Por Contexto
La quita de subsidios a las tarifas de gas y luz que comunicó ayer el Gobierno nacional en el Boletín Oficial impactará con fuerza en los bolsillos de los usuarios menores e intermedios. Así lo definieron representantes del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) y de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO).
Federico Bernal, director general de OETEC, explicó a Contexto que el aumento atentará contra la economía de los hogares de los argentinos al generar un aumento exponencial en el tarifario. Esta nueva medida impulsará una transferencia de recursos de los usuarios de los servicios públicos hacia las empresas concesionarias y prestadoras de los servicios.
“Lo más importante es que estamos hablando de una medida que va a afectar a los usuarios menores e intermedios con aumentos que van a ser de más de 250 pesos para un consumo residencial promedio, cuando previo a esta decisión era de 44 pesos”, detalló.
Esta nueva medida impulsará una transferencia de recursos de los usuarios de los servicios públicos hacia las empresas concesionarias.
Desde el 1° de febrero hasta el 30 de abril se pagará 32 centavos por KW. El precio anterior a la medida estaba pautado en 10 centavos por KW. Estas tarifas se entiende que son los costos del tarifario de verano y se establecerá un nuevo monto cuando comience el invierno.
En este primer anuncio se estima entonces que el aumento rondaría el 300% con respecto a los costos anteriores. Sin embargo, todavía falta que se presente el tarifario definitivo que establecerán las empresas distribuidoras, ya que hasta el momento las tarifas publicadas por el Boletín Oficial responden a los costos que imprimen los mayoristas. En este sentido, desde DEUCO aclaran que los incrementos incluso podrían ser mayores.
Según indican los especialistas, lo que pretende el Gobierno con esta medida es compensar la pérdida de ingresos por la eliminación de las retenciones agrícolas, ya que en términos de caja los números son más o menos equivalentes. Así lo indicaron tanto Bernal como Enrique Martínez, coordinador general del Instituto para la Producción Popular.
«Macri busca compensar la eliminación de retenciones del campo con el aumento de los costos de la energía», dijo Bernal a Contexto.
En este sentido, desde el OETEC, expresan que pretenden dar cuenta de que el trinomio «quita de subsidios-inflación-devaluación» generará una «irremontable» pérdida en el poder adquisitivo de los asalariados y, al mismo tiempo, una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores populares hacia los exportadores y concesionarios de servicios públicos.
En diálogo con Contexto, Martínez agregó que “no es admisible la justificación que daban desde Cambiemos respecto a la diferencia de costos entre Capital Federal y el resto de las provincias, ya que con este aumento todos van a empezar a pagar más en altas proporciones”.
«el trinomio quita de subsidios-inflación-devaluación generará una irremontable pérdida en el poder adquisitivo de los asalariados.»
Por otro lado, tampoco queda claro cómo será la implementación de la tarifa social, pues si el premio para los hogares que consuman menos de 150 KW es que no tendrá costos, todo indica que se van a medir por el consumo y no por la necesidad o la infraestructura. “¿Una casa humilde va a pagar lo mismo que un gran piso vacío?», se pregunta Martínez. «Eso no tiene razonabilidad alguna; la tarifa social debe estar asociada a la necesidad del consumidor, es decir, debería estar asociada a la infraestructura más que al consumo”.
Según lo publicado en el Boletín Oficial de ayer, se les cobrará únicamente el cargo fijo a aquellos que no superen los 150 KW al mes, mientras que aquellos que estén por encima de ese valor pagarán la tarifa plena de 320 pesos por megavatio.
Reclamos para discutir los costos
Pedro Bussetti (DEUCO), al ser consultado por Contexto, dio a conocer que con el organismo de Defensa de Usuarios y Consumidores se presentarán ante la Justicia para denunciar al Gobierno de Macri: “Entendemos que hay un incumplimiento de los Marcos Regulatorios de la Energía Eléctrica y el Gas Natural, que exigen realizar audiencias públicas antes de incrementar los valores tarifarios, y eso no ha sucedido”.
Busetti: “Estamos trabajando en recurrir a la justicia basados en el marco regulatorio de la energía, que obliga a los gobiernos a realizar audiencias públicas antes del aumento de las tarifas».
Las asociaciones en defensa de los consumidores reclaman una discusión pública del tema, al considerar que los especialistas acuerdan en que el impacto que causará la modificación es sumamente relevante para el costo de vida de los ciudadanos. Por tales motivos, presentarán un recurso de amparo ante la Justicia.
“Estamos trabajando en recurrir a la Justicia basados en el Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica, sancionado por la ley 24.065 de 1992, que obliga a los Gobiernos a realizar audiencia pública antes del aumento de las tarifas, y pretendemos que se cumpla”, explicó Busseti.
