Este viernes, la Justicia dio lugar a una cautelar presentada por la Universidad Nacional de Pilar, frenando así la decisión del Gobierno de Javier Milei de no avanzar con la creación de cinco universidades aprobadas por el Congreso de la Nación. El Ejecutivo tendrá tres días para brindar respuestas.
Mediante una medida cautelar interina, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dio lugar a la presentación de la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Diana Wanger, prohibiéndole de esta manera al Gobierno nacional continuar con «el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales».
Esta semana, el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita la Secretaría de Educación, dictó la Resolución 45/2024 con «el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para la creación y funcionamiento objetivo» de estas universidades y comenzar con «el proceso de revisión de la puesta en marcha e inicio de las actividades académicas».
Vale recordar que el 23 de septiembre pasado, el Congreso sancionó la creación de las universidades de Delta (PBA), Pilar (PBA), Ezeiza (PBA), Río Tercero (Córdoba) y Madres de Plaza de Mayo (CABA). Es en este marco que Wanger advierte «la inconstitucionalidad de la resolución ministerial», que va en contra de la normativa sancionada.
El juez señaló en su fallo que «la resolución ministerial impugnada trasuntaría a priori la injerencia del Poder Ejecutivo en el ejercicio de facultades que se encuentran reservadas a otros poderes del Estado, en el caso de autos, del Poder Legislativo, en cuanto la Universidad Nacional de Pilar ha sido creada por la ley 27.728».
Gonzalez Charvay recordó que, acorde a la Ley de Educación Superior, «las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que solo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa», y resaltó que «el cese de tales instituciones se hará también por ley».
Asimismo se destaca el derecho a la educación, por lo que «la urgencia y peligro en la demora» dan lugar a la cautelar «por la proximidad de las fechas de inicio del ciclo lectivo universitario, habida cuenta que el pretendido ‘proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas’ del Ministerio de Capital Humano dilataría el inicio de las actividades académicas».
