El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, fue procesado nuevamente en la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de insumos médicos bajo los dos primeros años de la gestión de Javier Milei.
El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos de Diego Spagnuolo en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ex titular del organismo está acusado ahora de ser uno de los jefes de una asociación ilícita que habría llevado adelante maniobras de sobreprecios en la compra de insumos médicos.
El procesamiento también recayó en el número dos de ANDIS, Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvate, acusados junto con Spagnuolo de dirigir esta organización criminal.
Para Lijo, está «organización delictiva» habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipulando lor procedimientos de contratación para medicamentos e insumos, «simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones» a favor de determinadas empresas a cambio de retornos para funcionarios.
Entre los empresarios y representantes de proveedores procesados también figuran Federico Santich, Andrés Arnaudo, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Martín Armella y Osmar Caballi, además de integrantes de la familia Sagues. Según la investigación, los acusados habrían participado en distintas etapas de las maniobras, desde la coordinación de ofertas y el direccionamiento de contratos hasta el reparto de los beneficios.
Estas maniobras de corrupción investigadas se habrían dado dentro del programa Incluir Salud- destinado a brindar cobertura a personas sin obra social- mediante la compra de insumos médicos y ortopédicos, donde se encontraron importantes diferencias en los precios materiales para cubrir amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.
Mientras el sector reclama una ampliación en la emergencia de discapacidad, la diferencia detectada en estos insumos ronda los $1.850. Si se suman los ya detectados en medicamentos, la diferencia total registrada es $7.833 millones.
«Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado», indica el escrito de Lijo.
