Por Sebastián Palma y Pablo Despos. Colaboración de Ariadna Chevenet (Integrantes del Laboratorio de Estudio de Medios y Análisis de la Información)
Detrás de la mega cobertura mediática de causas judiciales con poco sustento jurídico, utilizadas para ocultar o minimizar, según el caso, el escándalo que involucra al presidente Mauricio Macri por los Panamá Papers, los armadores políticos de Cambiemos comenzaron hace algún tiempo una maniobra para transformar profundamente el Fútbol para Todos (FPT) en Fútbol para Casi Nadie.
Promedia un nuevo torneo transición del Fútbol Argentino de Primera División, y empresas periodísticas nacionales y extranjeras hacen números pensando en quedarse con el negocio de la transmisión de los partidos. O al menos con la parte más suculenta, mientras comenzó una operatoria de asfixia a los clubes del fútbol.
El responsable de Futbol para Todos, Fernando Marín (ex gerenciador de Racing), no pudo evitar la promesa de campaña de Macri sobre la gratuidad de las emisiones, aunque ya confirmó que la gratuidad sería, en el mejor de los casos, hasta 2019. Atrás quedó el derecho de la sociedad al acceso a un bien cultural trascendental en la vida cotidiana de los argentinos. Hoy, la existencia del FPT se justifica en tanto “compromiso asumido”, que de todos modos resulta endeble frente al conjunto de medidas que se llevaron adelante en los últimos tres meses: inflación, devaluación, tarifazos, endeudamiento y aumento del desempleo.
En el plano de lo concreto, la materialización de un nuevo esquema en la forma de administración de las transmisiones futbolísticas provocó fuertes movimientos tanto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como en el mercado de las telecomunicaciones. Desde el 10 de diciembre, el Grupo Clarín ya había dado un paso adelante para volver a secuestrar los goles como durante la década del 90. Sin embargo, tras la visita del presidente estadounidense Barack Obama y la aparición del magnate de medios Ted Turner con un muy posible desembarco en Argentina con la adquisición de los derechos de transmisión del fútbol y de Telefé, se generó incertidumbre entre todos los actores.
Más allá de la corporación beneficiaria del negocio del fútbol, resulta evidente tanto para el Gobierno como para Fernando Marín que el contrato vigente entre el Estado Nacional y la AFA resulta más un estorbo que una herramienta de políticas públicas. Hoy, el Estado Nacional sólo puede licitar la cesión de derechos hasta 2019, limitación que impide acuerdos a largo plazo. A menos que ese contrato se rompa o se modifique sustancialmente.
En este contexto, la aplicación anticipada del plan de desendeudamiento de los clubes de fútbol no parece un hecho aislado o casual. Este acuerdo para el reparto de los fondos provenientes de los derechos de televisación de los partidos y el “saneamiento” de las economías de los clubes, había sido presentado a mediados de enero por el tesorero de AFA, Matías Lammens, y proponía ir descontando moderadamente de los pagos mensuales cuotas para saldar deudas impositivas y sindicales, entre otras. Pero fundamentalmente, la propuesta implicaba la entrada en vigencia recién en el segundo semestre.
El descuento anticipado de deudas por parte de la AFA, denunciado por medios alternativos y periodistas, generó situaciones conflictivas que apenas tomaron estado público como hechos aislados: el planteo de los clubes del Ascenso por más fondos o la medida de fuerza de algún plantel por salarios adeudados.
Clubes asfixiados, una dirigencia debilitada y megacorporaciones de medios ostentando millonarias ofertas para quedarse con el fútbol, constituyen el foco ideal para forzar a la AFA a romper el vínculo con el Estado Nacional. Ese escenario le permitiría al Gobierno nacional no responsabilizarse por su promesa de campaña y desentender al Estado
La primera, y la más sensible, fue neutralizada rápidamente con el nuevo acuerdo entre la AFA y la empresa Torneos y Competencias por los derechos de televisación del Nacional B y Primera B Metropolitana y las eliminatorias del los Mundiales 2018 y 2022, además de partidos amistosos del seleccionado argentino y el comercio electrónico para la venta de productos oficiales. La segunda, no superó un discreto recuadro en algún matutino.
Los chicos abandonados a su suerte
De todos modos, las quejas y reclamos de los directivos de clubes chicos y del interior por los descuentos en este semestre fueron prolijamente silenciadas por los grandes medios. En el pago del 14 de abril, volvieron a efectuarse descuentos. Más asfixia hacia los clubes para salir del sistema televisivo actual.
A este cuadro, es necesario sumarles los aportes al Fondo Solidario que los clubes de primera división comenzaron a realizar para sostener a los clubes de las otras categorías, que a partir de la derogación por decreto de la Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 dejaron de recibir dinero del FPT. El conflicto para los clubes “chicos” de Primera es que todos aportan por igual, aunque no todos reciben por igual: Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente y Vélez son los que más dinero reciben desde la AFA.
Las demandas de los dirigentes por las alicaídas finanzas de las instituciones, recayeron sobre la conducción de la AFA, también desgastada tras las fallidas y bochornosas elecciones de diciembre. Clubes asfixiados, una dirigencia debilitada y megacorporaciones de medios ostentando millonarias ofertas para quedarse con el fútbol, constituyen el foco ideal para forzar a la AFA a romper el vínculo con el Estado Nacional. Ese escenario le permitiría al Gobierno nacional no responsabilizarse por su promesa de campaña y desentender al Estado, elegantemente, de asegurar el derecho al acceso gratuito de las transmisiones de fútbol.
Resta saber si los clubes morderán el anzuelo que sin ruborizarse colocó delante de 11 presidentes de clubes en una reunión convocada de urgencia el mandamás de Boca Juniors Daniel Angelici. ¿Nos vamos a quedar afuera del negocio? fue, palabras más palabras menos, la línea argumental que podría haber acabado de un plumazo con el derecho constitucional de todas y todos al accedo a la información y a los bienes culturales.
No faltará quien intente discutir que el hecho cultural más masivo de la argentina es, por definición, un bien cultural; y por lo tanto acceder a las informaciones y a las imágenes que se desprendan de su práctica es un derecho. En última instancia, es imposible negar la coherencia; que los sujetos de derecho se conviertan nuevamente en clientes con derecho a reclamo (con suerte) está en sintonía con el modelo neoliberal que encarna el gobierno de Macri, aunque eso atente contra la constitución y los pactos internacionales como el de San José de Costa Rica.
