Se suceden los casos de corrupción en la provincia de Buenos Aires en los que están envueltos funcionarios del oficialismo. Llegaron a la provincia las denuncias por la falsificación de aportantes y afiliación de manera inconsulta al PRO en la campaña de Cambiemos en 2017, en particular a la gobernadora María Eugenia Vidal, como presidenta del partido PRO.
La presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana, Teresa García, presentó una denuncia en el Juzgado N° 3 de La Plata contra Vidal para que la Justicia la investigue por usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad. La denuncia también pide que sean investigados los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López), y el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, todos integrantes de la Comisión Directiva partidaria.
La denuncia de García llega tras el pedido de imputación de los jefes de campaña de Cambiemos por parte del fiscal Carlos Stornelli ante el juez Sebastián Casanello, por usar la identidad de al menos 467 personas pobres como supuestos donantes de fondos.
En el día de hoy presente denuncia contra María Eugenia Vidal como presidenta del pro bonaerense para que se investigue el rol del partido y de sus autoridades en la investigación por aportes y afiliados falsos en la campana 2017. pic.twitter.com/3YlxjIRsQZ
— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) July 4, 2018
La presentación penal de la senadora retoma la investigación periodística de El Destape, donde señalan que de los 4.800 aportantes que Cambiemos tuvo para la campaña legislativa de 2017, al menos doscientos de ellos fueron personas de bajos recursos que tienen programas sociales como Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Teniendo en cuenta que estas personas pertenecen a sectores vulnerables, “debe resultar cuanto menos extraño que aparezcan realizando aportes de campaña para un partido político”, apuntó García.
El trabajo periodístico refiere también a unos datos que fueron corroborados por la investigación que realiza el fiscal federal Jorge Di Lello: 99 de 100 supuestos aportantes y beneficiarios de planes sociales serían afiliados al PRO. “Siendo de público conocimiento que muchos de los ‘aportantes’ manifestaron que nunca se afiliaron a ningún partido político, corresponde investigar si se está frente a un hecho de falsificación de documentos y usurpación de identidad”, sostuvo la senadora.
Entre los denunciados está el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, en su carácter de vicepresidente 2°. El jefe comunal fue uno de los tantos funcionarios de Cambiemos a quienes el consorcio internacional de periodistas a cargo de la investigación le encontró empresas fantasmas: una offshore llamada International y una cuenta en Suiza, en el Banco Clariden Leu Ag.
En tanto, el vicepresidente 1° del PRO en la provincia, Jorge Macri, también fue embargado por ocho millones de pesos, en una causa en la que se investigan las operaciones en la compra de un departamento en Miami por 403 mil dólares.
El último caso de corrupción de funcionarios oficialistas bonaerenses fue el de Mateo Nicholson, quien fue retirado de su cargo de director provincial de Infraestructura luego de que se filtrara un audio en el que le pedía a una subordinada “inventar” y “tirar para arriba” los presupuestos para la refacción de cocinas de escuelas.
