Por Carlos Ciappina
El domingo 21 de febrero se celebrará en Bolivia un referéndum constitucional que permita modificar el artículo 168 de la Constitución boliviana que posibilita la reelección sólo por una vez, habilitando una nueva reelección (lo que sería una hipotética cuarta elección consecutiva).
Electo por primera vez en el año 2006 y reelecto con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009 para el período 2009-2015, el presidente Evo Morales ha sido nuevamente electo en octubre de 2015 por un mandato que finaliza en el año 2020. Esta modificación constitucional lo habilitaría a un tercer mandato (la Corte Suprema de Bolivia no cuenta el primer mandato pues sostiene que Bolivia se “refundó” con la Constitución del Estado Plurinacional) dentro de cuatro años.
Sin embargo, y pese a que falta casi todo un mandato por completar, la cuestión del referéndum ha sido motivo de una feroz campaña de oposición de los partidos de derecha tradicionales, los gobernadores de los estados “separatistas” como Santa Cruz y Tarija; los alcaldes de las ciudades importantes como La Paz y Cochabamba, junto a los medios oligopólicos de comunicación (en Bolivia, en Argentina y en Brasil) y partidos del centro y de la autodenominada izquierda, como el Movimiento Nacional Revolucionario y el Frente de Izquierda Revolucionaria.
La pregunta es: ¿qué es lo que motiva una oposición tan virulenta? ¿Qué se juega en Bolivia y en América del Sur en una eventual reelección de Evo Morales?
La respuesta, más que en sesudas elucubraciones analíticas, se encuentran en el recorrido por las principales medidas tomadas por el presidente Morales y el MAS desde el año 2006 en adelante.
Nacido a la vida política desde el sindicato cocalero en el Chapare, Evo Morales representó a los campesinos cultivadores de coca y a los colonos migrantes aymaras y quechuas. En esa lucha, durante años resistió y se enfrentó a las políticas pro-norteamericanas de erradicación de los cultivos ancestrales de coca. En esa lucha sufrió detenciones, persecuciones y agresiones físicas graves por parte de las fuerzas de seguridad, pero a la vez se fue constituyendo como la referencia obligada de los campesinos cocaleros inicialmente y de la mayoría de los trabajadores sindicalizados, posteriormente.
Al mismo tiempo, la clase política tradicional de Bolivia se hundía en el neoliberalismo, llegando a principios del siglo XXI a instalar un presidente como Sánchez de Lozada, que hablaba dificultosamente el castellano, pues prefería el inglés, y profundizó el proceso de privatización del gas, del agua y un incremento directo de impuestos del 12,5% para todo el pueblo boliviano. La movilización popular llevó a la renuncia de Sánchez de Lozada en el 2003 (juzgado y condenado por genocidio debido a la represión previa a su huida y refugiado desde entonces en los Estados Unidos, que lo protege) y se abrió un período de profunda inestabilidad política que desembocó en las elecciones de 2005, en donde, en un contexto regional de emergencia de gobiernos nacional-populares en Argentina, Brasil y Venezuela, triunfó el MAS con Evo Morales como candidato a presidente.
En un país de amplia mayoría mestiza e indígena, por primera vez desde la invasión europea llegaba al poder un representante de los pueblos originarios.
A partir de ese momento, el Mas y Evo Morales desplegaron un programa de recuperación y reconstrucción de Bolivia que se constituyó sobre las siguientes bases.
En relación a la política interna, el MAS proponía un Programa Económico, político y social que se inició con el saneamiento de la actividad política y estatal (una rebaja del salario del presidente y los funcionarios públicos del 57%) y que continuó con una serie de medidas claves para la recuperación de la economía y la soberanía boliviana: en el año 2006 se declaró el fin “del saqueo de los recursos naturales” y un programa de nacionalizaciones que incluyó la recuperación del agua como bien público (2007), la reestatización de las minas de estaño (2006) y del complejo metalúrgico de Vinto (2007). En el año 2008 el gobierno del MAS estatizó ENTEL (de capital italiano) y la compañía de Hidrocarburos Boliviana que no era boliviana sino de capital alemán. En ese mismo año el Estado compró el 50% de las acciones de Petrolera Andina, en manos de REPSOL-YPF; también se recuperaron las mayorías accionarias de las filiales de la British Petroleum y de la anglo-holandesa Shell. Durante el año 2010 se estatizaron las compañías privadas de generación y distribución de electricidad subsidiarias de empresas francesas y británicas. También se estatizó la mayor empresa cementera del país (en manos del capital francés).
Este proceso de estatización y nacionalización fue acompañado de medidas sociales únicas en la historia de Bolivia: al momento mismo de asumir, el presidente Evo Morales inició la campaña «Yo sí puedo», campaña de alfabetización que, con el apoyo de maestros y médicos de Cuba y Venezuela, erradicaron el analfabetismo en Bolivia (incluyendo la alfabetización en las lenguas aymara y quechua).
Se desarrolló el bono Juancito Pinto, que les otorga un suplemento en dinero a los niños de la primaria para que permanezcan en la escuela. La extensión de la atención sanitaria (con apoyo de médicos cubanos) ha reducido significativamente la mortalidad infantil, problema histórico de Bolivia.
También se creó una pensión jubilatoria universal que garantiza una renta mínima, en una nación en donde el trabajo no registrado tenía y tiene aún cifras astronómicas. De este modo, los mayores de sesenta años tienen garantizada una renta aun sin haber aportado.
Uno de los desafíos sociales claves del gobierno del MAS era responder a las históricas demandas de respeto y equidad cultural de las múltiples naciones originarias que constituyen a Bolivia y que han estado invisibilizadas, destratadas y negadas por la cultura “oficial” y el Estado “eurocéntrico”. La reforma constitucional que creó el Estado Plurinacional de Bolivia inició la reparación del Estado hacia las naciones originarias, sin establecer ningún tipo de hegemonía al estilo de las elites racistas que dominaron el Estado boliviano desde la llegada europea. Bolivia inició desde su constitución el reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios y la puesta en práctica de medias efectivas para acabar con el racismo y la discriminación.
La política exterior
Este programa de recuperación y autonomización económica y ampliación de los derechos sociales y culturales ha sido acompañado de una política externa que se centra en dos principios básicos: antiimperialismo, alianzas e integración latinoamericana.
En el año 2008, ante la flagrante injerencia norteamericana en el levantamiento destituyente de los empresarios bolivianos por parte de la embajada norteamericana, el presidente Morales expulsó al embajador de ese país en Bolivia y a la Agencia Antinarcóticos (DEA). En el año 2013, el presidente boliviano expulsó a la agencia estadounidense USAID, involucrada en el financiamiento de organizaciones destituyentes con la máscara de sostener Organizaciones No Gubernamentales.
Esta política de defensa de las agresiones norteamericanas se vio complementada con el acercamiento a las naciones latinoamericanas: ha sido un crítico profundo de los Tratados de Libre Comercio que Estados Unidos pretende forzar en América Latina; ha participado junto al presidente Chávez y Fidel Castro de la creación de ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos) como alternativa a los Tratados de Libre Comercio; apoyó a Venezuela en la denuncia y abandono de la Comunidad Andina; incorporó a Bolivia al MERCOSUR y fue uno de los impulsores de la UNASUR; conformó (y conforma) con los presidentes Ortega, Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Nestor y Cristina Kirchner, Rafael Correa, Fidel y Raúl Castro, Hugo Chavez y Rafael Maduro, José Mujica, entre otros, el grupo de gobiernos nacional-populares que se desplegaron en América Latina en estos inicios del siglo XXI.
La combinación de política interna nacionalista e inclusiva junto a las políticas de integración latinoamericana han transformado a Bolivia en una de las economías de mayor crecimiento de la región. Según los datos del propio Banco Mundial, la economía ha crecido en los últimos diez años casi el 5% anual en promedio, el país tiene superávit fiscal, las reservas internacionales son elevadas y la deuda pública se ha reducido a la mitad. Según el propio BM, “estos notables resultados se deben a que los segmentos más pobres de la población se han beneficiado en mayor medida de la bonanza económica, sobre todo a través de un incremento de los ingresos laborales”. Para las mediciones de este mismo organismo, la pobreza extrema (histórica en Bolivia) se ha reducido un 20% y los índices de desigualdad han bajado un 11%. Bolivia hoy se autoabastece de alimentos.
Volviendo a la pregunta inicial, resulta claro que lo que se juega el domingo 21 en el referéndum no es sólo la posibilidad de reelección de un nombre propio, sino la de continuidad del primer proyecto democrático-popular exitoso en toda la historia de Bolivia.
En un contexto en que las derechas latinoamericanas se proponen ganar elecciones democráticas disputando el acceso al poder apoyados en la presión norteamericana, los medios de comunicación oligopólicos, las grandes empresas transnacionales y el Poder Judicial, el referéndum de Bolivia adquiere toda su dimensión: con el triunfo del macrismo en Argentina junto a la victoria de la derecha golpista en las legislativas de Venezuela y la presión destituyente contra Dilma Roussef y el PT en Brasil, el referéndum Boliviano se inscribe de lleno en la lucha por darle continuidad a los proyectos nacional-populares incluyentes y democráticos en toda América Latina. Cómo diría Manuel Ugarte: “De más está decir que partimos de la base de que la América Latina no forma, moralmente, más que una colectividad única”.
