandono de persona; y que, como seguramente los últimos que lo vieron fueron los mapuches, ¿quiénes serían los responsables? Los mapuches. ¿Por qué? Porque todos saben, tanto el Poder Judicial como el político, que la gente no cree en la resolución de Lleral. No se puede creer que Santiago se ahogó solo por torpe. Hemos escuchado barbaridades, han sido muy crueles. Pero quienes tienen sentido común se han dado cuenta de inmediato que esto es imposible que haya pasado. Entonces, lo reabren y quieren instalar que se va a encontrar la solución en la maldad de los compañeros de Santiago. Pero no vamos a permitir que se simplifique de esta manera.
¿Tienen pensado realizar alguna presentación sobre la persecución y participación mediática en la desaparición y muerte de Santiago? En el caso de Rafael Nahuel, los jueces encontraron condicionamientos por parte de Patricia Bullrich sobre el discurso mediático difundido.
Lo denunciamos, tal como planteás, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos que este grupo de expertos independientes además tenga especialistas en medios de comunicación para determinar si es posible que hablemos sobre si esto que se hace con los casos judiciales es periodismo. Así como cuestiono que los fallos judiciales carecen de contenido de derecho y de justicia, también digo que ese periodismo carece de ética y de verdad. No me pueden decir que en el periodismo todo vale para dar la primicia o para decir algo. Me parece que tiene que haber una ética. No puede ser que en el periodismo no haya ética.
