Por Florencia Abelleira
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la creación del RENATEA que a través de la Ley del Trabajador Rural sancionada en 2011 absorvió al RENATRE, ente conformado por la Sociedad Rural y por el sindicato UATRE, conducido por Gerónimo “Momo” Venegas. El fallo dio la razón al amparo presentado por el gremialista hace tres años y le devolvió el control del organismo y de los fondos al sindicato. Desde la conformación de RENATEA había pasado a manos del Estado la fiscalización de los campos, para asegurar que sus trabajadores estén en blanco.
Ayer, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda fallaron para que el control del organismo y de los fondos vuelvan a las manos del sindicato bajo el argumento de que en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”. La jueza Highton de Nolasco fue la única que votó en disidencia por considerar que el recurso interpuesto por el representante del RENATRE contra el fallo de la Cámara era inadmisible y sin trascendencia.
Al parecer, no es casual que pocos días antes de que asuma el gobierno de Mauricio Macri se haya tomado esta decisión. La vuelta del control a Venegas figura en la Propuesta 13 publicada por la Fundación Pensar, la usina de ideas del PRO. Venegas, que integra la cúpula de la CGT de Hugo Moyano, había comprometido en la campaña electoral a Macri para que recupere el RENATRE en caso de alcanzar la presidencia.
“Más allá del fallo de la Corte, creo que hay una lectura política que tiene que ver con volver el RENATEA a las patronales y al sindicato de la UATRE”, dijo Pablo Diotto, delegado provincial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrícolas (SATHA), el secretario general, Gustavo Arreseygor, sostuvo que “las retenciones que se les hace a los trabajadores tienen que estar en manos del Estado, para que este siga administrando sus fondos”.
Desde el RENATRE, Venegas mantuvo una relación de connivencia con los empresarios, y se mostró indiferente a los posibles casos de trata laboral extendidos en muchas explotaciones agropecuarias. “Los mismos empleadores controlaban los fondos de los trabajadores, y el gremio que debía controlar que el trabajo en negro no existiera nunca llevó adelante un control en serio”, aclaró Arreseygor. Además, las fiscalizaciones no se hacían desde una entidad estatal, sino desde un buffet de abogados contratados. “No quedaron constancias ni archivos de ningún tipo, y la poca información que hay es falsa”, indicó Gustavo Domínguez, uno de los fiscalizadores del organismo que recorre campo por campo para verificar que los trabajadores agrarios estén en blanco.
En la época de Venegas, en la provincia de Buenos Aires había sólo dos sedes, una en Junín y otra en Necochea, donde los peones podían hacer sus reclamos. “La otra opción que tenían era presentarse en las oficinas de la Sociedad Rural, es decir que tenían que hacer sus denuncias frente a su jefe directo”, agregó Domínguez.
Hasta ahora, todo indica que las mejoras laborales conquistadas por los trabajadores rurales retrocederán a la situación que vivían en los noventa, de la mano de Venegas. “Es un capítulo trágico que hemos tenido con estos sectores de tantos años hostigando a un gobierno popular; y ahora van a tratar de avanzar sobre las conquistas, pero no por revanchismo -aclaró Diotto-, sino porque las conquistas que hubo en estos doce años fueron posibles gracias a que se le sacaron privilegios a algunos para darle derechos a otros”. Y agregó: “Este nuevo gobierno y sus aliados vuelven a darles los privilegios a los que los tenían anteriormente para que haya muchos que pierdan sus derechos”.
Desde que el RENATEA se puso en funcionamiento, sólo en la provincia de Buenos Aires ya hay noventa sedes que se encargan principalmente de controlar las condiciones laborales de los trabajadores.
En lo que va del año, en la zona de Abasto se realizaron cuarenta fiscalizaciones en distintos establecimientos hortícolas, avícolas y florícolas, y se pudieron registrar trabajadores y tramitar jubilaciones a muchos que no conocían el nuevo régimen de trabajo agrario.
