«Rebelión fiscal»: piden el juicio político a Espert por incitar a no pagar los impuestos bonaerenses

El diputado de Unión por la Patria Gustavo Pulti presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de repudio y solicitando el pedido de juicio político: "La democracia se construye cumpliendo la ley".

El oficialismo bonaerense avanza en la Legislatura con un repudio y pedido de juicio político contra el diputado nacional José Luis Espert, por incitar a no pagar los impuestos bonaerenses. Una medida que fue respaldada por el presidente Javier Milei.

El proyecto fue presentado por el diputado provincial de Unión por la Patria Gustavo Pulti, y expresa el «repudio y denuncia la conducta del diputado nacional José Luis Espert quien convoca a los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires a incumplir con la Ley».

«La democracia se construye cumpliendo la ley», expresó el diputado provincial en sus redes sociales, luego de hacer la presentación en la Legislatura, y agregó: «Su proceder es una violación del art. 36 de la Constitución Nacional y se encuadra en el art. 230 inc. 2 del Código Penal», que establece que serán reprimidos con «prisión de uno a cuatro años, los que alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales y provinciales».

Asimismo, la medida busca que «a Legislatura ponga en conocimiento de la justicia penal los hechos» e «impulsamos en la Cámara de Diputados de la Nación el juicio político».

En los fundamentos del proyecto, se establece que «las declaraciones del diputado nacional Espert conllevan una grave carga atentatoria contra las instituciones y estructuras básicas sentadas por la Constitución Nacional», asimismo atenta «contra el sistema constitucional y democrático y violenta la expresa previsión contenida en el art.36 de la Constitución Nacional y el art. 230 inc. 2 del Código Penal».

«La conducta del diputado adquiere en nuestro marco histórico una gravedad inusitada pues traduce una de las nuevas formas destituyentes que son llevadas adelante con la exclusiva finalidad de socavar gobiernos provinciales democráticamente elegidos», concluye.


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