Con la firma de 32 legisladores de distintos espacios, el arco político no alineado busca anular en el recinto el decreto que eliminó los topes a la venta de tierras a capitales extranjeros, en una jornada que coincidirá con la movilización universitaria.
Un amplio abanico de bloques opositores le exigió formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre a las 14 hs. El objetivo principal es rechazar el DNU 70/23 y frenar de manera definitiva la extranjerización de tierras argentinas, tras el reciente y controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El pedido reunió la firma de 32 legisladores pertenecientes a un variado arco político que incluye a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Coherencia, Primero San Luis y Defendamos Córdoba.
Además de la discusión central sobre el megadecreto de desregulación económica, el temario propuesto para la jornada incluye la Ley de Endeudamiento Familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
La iniciativa parlamentaria se generó a raíz de la resolución del máximo tribunal, que había revocado el martes una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Con este fallo centrado en cuestionar la legitimación del CECIM por entender que la soberanía no representa un bien colectivo, la Corte dejó nuevamente vigente el artículo 154 del megadecreto, el cual deroga los límites a la venta de inmuebles rurales a capitales extranjeros fijados en 2011 mediante la llamada Ley de Tierras.
La medida judicial provocó un fuerte repudio de múltiples organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas y de dirigentes políticos de la oposición. La derogación de los topes de extranjerización había permanecido suspendida durante más de dos años por la vía judicial, e incluso el Gobierno había intentado sin éxito validarla en el Congreso a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que debió ser retirado de debate en el Senado por el rechazo social.
Cuestionada, la Corte salió a dar explicaciones
Ante la escalada de críticas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti difundieron hoy un comunicado a la opinión pública para argumentar que solo se expidieron sobre un aspecto procesal técnico. Sin embargo, los firmantes de la convocatoria señalaron que la respuesta debe darse en el recinto parlamentario, donde una eventual votación en contra en la Cámara baja dejaría el decreto sin efecto de forma irrestricta, considerando que el Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024.
Para poner en marcha el debate en el recinto, las bancadas convocantes deberán desplegar intensas negociaciones y reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum. La estrategia de la oposición apunta a incorporar el respaldo de sectores dialoguistas y generar una masa crítica de representación que permita tratar el temario completo sin que el oficialismo logre trabar el debate.
En este marco, la elección de la fecha no fue casual y busca articular la labor legislativa con la movilización popular. La convocatoria a sesionar se fijó para el mismo día de la quinta Marcha Federal Universitaria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los sindicatos del sector. También la CGT anunció que participará de esa marcha. Los bloques promotores confían en que el acompañamiento en las calles resultará un factor decisivo para volcar la votación dentro del Congreso.
