«Pedir la renuncia de Gils Carbó es un atentado a la institucionalidad»

Por Roberto Álvarez Mur

En pocos días y aún sin asumir la presidencia, el cambio de Mauricio Macri impactó a la Justicia con el pedido de renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El espacio Justicia Legítima emitió un comunicado para repudiar la actitud anticonstitucional, antirrepublicana, destituyente y contra las instituciones que el presidente electo encarnó con ese reclamo. “Asistimos con estupor a las declaraciones del recién electo presidente de la Nación que reclaman la renuncia de la Procuradora General de la Nación. El pedido no es más que una intervención en un poder autónomo, según designio constitucional, para el que la Dra. Gils Carbó fue designada con acuerdo del Senado”, anunció la agrupación desde su portal web. “La remoción de un funcionario de ese nivel sólo se puede producir, como en el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de juicio político. Pretender que un cambio de gobierno autoriza la remoción de la Procuradora General de la Nación sólo puede enmarcarse en una lógica inconstitucional y antirrepublicana”, remarcaron.

La presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, explicó a Contexto que “el procurador general es un ente autónomo que se designa a partir de un artículo constitucional, con dos tercios del Senado, y que es inamovible. Justamente para que ese cargo no sea a beneficio del poder de turno”.

“EN EL CASO DE GILS CARBÓ, LA PRESIÓN A NIVEL PÚBLICo PARA SU RENUNCIA SE PRESENTA COMO UN ERROR Y UN ATENTADO CONTRA LA INSTITUCIONALIDAD”. MARÍA LAURA GARRIGÓS DE REVORI, PRESIDENTa de JUSTICIA LEGÍTIMA.

“En el caso de Gils Carbó, la presión a nivel público para su renuncia se presenta como un error y un atentado contra la institucionalidad. Aun cuando haya ganado las elecciones, no cuenta en el Senado con el aval suficiente como para remover a la procuradora de su cargo”, expresó la referente de Justicia Legítima.

“Lo que hace la agrupación es una exigencia de respeto por la Constitución. El procurador no es un ministro. Su lugar es como un juez de la Corte, y goza de los mismos derechos”, dijo a Contexto el abogado Julián Axat, quien también forma parte de Justicia Legítima. “Lo que hace Macri no es muy distinto a sugerir que se viole la Constitución”.

“EL PROCURADOR NO ES UN MINISTRO. SU LUGAR ES COMO UN JUEZ DE LA CORTE, Y GOZA DE LOS MISMOS DERECHOS. LO QUE HACE MACRI NO ES MUY DISTINTO A SUGERIR QUE SE VIOLE LA CONSTITUCIÓN”. JULIÁN AXAT.

El comunicado de Justicia Legítima
El comunicado de Justicia Legítima

Con el sello del Partido Judicial

En pleno proceso de reposicionamientos políticos de cara al gobierno entrante, el aparato político anquilosado en la Corte Suprema de Justicia aparece como un vector estratégico para el macrismo, con antecedentes de los últimos años que fueron más que estratégicos. Por caso, sólo desde el balotaje el máximo tribunal determinó el desfinanciamiento de la ANSES y suspendió el trabajo de Renatea en la defensa de los trabajadores rurales con la resolución extemporánea de causas que permanecían archivadas y fuera de agenda.

“Hoy asistí a una reunión general de la Corte donde el doctor Lorenzetti, durante 45 minutos, estuvo dando una clase sobre lo que debemos tener en cuenta los jueces, y dijo claramente que aquel equilibrio de los tres Poderes previsto por Montesquieu, y que es el reflejo de nuestra Constitución, ha variado. Y que hoy el juego del poder es diferente y los jueces tienen que actuar contramayoritariamente en defensa de los derechos fundamentales”, explicó Garrigós de Rébori.

“El mensaje es claro: aunque la Ley haya sido dictada por la mayoría necesaria para ser dictada, no es la Ley que supuestamente le conviene al país y la podemos tomar por nuestra propia voluntad. Creo que es esta la tónica que está primando en estos últimos años en los fallos de la Corte Suprema”, completó.

“La Corte en estos últimos años ha buscado hacer retroceder muchísimas iniciativas del Gobierno, dejando en claro el perfil politizado de un sector del aparato judicial. Y un perfil político que ha favorecido siempre a los sectores corporativos, mediáticos, económicos”, agregó Julián Axat.


 

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