Por Fernando M. López
Hace un par de días, el intendente platense Julio Garro le mostraba a su par de Vicente López, Jorge Macri, los trabajos de “contención, educación y alimentación” que desarrolla su Gobierno en la “Casa del Niño” del Barrio Hipódromo.
“Trabajar sobre la estimulación y nutrición temprana es uno de los desafíos que nos ha planteado el presidente y la gobernadora en el camino a la pobreza cero. Por eso quiero felicitar a Garro por su desempeño”, decía Macri al recorrer ese establecimiento de educación no formal que recibe a un centenar de chicos de la zona.
Pura palabrería para los micrófonos y las cámaras. Lamentablemente, miles de niños y adolescentes de todo el partido de La Plata sufren una exclusión deliberada, a causa del vaciamiento del sistema de promoción y protección de sus derechos. Estos menores, a diferencia de los pocos privilegiados que muestra Cambiemos, son directamente abandonados a su suerte en medio de una crítica realidad social.
En un informe sobre la situación de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata al que tuvo acceso Contexto, se detalla cada una de las violaciones a la Ley 13.298, que garantiza los derechos de los niños en territorio bonaerense. El documento no pertenece a ningún sector opositor. Fue elaborado en el seno del propio Gobierno de María Eugenia Vidal y comprende los últimos diez meses.
“La Municipalidad no cuenta con área programática y no ha desarrollado programas para sostener a los niños y niñas mediante medidas de protección integral”, sostiene el organismo provincial de Niñez y Adolescencia, a cargo de Pilar Molina, y agrega que los únicos recursos con los que trabajan los Servicios Locales de Protección de Derechos son programas bonaerenses como Operadores de Calle y Envión.
Garro también “ha suspendido la asistencia mínima a través de las tarjetas alimentarias y entrega de materiales para aquellas familias que son asistidas por el Servicio Local, quedando sin recursos para poder acompañar la situación de vulnerabilidad de los diferentes grupos familiares”, al tiempo que “se han cerrado los paradores que alojaban a madres con hijos en situación de calle y aquellas que han sido víctima de violencia”.
En materia de salud mental y violencia familiar, no hay “líneas de acción concretas que generen prácticas de articulación interinstitucional en el territorio”, mientras que la Dirección de Niñez y Adolescencia no cuenta con ningún efector de salud para el control médico necesario previo a la institucionalización de menores. “Hasta el mes de diciembre de 2015, la Dirección contaba con una profesional médica, a la que no le han podido renovar el contrato”, aclara el informe.
Otra cuestión que remarca el documento es “un mayor incremento de la institucionalización” de menores con respecto al año anterior, bajo “la modalidad de colocar al Poder Judicial como decisor”, lo que significa un claro retroceso “a formas de intervención que estaban totalmente superadas” desde la implementación de la Ley 13.298, en 2007. Según el organismo provincial, entre enero y septiembre se duplicaron las internaciones judiciales con consecuencias negativas para la infancia.
Los barrios “son un hervidero”
En La Plata había nueve Servicios Locales con el objetivo de “facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos acceda a los programas y planes disponibles en su comunidad”. Estos eran los del Casco Urbano, City Bell-Gonnet, Villa Elisa, Tolosa-Ringuelet, Olmos, Romero, San Carlos, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, cada uno con un equipo técnico-profesional integrado por un psicólogo, un abogado y un trabajador social.
El informe provincial observa “una profundización en la precarización de los Servicios Locales”, tanto por las condiciones materiales en las que funcionan como por la falta de un coordinador general, figura obligatoria de acuerdo con la ley.
Pero lo más preocupante fue el desmantelamiento del servicio en Altos de San Lorenzo, que hasta diciembre de 2015 estaba en el Polideportivo ubicado en calle 80, entre 20 y 21, un espacio alquilado por la gestión anterior, donde también funcionaba el programa Envión, la Ludoteca y el Centro de Prevención de Adicciones (CPA).
“El cese de funcionamiento de los dispositivos territoriales expuso a mayor situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes del barrio. La presente y alarmante situación fue denunciada ante el Ejecutivo municipal por los integrantes de la Mesa Barrial Altos de San Lorenzo, quienes reclaman la inmediata asignación de un lugar en el territorio para el Servicio Local”, afirma el documento.
Lo que no dice el informe es la responsabilidad que le cabe al Gobierno de Vidal en el vaciamiento del sistema. Todos los programas y operadores de calle de La Plata pertenecían a la provincia. Bajo su lógica empresarial, las nuevas autoridades consideraron de un día para otro que era el municipio el que debía que ocuparse de la cuestión territorial y retiró todo.
“Eso generó un gran problema, porque la Municipalidad no tiene personal, recursos, programas ni nada como para reemplazar lo que existía. La verdad es que hoy el sistema está totalmente vaciado”, reconoció una fuente del Ejecutivo bonaerense consultada por Contexto, y agregó que “a nivel provincial pasa algo parecido, pero en La Plata es desastroso”.
En Altos de San Lorenzo, luego de las decisiones tomadas por Garro y Vidal, la situación de la infancia y la adolescencia se torna sumamente crítica porque se trata de una de las zonas con mayores índices de vulnerabilidad, acentuada por la desocupación y la pobreza que generaron las propias medidas económicas del macrismo.
“La provincia se dio cuenta del problema que provocó y ahora vuelve a desplegar algunos operadores de calle, pero hasta ahí. El tema es que los barrios se ponen cada vez más calientes, son un hervidero”, subrayó la misma fuente.
