Por Gabriela Calotti
“Nosotros creemos que es un favor que le hace a la Iglesia católica frente a una política pública esencial, pues la Corte Suprema nos dio el derecho a las mujeres de acceder a un aborto si es resultado de una violación”, sostuvo el jueves Vilma Ripoll, dirigente del MST-Nueva Izquierda, durante una manifestación frente a la Casa de Gobierno en La Plata.
“Acá hay un claro acuerdo con la Iglesia católica y con el Opus Dei a través de Julio Comte Grand”, secretario de Legal y Técnica del Ejecutivo bonaerense, denunció en el mismo acto Yamila Almeida, una de las referentes en La Plata de Juntas y a la Izquierda, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
Hace poco más de diez días, la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, la única mujer del gabinete bonaerense junto a Vidal, firmó la adhesión de la provincia de Buenos Aires al denominado “Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal de un embarazo (ILE)” a través de la resolución 2095/2016 que derogaba la antigua resolución vigente durante el Gobierno de Daniel Scioli.
El Protocolo, avalado por la Corte Suprema, es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por parte de “todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. Respeta el principio de autonomía de la persona que solicita una ILE y la obligación de brindarle información sanitaria como dispositivo de “transparencia activa”.
Establece como un “derecho” la interrupción legal del embarazo en las mujeres y en las personas trans con capacidad de procrear que fuera resultado de una violación. Entre sus objetivos figuran: evitar la judicialización del recurso al aborto, estandarizar la prestación médica y limitar el uso de la objeción de conciencia, un recurso que sigue impidiendo abortos, sobre todo en menores que quedan embarazadas tras una violación.
El Protocolo cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, que aclaró los alcances del artículo 86 del Código Penal y estableció de qué forma se debe proceder para garantizar abortos no punibles y no exigir autorizaciones judiciales.
La normativa en cuestión fue elaborada y actualizada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la cartera sanitaria nacional en 2015.
Con su adhesión al Protocolo, Buenos Aires, el mayor distrito del país, donde vive una de cada tres mujeres, se convertía días atrás en la novena provincia en adherir a esta normativa, pero desafortunadamente nunca empezó a regir porque Vidal dio marcha atrás y dejó sin efecto la resolución firmada por Ortiz, que inclusive había sido saludada por la organización humanitaria Amnistía Internacional.
El rechazo de la Iglesia católica fue más que evidente. A través de la Agencia Informativa Católica Argentina, la Universidad Católica de La Plata (Ucalp) expresó su total oposición al protocolo al que adhirió el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por considerarlo “violatorio de derechos naturales de la persona humana garantizados por el orden jurídico”, y pidió al Gobierno provincial que lo “deje sin efecto” o inclusive que el Poder Judicial lo declare “inconstitucional”.
Sin chistar, el Gobierno bonaerense argumentó entonces que la provincia ya cuenta con un Protocolo en la materia, vigente en años anteriores, aunque según diversas organizaciones pone muchos obstáculos.
Quien frenó la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la provincia para que entre en vigor fue el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, reconocido miembro del Opus Dei, que además, al parecer, tiene más poder en el gabinete de Vidal que la ministra Ortiz. Comte Grand se negó a firmar.
Ripoll cuestionó que una medida de esta índole quede sin efecto “porque Julio Comte Grand se atreve a obstaculizar los derechos de miles de mujeres. Tiene que renunciar”, sostuvo.
“Si quiere que las mujeres del Opus Dei lleven adelante su ideología y su forma de actuar, que lo hagan”, sostuvo la dirigente socialista, antes de recordar que desde la llegada de la democracia a nuestro país, unas 9.000 mujeres murieron por abortos clandestinos.
“Basta de hipocresía. La hipocresía mata a mujeres jóvenes, a mujeres pobres”, enfatizó Ripoll, trabajadora de la Salud, mientras a un costado unas doscientas mujeres, jóvenes y no tanto, mostraban pancartas que decían “Ni Una Menos, aborto sí, aborto no, decido yo” o “Ningún aborto debe ser punible”.
Cintia, Eva, Catalina, Ramona, Leticia, Celsa, Marisel, Azucena, Caty y Bernarda estaban ahí. Algunas más jovencitas con bebés en sus brazos, otras mayores con la palabra firme.
“Siempre se mueren los pobres. Pero la gente que tiene guita no se muere”, decía una de ellas, que también estuvo en la multitudinaria marcha del “Miércoles negro” que la semana pasada se realizó también en la capital provincial.
“Le quiero avisar a la gobernadora, por si no se enteró, que la mayoría de las violaciones son intrafamiliares y, por su puesto a Julio Comte Grand, son el padrastro, el nuevo marido de la madre, el tío… Son niñas… ¿Y las van a obligar a tener ese hijo? ¿Y quién va a asumir a ese hijo? ¿La gobernadora? ¿O Julio Comte Grand?”, se preguntó Ripoll, para quien Ortiz debería dejar el cargo.
“La verdad es que su papel es lamentable. Si la desacreditan de esta manera no sé qué se queda haciendo”, dijo Ripoll al referirse a la ministra de Salud de la provincia.
Hasta el momento, al Protocolo adhirieron las provincias de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Desde otro espacio político y a la luz de la marcha atrás de Cambiemos en la provincia, la senadora de Nuevo Encuentro Mónica Macha presentó esta semana en la Cámara Alta un proyecto de ley para que se apruebe el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo”.
“Si la gobernadora no quiere adherir al protocolo de abortos no punibles, vamos a tenerlo en la provincia a través de una ley”, afirmó Macha en un comunicado.
Según la legisladora kirchnerista, “el Gobierno bonaerense, que es conservador, reaccionario y clasista, cercena la autonomía de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo”, y recordó que el Protocolo en cuestión se refiere a situaciones puntuales de un embarazo no deseado, resultado de una violación o que pone en riesgo la vida de la mujer.
En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica, según datos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ripoll afirmó que 9.000 mujeres han muerto por abortos clandestinos desde el retorno de la democracia a nuestro país.
En América Latina y el Caribe, entre 1990 y 2014, la tasa de abortos aumentó de 23% al 32%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otro dato de esa organización precisa que en Latinoamérica uno de cada tres embarazos terminó en aborto entre 2010 y 2014. Diversos estudios a nivel mundial consideran que el acceso universal a los servicios de planificación familiar de calidad resulta fundamental.
“Con la llegada de Vidal a la gobernación, las mujeres hemos sufrido un enorme retroceso respecto al cuidado y la protección de nuestra salud sexual. La gobernadora prefiere hacerle caso a la Iglesia y a las internas de su propio gabinete en lugar de trabajar para que no haya una sola mujer más que pierda su vida por la práctica de un aborto inseguro”, sostuvo Macha.
