Por Leandro Gianello
La ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fue sede el pasado fin de semana del Primer Encuentro Federal de la Coalición por una Comunicación Democrática, en el que trabajadores, pymes, cooperativas, medios populares y comunitarios defendieron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha desplazado el actual Gobierno en pos de una nueva normativa.
Bajo la premisa de la comunicación como derecho humano, los organizadores del encuentro emitieron una declaración conjunta, aprobada por unanimidad, que destaca la inclusión de los “Nuevos 21 Puntos” y el compromiso de continuar el debate por una Ley de Comunicación fundamentalmente democrática y su valor esencial en tiempos de neoliberalismo.
Este “Tercer grito de Santa Rosa” significa el lanzamiento de “una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales”, indica el documento final emitido por los organizadores.
La Coalición, que está conformada por múltiples y variados actores de diversas procedencias, “reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a Internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano”, indicaron.
De la misma manera, los referentes denunciaron a través de la misiva “la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el Gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital”.
También expresaron la “pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al Gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad”.
Los firmantes del texto replicaron la denuncia de los trabajadores de prensa “de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016”, al mismo tiempo que reforzaron la importancia “del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta”, respaldando “la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión” y defendiendo “la reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro”, que debe estar garantizada por el Estado y “traducirse en una concreta existencia de estas emisoras”.
La Coalición alertó que la fuerte tendencia a la concentración mediática que el macrismo impulsó con decretos es contraria a la democracia y que “cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores”, concluye el texto que se dió a conocer ayer.
