“Esto es una privatización encubierta”, advirtieron los trabajadores de Fabricaciones Militares al conocerse el concurso nacional e internacional para sumar socios a la empresa estatal bélica. Hoy se declaran en estado de alerta, advierten sobre la pérdida de soberanía y adelantan que irán a la Justicia para impedirlo.
El mes pasado se conoció finalmente lo que era un secreto a voces. El Gobierno de Javier Milei abrió un pliego para seleccionar socios que se incorporen a Fabricaciones Militares, la empresa estatal argentina destinada a la investigación, desarrollo y fabricación de productos militares que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa y que ahora podría pasar a depender directamente de firmas privadas extranjeras.
El concurso busca la incorporación de uno o más “socios estratégicos privados nacionales y/o extranjeros para la constitución de Unión/es Transitoria/s” (UT) con Fabricaciones Militares. Esta figura de Unión Transitoria es posible incorporarla gracias a un artilugio que introdujo Javier Milei en el vigente Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que convirtió a Fabricaciones Militares de Sociedad del Estado en Sociedad Anónima Unipersonal, permitiendo la incorporación de nuevos socios sin necesidad de pasar por el Congreso.
El pliego, de 148 páginas, tiene una serie de requisitos que no solo dan cuenta de la privatización de la empresa estatal, sino también de la extranjerización de la misma.
Por un lado, establece que “el porcentaje de participación que FABRICACIONES MILITARES S.A.U. tendrá en la UT durante la vigencia del CONTRATO de UNIÓN TRANSITORIA. El porcentaje de participación del OFERENTE no deberá ser inferior al 51%, por ende, tanto el canon como las inversiones deben adecuarse al porcentaje ofertado”. Es decir, que el Estado tendrá la parte minoritaria de participación de la empresa.
En este marco, se establecerá también un Comité Ejecutivo que tendrá más participación de los nuevos socios que del Estado: tres representantes del operador y dos del contratante, es decir, el Estado. Este Comité, por mayoría, podrá decidir sobre presupuestos, acciones judiciales, contratación de personal y equipos de trabajo. Mientras que, por unanimidad, quedarán otras cuestiones como endeudamientos, aprobaciones en las liquidaciones y acuerdos de transferencia tecnológica, entre otros puntos.
Para Fernando Peirano, coordinador de ATE en Fabricaciones Militares, estos puntos implican directamente una pérdida del control estatal. “Hay tres operadores privados por sobre dos estatales”, señaló, y remarcó que “el mínimo no inferior es del 51 por ciento”. “¿A dónde hay un concurso? Esto es una privatización encubierta”, sostuvo en diálogo con AM 530.
«Esto más que un concurso hay una privatización encubierta porque el Estado cede mucho lugar. Nos oponemos porque no estamos sujetos a privatización, no estuvimos en la ley Bases. Nuestra empresa tenía superávit y se comieron la plata en retiros voluntarios. Ahora con el discurso que tenemos déficit nos quieren privatizar», describió.
Un pliego hecho para que quede en manos extranjeras
Uno de los puntos centrales de este llamado a licitación es que quienes se constituyan como socios deberán tener 15 años de experiencia en unidades de negocios de las mismas características que las operadas por Fabricaciones Militares. Desde ATE advierten que no hay empresa nacional que cumpla con ese requisito, por lo que el pliego quedará en manos extranjeras.
«Es un concurso nacional e internacional pero está armado para empresas de afuera, por cómo está armado el concurso», dijo. «Cuando el gobierno de Milei cerró todo lo que se venía haciendo para recuperar la empresa. Dijeron que venían a hacer algo mejor. No decimos nada sobre hacer acuerdos pero en el pliego hay entrega de soberanía», insistió.
Asimismo, no permitirá empresas administradas por otros Estados nacionales ni aquellas que estén incluidas “en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica”, entre las que se encuentran mayormente empresas de Rusia, China, Venezuela y Corea del Norte.
Peirano también cuestionó que el esquema divida la empresa por renglones productivos y advirtió que esto “separa y balcaniza toda la situación en la organización y no está creada de la manera que fue creada Fabricaciones Militares”.
Además, el dirigente de ATE apuntó contra el alcance temporal del esquema y advirtió que los acuerdos podrían extenderse hasta 2061. “Hasta el año 2061, siete períodos presidenciales”, señaló, al cuestionar las dificultades que tendría un futuro Gobierno para revertir las condiciones establecidas.
Desde ATE ya adelantaron que recurrirán a la Justicia para intentar frenar el proceso. “Vamos a sacar un amparo dentro de nuestra organización”, anticipó Peirano, quien además señaló que trabajan junto a diputados nacionales para elaborar una estrategia para impedir lo que consideran “una de las tantas avivadas y entregas de las empresas estratégicas del Estado”.
