Este lunes arranca el debate oral por el ataque con una bomba casera que terminó con la vida de tres mujeres y dejó una sobreviviente. Las querellas buscan un fallo ejemplar que reconozca el lesbicidio, en un contexto nacional marcado por el vaciamiento de políticas de género y discursos oficiales que, denuncian, avalan y reproducen la violencia en la vida cotidiana.
La madrugada del 6 de mayo de 2024, Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos se encontraban juntas en la habitación que compartían en una pensión del barrio porteño de Barracas, cuando Fernando Justo Barrientos decidió atacarlas con una bomba casera que generó un brutal incendio y terminó con la vida de tres de ellas. Dos años después, este triple lesbicidio llega a juicio, con tres querellas que buscarán demostrar que se trató de un crimen motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas.
La primera audiencia será este lunes 18 de mayo desde las 9 horas, en una jornada que promete extenderse hasta media tarde. Detenido desde el día de los hechos, el acusado llega imputado por homicidio agravado contra Pamela, Roxana y Andrea, y por homicidio agravado en grado de tentativa contra Sofía, por haber mediado violencia de género y prejuicio vinculado con la orientación sexual de las víctimas.
Son tres las querellas que intervienen en este caso: una que representa a familiares de las víctimas, otra a Sofía como sobreviviente del ataque y una tercera institucional, representada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans+ (FALGBT).
En ese sentido, para la FALGBT el ataque no estuvo dirigido solamente contra cuatro personas, sino también contra toda una comunidad. «Es un delito que afectó a cuatro personas: tres murieron y una quedó viva, sobreviviente. Pero eso no deja de ser un ataque contra una comunidad. Es decir, un ataque contra cuatro personas que tenían un proyecto de vida determinado y que pertenecían a una comunidad», explicó a Diario Contexto la abogada Samanta Pedrozo, que representa a la Federación en este caso.
La letrada explicó que durante las audiencias se buscará acreditar el contexto de violencia previo al ataque. «En los casos de esta naturaleza uno tiene que probar qué pasó antes de que se cometiera el hecho», sostuvo Pedrozo. En ese sentido, la causa recolectó testimonios de otros habitantes de la pensión que coinciden en que el acusado no estaba de acuerdo con la forma de vida de las víctimas: «les molestaba que fueran mujeres, que fueran lesbianas y que vivieran ahí».
Según declararon los vecinos, eran recurrentes los insultos violentos que utilizaba Barrientos, quien solía hostigarlas tratándolas de «tortas», «marimachos» y «tortilleras». «Son una serie de estereotipos que la Justicia está obligada a entender en la valoración de la prueba», remarcó la abogada.
«Si yo me peleo con una persona y le digo todos estos adjetivos solamente porque tiene una relación con una persona del mismo sexo y después la mato, es claramente una relación de causa y efecto. Es decir, inicio la discusión, manifiesto mi odio y después lo ejecuto. Eso es lo que vamos a intentar probar», explicó Pedrozo.
Para la querella, que se establezca el triple lesbicidio de Barracas como un crimen de odio es central no sólo para esta causa, sino también para futuros casos. «Es importante que la Justicia lo reconozca así, primero porque lo fue. La sentencia, en caso de existir una condena, tiene que ajustarse a la realidad de los hechos», sostuvo Samanta. En ese sentido, remarcó que «es importante que se reconozca el agravante» para que refleje el contexto en el que ocurrió el ataque.
La abogada de la FALGBT señaló además que una eventual condena podría sentar un precedente jurisprudencial para otras causas vinculadas a violencias por orientación sexual. «Es importante porque sienta un precedente, sienta jurisprudencia. La decisión de jueces diciendo ‘si pasan estas circunstancias, se dan estos elementos y demás, consideramos que no es un homicidio cualquiera sino que es un lesbicidio’, por ejemplo en este caso», explicó. Y agregó: «Va a ser una herramienta para litigar a futuro y marca el inicio de una nueva etapa en la Justicia también. Una Justicia que sale de analizar los crímenes como hechos puntuales y empieza a analizarlos dentro de un contexto».
Cada año, la FALGBT presenta el informe del Observatorio de los Crímenes de Odio que viene marcando un crecimiento de forma sostenida en los últimos años: mientras que en 2021 se registraron 120 casos, en 2022 la cifra ascendió a 129, en 2023 a 133, en 2024 a 140 (allí las víctimas de la masacre de Barracas engrosaron esta lista) y el año 2025 cerró con 227 crímenes de odio, siendo el año en que más casos se registraron. Para la Federación, la llegada del Gobierno de Javier Milei marcó un antes y después, no sólo por el vaciamiento de todas las políticas públicas destinadas para la comunidad LGBTIQ+, sino también por los discursos de odio lanzados desde las más altas esferas del poder.
«La relación entre los discursos de odio y estos hechos es absoluta. Pasamos a estar bajo un gobierno que tiene un discurso de odio, una política muy marcada y una ideología muy marcada. Y esta ideología persigue a la comunidad LGBT, la trata de enferma mental y básicamente incita al odio», manifestó al respecto la abogada de la Federación.
Para la FALGBT, estos discursos terminan avalando la violencia. «Después se reproducen en la vida cotidiana de las personas», sostuvo. En este punto, recordó el discurso que Javier Milei dio en Davos en enero de 2025. «Si el Presidente utiliza frases como esas, hay personas que piensan lo mismo y entienden que tienen que atacar a otro o a otra que vive la vida de una manera diferente», señaló. Además, remarcó que «dos semanas después del discurso de Milei en Davos ocurre la tentativa de lesbicidio de Cañuelas» y agregó: «Desde el gobierno se envalentona a estos tipos violentos que, motivados por la discriminación y el odio, terminan ejecutando estos hechos aberrantes».
