La presentación judicial apunta a la cadena de mando y pide investigar el accionar de un efectivo que efectuó disparos vestido de civil y sin identificación. En paralelo, el CELS alertó sobre una «intervención criminal» con tácticas y armas prohibidas.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Antonio Gauna. Fue tras la represión del jueves de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad. La causa recayó en el Juzgado Federal N° 1 a cargo de María Servini y en la Fiscalía N° 2 de Carlos Rívolo, donde se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejaciones o apremios ilegales.
La acción penal alcanza a «todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables», pero pone especial énfasis «respecto de quienes hubieran intervenido en la planificación, autorización, conducción y ejecución del operativo”. En particular, denuncia la actuación del Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, quien aparece registrado en fotos difundidas públicamente vestido de civil y efectuando disparos con un arma larga durante el desarrollo del operativo, “circunstancia que deberá ser corroborada e individualizada formalmente», según la denuncia.
Sobre el accionar de Gauna, el texto judicial sostiene que “edisparaba a mansalva en la esquina de Solís e Irigoyen, sin identificación y a una altura prohibida por los propios protocolos de la fuerza”: Y agrega: “Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”.
Para Dalbón, la responsabilidad por el accionar de los agentes debe rastrearse en la cadena de mando. El documento argumenta: «Esta circunstancia no puede ser analizada exclusivamente como una actuación individual del funcionario. Si un Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina se encontraba armado, vestido de civil y efectuando disparos en el marco de un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso, corresponde determinar si dicha modalidad formaba parte del dispositivo previamente planificado y autorizado por los niveles superiores de la fuerza y por las autoridades políticas responsables de su conducción, o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas».
En consecuencia, se solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad que informe «si se encontraba prevista la participación de personal vestido de civil en el dispositivo de seguridad y, en caso afirmativo, cuál era la finalidad operativa de dicha modalidad, qué funcionarios o dependencias podían disponerla y qué normativa, protocolo, reglamento u orden interna regulaba su actuación, como así también si se encontraba autorizada la portación y eventual utilización de armas de fuego por parte de personal que prestara funciones vestido de civil durante manifestaciones públicas».
Finalmente, la denuncia recuerda las lesiones sufridas por diversos trabajadores de prensa que cubrían los hechos en las calles adyacentes. El escrito subraya que «uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional».
El CELS denunció una «intervención criminal»
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un duro análisis en sus redes sociales sobre el accionar de los uniformados durante la manifestación del 6 de agosto, calificando los hechos como una «intervención criminal». El organismo de derechos humanos puso el foco sobre los agentes de civil, remarcando que el personal no llevaba uniforme reglamentario ni identificación, operando con falta de nombre y legajo. En su publicación, el CELS advirtió que dichos agentes apuntaron directo a los manifestantes y que «ese arma puede cargar plomo, prohibido en protesta», recordando la obligatoriedad de llevar indumentaria de la fuerza y estar debidamente identificados.
Asimismo, el organismo documentó el uso indebido de pistolas lanzagases, señalando que los disparos se efectuaron de manera paralela al suelo, tratándose de «armas prohibidas hasta diciembre de 2023», cuando el actual Gobierno las permitió.
El CELS trazó un paralelismo con el accionar del gendarme Guerrero, actualmente imputado por lesiones gravísimas y abuso de armas tras herir de forma similar al fotoperiodista Pablo Grillo. Finalmente, denunciaron que los efectivos apuntaron «a la altura de la cabeza y del torso”, con los riesgos para la vida y la salud que eso conlleva.
