En un escenario político centralizado en las últimas semanas en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, Javier Milei sale en busca de recobrar protagonismo y apela a una de sus principales “estrategias” para fortalecer la economía: privatizaciones de empresas públicas. Es que el jefe de Estado en las últimas horas retomó la agenda privatizadora y ahora busca acelerar el procedimiento para subastar entidades nacionales en busca de acumular reservas.
Así quedó expuesto en el Boletín Oficial de este jueves con la publicación del decreto 416/2025, donde se establece que las privatizaciones se realicen de forma electrónica a través de los sistemas CONTRAT.AR y SUBAST.AR, según la modalidad utilizada. La aparición de la normativa en el BORA volvió a reflotar la agenda de privatizaciones tras varias semanas y ahora vuelve a sonar la alarma en las empresas públicas que el oficialismo busca rematar.
Cabe recordar que uno de los puntos principales de tensión de la mentada Ley Bases fue el de las privatizaciones. Allí, el conflicto fue profundo al discutirse, en particular, qué entidades podían o no ser “privatizables” para el Gobierno. Según la mega-normativa, son ocho las empresas públicas habilitadas para la privatización,entre ellas Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos, Intercargo y AySA.
Asimismo, firmas como Corredores Nacionales o Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también tomaron relevancia en los últimos meses al ser convertidas ambas en Sociedades Anónimas, hecho que fue leído como un paso previo a la privatización. Esto generó alerta y movilización en el sector sindical.
En el caso de Corredores Viales, el objetivo de privatización había sido adelantado en su momento por el propio vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa el pasado 14 de febrero. Allí, había planteado que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) tomaría las “medidas necesarias” para concretar la “extinción” de la entidad, para pasar a una modalidad en que el sector privado se encargue de la obra pública en base al cobro de peajes.
Ahora, con el nuevo DNU, el Gobierno busca agilizar y marcar la agenda en este punto, con la publicación de las modalidades técnicas que serán utilizadas para cualquier proceso de privatización. Por un lado, en el caso de operaciones de concurso público o licitación, se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR. Por otro lado, cuando se trate de operaciones a través de remate público, se deberá utilizar el sistema SUBAST.AR.
