Por Contexto
De manera solapada pero poco ingenua, se comienza a alentar la idea de que el Gobierno de Mauricio Macri avance con una ley que le permite a la ANSES, sin trabas, desprenderse de las acciones que tiene en las principales empresas del país, como el Grupo Clarín, Banco Macro, Telecom, SIDERAR, entre otras. «Con lo rápido que se mueven los mercados, la ley no permite actuar en caso de que haya un problema», dijo ayer a La Nación el titular del organismo previsional, Emilio Basavilbaso.
¿Cuál es el contratiempo para la gestión Cambiemos? Según la normativa vigente, sancionada por impulso de la ex presidenta Cristina Kirchner en agosto pasado, se necesita el acuerdo de los dos tercios del Congreso para desprenderse de los activos. La ley 27.181 tuvo un amplio consenso en ambas cámaras.
La regulación se había establecido “no para prohibir”, sino para evitar que “se mal vendan”, había explicado el por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, actual diputado nacional del Frente para la Victoria.
Casualmente, quienes se oponían hoy son ministros y funcionarios. “El Estado puede ser gigante, pero si se mueve como un caracol no sirve de nada”, había señalado Federico Sturzenegger, actual titular del Banco Central, cuando era legislador PRO. En tanto, para el radical Oscar Aguad, hoy a cargo de la cartera de Comunicaciones, el objetivo era buscar “un lugar para dejar funcionario por cuatro años”.
La regulación se había establecido “no para prohibir”, sino para evitar que “se mal vendan” las acciones de ANSES.
El cordobés hacía referencia a la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), un ente descentralizado y autárquico que fue creado por ese mismo texto para manejar la estrategia financiera con esos papeles. Está presidida por el Director Ejecutivo de la ANSES y cuenta, además, con dos miembros del Poder Ejecutivo y dos del Poder Legislativo. En los argumentos de Sturzenegger y Aguad ya se vislumbraba la idea de achicar el Estado y de sacar “grasa”.
¿Qué pasa si se venden esas acciones? Consultado sobre eso por Contexto, para el diputado nacional con mandato cumplido del FpV Roberto Feletti, “se descapitaliza la ANSES, pierde fuerza el patrimonio estatal, en un proceso parecido a la privatización”. Según su apreciación, además, de esta manera “se pierde un rol estratégico” en las firmas más predominantes de la economía nacional.
“Esos activos se concebían como activos financieros que dejaban una renta o un dividendo, pero en esta nueva concepción pasó a convertirse en un activo específico del Estado”, completó Feletti. “Salvo que tengan información de que esas empresas van a quebrar”, ironizó, ya que se trata de las marcas con más ganancias en los últimos años.
Feletti fue uno de los principales defensores de este proyecto en la cámara baja y no descarta que esto sea una maniobra para evitar “la incómoda presencia de los directores del Estado”. Es que dichas acciones fueron compradas por las AFJP cuando los aportes de los trabajadores servían para respaldar al sector privado pero nadie reclamaba por su satisfactoria utilización.
“se descapitaliza la ANSES, pierde fuerza el patrimonio estatal, en un proceso parecido a la privatización. Salvo que tengan información de que esas empresas van a quebrar”, ironizó feletti.
El caso más escandaloso, quizá, fue el protagonizado por el Grupo Clarín, el cual fue denunciado por Víctor Hugo Morales. Según el periodista, el monopolio informativo le vendió a las AFJP sus acciones a treinta pesos, cuando a la semana valían seis. “Fue una pésima inversión en el mejor de los casos y una estafa en el peor”, consideró Kicillof.
Pero lo de Clarín no fue un caso aislado. Cuando en 2008 la Casa Rosada decide reestatizar los fondos de las jubilaciones, también se adquieren esas acciones y quedan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado. Pero eso seguía siendo un sistema muy discrecional.
La participación del Estado
Según cifras oficiales de 2015, el Estado posee participación en 44 empresas privadas y colocó directores en 27 de ellas. Se trata de un capital de 63 mil millones de pesos, que obtuvo un crecimiento del 736% desde su regreso a las arcas públicas, y que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantías Sustentables (FGS).
SIDERAR y Telecom debieron entregar en 2015, cada una, 200 millones de pesos al estado por dividendos, de una facturación total de 800 millones.
Entre las participaciones más importantes de Anses, está el 31% del Banco Macro, el 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel, el 26% de SIDERAR, el 25% de Nordelta, el 20% de Molinos, el 20% del Banco de Galicia, el 9% del Grupo Clarín, el 9% del gigante del aluminio Aluar, y 11% de Petrobras.
Esos recursos son puestos a circular por el FGS con un doble propósito: mejorar la relación aportes/jubilaciones, que es estructuralmente deficitaria en todo el mundo por el nuevo mercado laborar, y financiar líneas de infraestructura productiva y social, como PRO.CRE.AR.
Por ejemplo, algunas inversiones del FGS son ATUCHA II, Central Térmica Loma de la Lata, Centrales Termoeléctricas M. Belgrano I y Timbúes, AYSA, Central Energética ENARSA Brigadier López, Central Energética ENARSA Barragán, Plan de Recursos Hídricos, y los planes de vivienda en las provincias de Salta, San Juan, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Mendoza, Entre Ríos y Rio Negro.
Los dividendos que van hacia el Estado pueden ser otro dato clave para entender el porqué de la urgencia para que la ANSES “suelte” esas acciones. Según datos públicos del año pasado, SIDERAR y Telecom debieron entregar, cada una, 200 millones de pesos de una facturación total de 800 millones. Es decir, ahora que el negocio va bien, no les interesa tener cerca al socio que las rescató en época de crisis.
