Por Contexto
Los asesinatos de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de 2002 en la estación de Avellaneda quedaron retratados en la cámara de un reportero gráfico y evitaron que se impusiera la idea de que la crisis causó dos nuevas muertes, como tituló el diario Clarín. El nuevo “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende regular y condicionar el trabajo de los periodistas que cubran los desalojos violentos. Por eso, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) manifestó su «profunda preocupación» ante el protocolo porque implica «un fuerte retroceso en materia de derechos y garantías de los ciudadanos».
En un comunicado firmado en la ciudad de Córdoba y titulado «El protocolo antipiquetes atenta contra la libertad de expresión», la REDCOM repudió la nueva orden para la regulación policial de la protesta social. «La historia nos enseña que el derecho a la protesta asegura el ejercicio de otros derechos y que en el desarrollo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación regidos bajo el paradigma empresarial o controlados por el gobierno al que se plantean las demandas», remarcaron.
[pull_quote_center]La historia nos enseña que el derecho a la protesta asegura el ejercicio de otros derechos y que en el desarrollo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación regidos bajo el paradigma empresarial.[/pull_quote_center]
En ese camino, explicaron que, «al criminalizar» la protesta y extender las facultades policiales para reprimir «habilitando las detenciones arbitrarias y sin prohibir el uso de armas de fuego», el Protocolo «implica entonces un serio atentado contra la libertad de expresión en Argentina».
Pero igual de grave es para la Red el intento de regulación de la tarea del periodista. «Con particular preocupación observamos la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores».
[pull_quote_center]»Con particular preocupación observamos la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores».[/pull_quote_center]
En ese camino, recordaron que, «si la actividad periodística hubiera estado ‘acorralada’ el 26 de junio de 2002, como pretende el Protocolo, no se hubieran conocido los responsables materiales de la llamada Masacre de Avellaneda».
La prescripción de una “zona de ubicación determinada” para los trabajadores de la comunicación que impone el Protocolo «implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes», culminó la REDCOM, que repudió la decisión del Gobierno de Mauricio Macri y le pidió que revea su posición. Además, convocó a otras organizaciones de la Sociedad civil a rechazarlo.
