Por José Welschinger Lascano
La puja para evitar los aumentos de servicios desmedidos sobre todo el territorio nacional está comenzando una nueva etapa. Tras conocerse la resolución de la Corte Suprema que habilita el tarifazo de luz, una organización de ciudadanos ha comenzado a convocar al público con jornadas informativas y de discusión que apuntan a la definición de un plan de acción colectiva. Se trata de los Vecinos Contra el Neoliberalismo, de City Bell, quienes por la mañana del sábado se encontrarán en el espacio público para conocer cuáles son los motivos que están detrás de estos aumentos. La charla, convocada a las 10:30 en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de la calle 467 con diagonal Urquiza, estará a cargo de Federico Bernal, director general del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) y especialista en lo referente a servicios públicos y tarifas.
Desde la organización de vecinos comentaron que el propósito de la reunión está en difundir la información a la que los ciudadanos no están teniendo acceso en lo relativo al tarifazo, además de comenzar a delinear cuáles serán las opciones viables para enfrentar esta problemática. “Lo que tenemos planeado es que el encuentro del sábado sea una reunión preliminar”, explicó a Contexto Antonia Sbatella, referente de la asociación Vecinos Contra el Neoliberalismo: “iremos definiendo entre los vecinos cómo vamos a organizarnos para defender nuestros derechos”. Según comentó Sbatella, ante la situación de que el Gobierno termine resolviendo por la vía judicial que los aumentos se realizarán tal y como fueron anunciados, los vecinos deberán comenzar a preocuparse por las acciones que se puedan emprender para evitarlo. “Más allá de la decisión política, si los aumentos terminan siendo impagables algo vamos a tener que hacer”.
Para la referente de este espacio, el punto de partida para organizarse consiste en acceder a toda la información necesaria para poder discutir sobre la materia. “Lo que nos interesa es poder contar con profesionales que puedan explicarnos todas esas cuestiones técnicas que hacen a las tarifas, como los aumentos en boca de pozo y demás; así que la premisa sería entender un poco todo eso para saber cómo es la cuestión, y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos”.
Luego de que las autoridades decidieran saltearse la instancia constitucional de audiencias públicas, fueron muchas las organizaciones que comenzaron a judicializar sus reclamos en las cortes provinciales, pidiendo que el proceso fuera más transparente. Superada esa instancia, luego de la reciente resolución de la Corte Suprema, la preocupación de los vecinos gira en torno a cuáles serán los resortes legales que todavía pueden accionarse para no quedar a merced de boletas imposibles de pagar.
“La charla va a ser técnica –comentó Antonia–, hablando de la situación de todos los servicios, incluyendo también lo relativo a las cloacas y el transporte público. Hemos visto que algunas empresas han recibido aumentos generales del 1000%, y bajo estas condiciones lo que se generó es que se hayan reinstalado los precios relativos de 2001; entonces, lo real y concreto es que se reinstala un nivel de costos que ni las empresas ni los ciudadanos alcanzan a pagar”. Para la referente del espacio, uno de los efectos directos del tarifazo que ya obligó a cerrar a varias empresas es justamente el aumento de la desocupación. “Así como está planteado, el esquema es desastroso para los ciudadanos; y, por encima de todo esto, algo que nos preocupa constantemente es que no tenemos la información que el Gobierno utilizó para diagramar los aumentos, ya que no sabemos en función de qué se decidió realizar cada suba porque nunca se difundieron esos datos”.
“El gobierno nos obliga a apagar las estufas y las luces de nuestras casas”
La organización Vecinos Contra el Neoliberalismo surgió hacia fines de 2015, durante los días de la segunda vuelta electoral, organizando actividades con la finalidad de facilitar a los vecinos información sobre los asuntos públicos. “Comenzamos nucleando a profesionales, comerciantes, estudiantes, amas de casa y vecinos en general”, explicó Antonia Sbatella: “Especialmente nos interesamos por ahondar en todo lo referente al aumento de tarifas en servicios públicos, y entramos en alerta luego de los anuncios del mes de julio, porque consideramos que las subas propuestas por el Gobierno, además de saltearse la instancia de audiencias públicas, estaban siendo completamente desmedidas e impagables”.
Junto a otras organizaciones enfocadas en una labor más orientada hacia temáticas territoriales de los barrios, los Vecinos Contra el Neoliberalismo decidieron convocar a Federico Bernal, especialista y referente en las cuestiones relativas a la energía y los servicios públicos. “La idea –comentó Sbatella– siempre es traer a profesionales destacados en todo lo relacionado a las tarifas, para que puedan explicarnos estos asuntos en un lenguaje sencillo. Queremos saber qué es lo que está detrás del tarifazo, luego de que el Gobierno haya planteado la discusión desde la necesidad de abandonar la política de subsidios por su impacto fiscal, diciendo además que las empresas no estaban pudiendo invertir porque su recaudación era demasiado baja”.
Para los Vecinos de City Bell, analizando los balances de las empresas, la situación real no depende de esta relación entre la recaudación y las inversiones. “Fundamentalmente, nos parece que, si el objetivo es lograr el autoabastecimiento energético del país, eso no se puede tratar de lograr sólo subiendo las tarifas para que descienda el uso que los ciudadanos hacen de los servicios”. Con el tarifazo, más allá de lo que le sucede al vecino con sus boletas, está el impacto que se arroja sobre el sector productivo, especialmente en el caso de las pymes, muchas de las cuales ya han tenido que bajar la persiana ante la imposibilidad de absorber los costos.
Asimismo, la preocupación general gira en torno a que, luego de los aumentos, sobrevengan más subas en las tarifas. “Muchos productores y comerciantes no están protegidos en cuanto a la retroactividad del tarifazo –explicó la referente–, y por eso nos urge comenzar a organizarnos para evaluar nuestras opciones como sociedad. La primera etapa es informarnos y reunirnos para ver qué podemos hacer, y en ese sentido ya hemos estado trabajando con distintos grupos de abogados y organizaciones como el Cepis; pero luego está la cuestión de cómo nos vamos a movilizar cuando nos toque asistir a las audiencias, para seguir encontrando los recursos que la organización popular nos habilite a usar”. El objetivo central de los vecinos está en lograr que los aumentos, de hacerse efectivos, sean justos y racionales. “El Gobierno todavía no nos está mostrando cuál es su programa en esta materia –comentó Sbatella–, como tampoco nos muestra cuáles son los márgenes de ganancia de las empresas que se ven favorecidas por este tarifazo. La cuestión de fondo, si los costos terminan elevándose por encima de lo que los usuarios pueden pagar, será retomar la pelea por los subsidios”.
Ante la situación de mucha gente que todavía no había logrado acceder a los servicios, los subsidios resultaron ser una herramienta clave para la inclusión social. La discusión que los vecinos planean impulsar, en este sentido, consiste en cuál es el lugar que le toca ocupar al Estado, cuando las boletas de servicios que la propia Corte Suprema reconoció como vitales para todo el mundo resulten imposibles de pagar.
El grupo autoconvocado de vecinos comprende el tarifazo como parte de la política estructural de Cambiemos, que gira en torno a transferir voluminosas cantidades de dinero de los sectores más llanos de la sociedad hacia los de mayor concentración económica, quitándole su participación en la ganancia al 80% de la población para dársela a grupos de ejecutivos. “Esa es la lógica general –comentó la representante–, y este caso de los servicios públicos no es sino un ejemplo más de cómo se aplica esa política, operada a favor de un sector transnacional; por eso nos sacan los subsidios a todos nosotros, mientras que al mismo tiempo eximen al campo de pagar retenciones”. Para Sbatella, a eso se lo entiende como una política de Estado: “Básicamente, se puede resumir en que todos los servicios aumentaron un 200% en promedio, mientras que los salarios en general no superaron el 30% en el mejor de los casos”, sostuvo, y agregó: “Entre los economistas, a eso se lo conoce como el modelo de distribución Hood Robin”.
Lejos de la indeterminación política, estos vecinos consideran que hablar de sinceramiento resulta una perversidad: “El Gobierno termina por asfixiarnos –expresó Antonia Sbatella–, nos obliga a apagar las estufas y las luces de nuestras casas mientras los más adinerados aumentan sus ganancias”. En última instancia, el motivo de su convocatoria a la ciudadanía consiste en ayudar a comprender la razón de las subas, los porqués de la reducción de los subsidios, y cuál es el rumbo que planea seguir el Gobierno en el aspecto energético.
