El homicidio de Lucas González, de diecisiete años, por parte de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generó una fuerte conmoción a nivel nacional y puso en el centro de la escena, una vez más, el accionar de las fuerzas de seguridad. Este nuevo caso de «gatillo fácil» generó un repudio inmediato de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y la comunidad, con el agravante de un discurso de «mano dura» del que hizo gala la oposición política en la reciente campaña electoral.
Tras desarrollarse un reclamo general desde la sociedad civil en pedido de justicia, desde el Frente de Todos salieron a pedir explicaciones al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre el manejo de las fuerzas de seguridad de CABA. «Cítese al ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D’ Alessandro […] a fines de que informe sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas por la Policía de la Ciudad en los hechos que tuvieron lugar el miércoles 17 de noviembre», expresa la presentación del Frente de Todos.
Asimismo, Mario «Peka» González y Cintia López, padre y madre de Lucas, reclamaron la detención inmediata de los tres policías de la Brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Ambos son representados por el abogado Gregorio Dalbón.
«Las características de la Policía de la Ciudad hace que tengamos reiterados hechos de violencia institucional», expresó este viernes el titular de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en referencia al manejo de las políticas de seguridad de la gestión de CABA. «Policías de civil le disparan a la cabeza a un pibe de diecisiete años y lo matan. El gatillo fácil es uno de los peores crímenes, porque lo comete el Estado que te tiene que cuidar. Alentar la idea de ‘meter bala’ no es gratis. Paremos con la violencia. Justicia para Lucas», agregó el diputado electo del Frente de Todos, Leandro Santoro.
También se pronunció la agrupación política La Cámpora, que publicó un fuerte descargo en contra de las políticas punitivas y la apelación al discurso de «mano dura» como parte de un empoderamiento de la violencia policial fogoneado por la derecha argentina.
«Detrás de la fachada demagógica de la ‘mano dura’ se esconde el autogobierno policial, habilitado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Detrás del reclamo de ‘meter bala a los delincuentes’ o ‘transformarlos en queso gruyere’, la consecuencia práctica son casos como el de Lucas y como el de tantos otros jóvenes asesinados por su color de piel, su vestimenta o el barrio en el que viven», expresó la organización en su comunicado.
El mensaje hace referencia a declaraciones públicas proferidas por figuras como José Luis Espert, semanas atrás, que generaron la instalación de un discurso mediático al que otras figuras de la política decidieron plegarse en plena etapa preelectoral. La propia diputada electa María Eugenia Vidal incluso minimizó el accionar de la Policía Metropolitana al plantear el homicidio de González como un caso aislado.
«Dos balas en la cabeza de Lucas no son por ‘gatillo fácil’. Es un fusilamiento de un grupo de tareas de la Policía de CABA. Quienes integran una brigada de civil y con auto sin patente no son cuentapropistas. El responsable político se llama Horacio Rodríguez Larreta», fue el comentario realizado por el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rozanski.
Mientras tanto, desde Juntos por el Cambio decidieron profundizar el malestar ante la decisión de apartar a los efectivos policiales involucrados en el asesinato de González. «Es un mensaje muy malo» dijo la referente del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en referencia a la decisión tomada por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Asimismo, definió el episodio como un «caso confuso».
