La oposición presiona al Gobierno con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en el Congreso

La discusión de una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios tomó impulso este martes en la Comisión de Previsión Social de Diputados, donde la oposición acercó posiciones para acordar una nueva norma y evitar la pérdida de poder adquisitivo prevista en el esquema que planteó la Administración de Javier Milei. 

Cabe recordar que, a fines de marzo, la Administración libertaria había anunciado una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que contempla únicamente la variación del índice de precios al consumidor (IPC), con dos meses de rezago (puesto que las cifras del INDEC no se publican el primer día del mes en curso) y una compensación de 12,5 % a pagar por única vez en abril producto del incremento de precios durante enero (cuando la inflación superó el 20,6 %). 

Los tres dictámenes presentados por la oposición, a pesar de contar con manifiestas diferencias, pueden convertirse en un dolor de cabeza para el oficialismo, que busca dilatar la discusión en la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert. En ese caso, los legisladores adelantaron que deberán acordar en sesión emplazar a la comisión (obligarla) a tratar el tema. 

«No podemos permitir que, una vez más, los jubilados y jubiladas sean la variable de ajuste de los modelos que hambrean y saquean al pueblo», señalaron desde el bloque de Unión por la Patria. Este bloque opositor firmó un dictamen propio en el que se consagra, al igual que en la fórmula del Gobierno y la presentada conjuntamente por el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, la fórmula de actualización por IPC, pero con agregados: por un lado, se institucionaliza el bono compensatorio que actualmente cobran los jubilados de la mínima, de 70.000 pesos, un aumento del 30 % por única vez como compensación del poder adquisitivo de los últimos meses (incluido enero y diciembre, que quedaron fuera del empalme de la nueva fórmula), pero además se suma la revisión trimestral que hubo durante el Gobierno de Alberto Fernández, que tomaba en cuenta la variación de salarios y la recaudación de ANSES. De esta manera, con los adelantos mensuales por inflación, más la revisión con la fórmula anterior de manera trimestral, las jubilaciones podrían ganar poder adquisitivo en un contexto de baja de inflación y crecimiento de salarios y recaudación, dado que el índice de inflación solo se convierte en un techo para los aumentos. 

La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen conjunto en el que establecen como única variable de ajuste el IPC, pero con un adicional anual que toma el 30 % de la variación del RIPTE (promedio de salarios) más el IPC, de modo que pueda mejorar el ingreso en un contexto favorable. También se diferencia del proyecto del peronismo en la compensación ofrecida por la alta inflación de los primeros meses del Gobierno de Milei: en este caso, ofrecen un 8,1 % adicional al 12,5 que ya otorgó el Gobierno a través del DNU, alcanzando los 20,6 puntos porcentuales que se registraron en enero (frente al 30 % que contempla el proyecto de Unión por la Patria). 

Otro de los dictámenes opositores fue del Frente de Izquierda, que propuso llevar la mínima al valor de una canasta básica del adulto mayor que elabora la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, cercana a los 685.000 pesos, y actualizará por el índice de inflación o el RIPTE, según cuál fuera más favorable en cada caso. 

El cuarto dictamen pertenece al oficialismo. Allí los libertarios ratifican la fórmula establecida por DNU del presidente Javier Milei, que es la actualización mensual por inflación y una compensación única del 12,5 % por la pérdida de poder adquisitivo en los primeros meses del año. 


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