Frente a los niveles récord de morosidad en las familias, gremios y organizaciones denunciaron que el ahogo financiero doméstico es resultado de la política económica del Gobierno nacional.
Centrales sindicales y movimientos sociales se movilizaron esta tarde hacia el Ministerio de Economía, donde reclamaron medidas para aliviar a las millones de familias afectadas por el endeudamiento con bancos, fintech y tarjetas de crédito. Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, esquivaron responsabilidades al considerar el problema como “un tema entre privados”, los manifestantes sostuvieron que la morosidad récord, las tasas de interés liberadas, el aumento sin límite de los gastos fijos y los salarios deprimidos forman parte de un combo nocivo que hunde cada vez más a las economías familiares.
La denominada Marcha de los Endeudados, de la que participaron la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se concentró a las 14 horas en Paseo Colón y Estados Unidos y en la zona de las avenidas Independencia y Paseo Colón y luego avanzó hacia el Palacio de Hacienda. “El endeudamiento no es un asunto privado, es una política de Gobierno”, era el mensaje de la bandera que encabezaba la movilización.
De acuerdo con los registros del Banco Central de la República Argentina, existen 5,8 millones de personas con créditos impagos o retrasos graves en el sistema financiero. A su vez, la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años y alcanzó el 12,3% en mayo, el nivel más alto desde la crisis del 2001.
Vale remarcar que las mayores dificultades de pago se registran en tarjetas de crédito y préstamos personales, con aumentos de más de 10 p.p. desde el inicio de la gestión libertaria. Se trata, fundamentalmente, de créditos para la supervivencia destinados a la compra de alimentos y medicamentos.
Quienes participaron de la multitudinaria marcha subrayaron la necesidad de que el Gobierno aplique medidas urgentes para abordar la situación de deuda y cargaron contra la política económica libertaria que genera estos niveles de morosidad.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “la situación que atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”. El gremialista agregó que “el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado” porque “tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir”.
En tanto, Oriana Fernández, integrante de Endeudados Organizados, enfatizó que “es necesario instalar la demanda en las calles”. La referente señaló que la problemática se agravó debido al alto interés de las tasas “Deudas ha habido siempre, pero ahora está la tasa de interés desregulada. Hoy hay tasas de hasta 1.300 por ciento. Personas nos cuentan que sus deudas se han duplicado o más cuando no pudieron pagar”, explicó.
La gestión libertaria no ha hecho otra cosa que quitarse el asunto de encima. En distintas entrevistas recientes, tanto Milei como Caputo se desentendieron del impacto de las deuda en la vida de los argentinos, al considerar que se trata de un tema entre privados. Además, desde el Gobierno también descartaron la posibilidad de implementar algún mecanismo extraordinario de asistencia para quienes se encuentran en mora.
En ese marco, en el Congreso distintos espacios de la oposición presentaron treinta proyectos para encarar soluciones. A nivel general, proponen líneas de refinanciación y créditos estatales, condonación y quitas, suspensión de embargos y ejecuciones, y regulación sobre billeteras virtuales y prestaciones sociales. Los proyectos parten de considerar el endeudamiento masivo no como un problema individual o de falta de educación financiera, sino como una crisis de carácter social originada por la imposibilidad de cubrir los costos básicos de vida.
Para la oposición más dura, representada por Unión por la Patria, el fenómeno del sobreendeudamiento familiar responde de manera directa al esquema económico impulsado por el Gobierno, caracterizado por el estancamiento salarial y la liberación de las tasas de interés para beneficio de bancos y fintech. En este escenario, diversos legisladores de ese espacio apuntaron al DNU 70/2023 como el punto de inflexión del actual deterioro socioeconómico, cuestionando que la norma haya desarticulado marcos regulatorios clave como la Ley de Alquileres, la medicina privada y los topes a los intereses financieros.
