Por Contexto
Una fiesta clandestina en una quinta de La Plata, que se promocionaba en las redes sociales como “sin límites” para recibir el 2016, terminó con una joven estudiante de la Facultad de Periodismo ahogada en una pileta, en un hecho que ya tiene a cuatro empresarios imputados por el delito de “homicidio culposo”. Además, la muerte de Yésica Emilia Uscamayta Curí también quedó en medio de graves denuncias de “coimas” contra Control Urbano de la Municipalidad, de descontrol organizativo y de contundentes acusaciones del juez César Melazo, responsabilizando al intendente Julio Garro y sus funcionarios por la realización de este tipo de eventos.
Según pudo reconstruir el fiscal Álvaro Garganta, todo ocurrió en un predio llamado “San Cayetano”, en la localidad de Melchor Romero, sobre la avenida 520 entre 159 y 160. Emilia (como le gustaba que la llamen) había concurrido al lugar en compañía de su hermano Cristian, quien descartó la existencia de “bañeros”, como se anticipaba en la invitación.
“Mi hermana no sabía nadar y le pedí que no se metiera en el sector más profundo, sobre todo porque no había guardavidas y sólo personal de seguridad en la entrada a la quinta”, contó. En medio de un caos organizativo, Emilia fue sacada de la pileta inconsciente y trasladada al hospital de Melchor Romero en un vehículo particular, pero ya era tarde. Según afirmó el hermano, la tragedia podría haber sido mucho peor, ya que pudo ver “al menos a otras tres personas que tuvieron que ser sacadas de la pileta semi ahogadas e inconscientes”, que fueron “reanimadas por algunos de los que estaban en la fiesta ante la falta de ambulancias”.
“Mi hermana no sabía nadar y le pedí que no se metiera en el sector más profundo, sobre todo porque no había guardavidas.»
Mientras se analiza cómo murió la joven en la pileta, la primera pregunta que surge en la investigación es por qué el evento se hizo si el lugar no estaba habilitado y la fiesta prohibida, según el intendente Garro.
Ahí empiezan las irregularidades. El primer hecho grave es la sospecha del pago de coimas que los mismos organizadores reconocen. Thiago Amati, promotor de la empresa de egresados Travel Rock, publicó en su muro de Facebook unos días antes: “La fiesta no se suspende, ni se cambia de lugar, ya le pagamos 20 mil pesos a Control Urbano para que nos den los permisos necesarios”. Esos “permisos necesarios” no existen legalmente. Desde Control Urbano de la Municipalidad no se hacen cargo.
Publicación en facebook: “la fiesta no se suspende, ni se cambia de lugar, ya le pagamos 20 mil pesos a Control Urbano para que nos den los permisos necesarios”.
En un comunicado no hablan de ningún pago previo y afirman que “se emitieron cuatro actas contravencionales” contra el dueño de la quinta Carlos Bellone: dos antes de la fiesta y dos mientras se realizaba (a las 4:12 de la mañana y a las 6:25). Lo que no queda claro es por qué se hicieron actas de constatación y no de clausura y desalojo, y si realmente se pagó esa coima.
Por ahora, están imputados el dueño del lugar, Carlos Bellone, Raúl Ismael García (conocido coordinador de turismo), Santiago Piedrabuena (dueño del Bar London) y Gastón Haramboure (el relacionista público que fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz de Berisso).
Otro que se sumó a las denuncias fue el Juez de Garantías platense, César Melazo, que atacó al municipio directamente por permitir que estas fiestas se hagan. Twitteó: “A las 3.59 advertí que esta fiesta ilegal estaba funcionando, la municipalidad y la policía municipal se fueron a la una cuando no había nada”, y agregó: “La muerte de esta joven debe provocar el escarmiento a los coimeros imbéciles, que nada hicieron como la policía municipal y control urbano”.
También denunció en las redes que “el que arregló coimas para dejar funcionar la droga en los boliches es un funcionario municipal, Juan Manuel, pariente de una jueza”. Se refiere a Juan Martínez Garmendia, jefe de Gabinete de Garro e hijo de la jueza Marcela Garmendia y de Luis Martínez Varela, uno de los señalados como causante de la disolución del Banco Municipal de La Plata.
Ante la gravedad de las denuncias, Garro salió a despegarse de las responsabilidades. Aclaró en su cuenta de Facebook que “solicitaremos intervenir como Particular Damnificado en la investigación, atendiendo todas las actuaciones realizadas por Control Urbano”. Sin embargo, no hizo referencia a las acusaciones contra sus funcionarios, ni aclaró cuál es su vínculo con Santiago Piedrabuena, uno de los organizadores imputados, que aparece en fotos junto al intendente en caminatas de campaña.
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QUE SE HAGA JUSTICIA
En un comunicado, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP expresó «un profundo dolor por la muerte de Emilia Uscamayta Curi».
«Emilia era estudiante de nuestra institución, y murió en condiciones que se investigan en la madrugada del 1° de enero. Acompañamos a su familia y sus allegados en este difícil momento y exigimos que se esclarezca el hecho y se haga justicia», agrega la casa de altos estudios.
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