La criminalización de la protesta social y la persecución política se endurecen cada vez más en la provincia de Río Negro. Hace poco más de una semana fue detenido de manera arbitraria y salvaje el secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, y días después también encarcelaron al titular del gremio, Rodolfo Aguiar.
Ambos quedaron alojados en la Comisaría 1ra de Viedma luego de protestar contra el “Plan Castello” del gobernador Alberto Weretilneck, un megaendeudamiento de 580 millones de dólares aprobado por la Legislatura el 24 de mayo.
Ese día, antes de la votación, los trabajadores estatales se movilizaron desde distintos puntos de la provincia, en medio de un paro 24 horas, para reclamar que los legisladores escucharan su posición sobre el proyecto, pero terminaron siendo brutalmente reprimidos.
“Supimos que algo podía pasar cuando la policía caminera paró nuestros colectivos y arrebató los listados de los compañeros que llegaban a Viedma”, dijo a Contexto Rodrigo Vicente, coordinador nacional de ATE Rio Negro, y recordó que todo comenzó en el momento en que cayeron unas vallas que no tenían sostén.
“Los efectivos de Infantería empezaron a salir como hormigas de la Legislatura y apareció una camioneta del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate). Fueron directo a reprimir a los trabajadores que se estaba replegando del lugar. Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta a las mujeres”, relató el gremialista.
El “Plan Castello” fue sancionado en medio de la represión policial y luego un juzgado requirió la captura de los principales dirigentes de ATE, a los que les imputaron el delito de “coacción agravada”.
A Capretti lo fueron a buscar efectivos de civil y lo detuvieron en la puerta de su casa sin mostrar orden judicial ni identificación alguna, como ocurría en plena dictadura. Unos días más tarde, Aguiar se presentó voluntariamente ante la justicia y lo pusieron tras las rejas.
Juan Carlos Capurro, asesor jurídico de ATE-CTA, demostró que la imputación “era ilegal e inconducente, a todas luces contraria al derecho penal”. Fue entonces cuando el juez Carlos Mussi instruyó al fiscal Juan Pedro Puntel para que recaratulara la causa, algo que también es irregular.
“Ahora estamos con una imputación donde se dice que se intentó impedir que los legisladores pudieran sacar la ley. Lo curioso es que desde el punto de vista técnico-penal no existe el intento de coacción. Se produce o no se produce. Si la ley salió, no hubo coacción y el intento no es procedente. La doctrina penal es clara en este sentido, por lo cual estamos ante un nuevo berenjenal jurídico”, subrayó el abogado.
Por su parte, Vicente consideró que detrás de esta persecución lo que hay es un intento de amedrentamiento, de “tenernos fuera de juego mediático, político y gremial”, porque el gobierno de Weretilneck “necesitaba aprobar el Plan Castello en silencio para que nadie se enterara que se estaba endeudando a la provincia por más de 8 mil millones de pesos, es decir, 9.000 dólares por cada rionegrino”.
“Esto empezó con la llegada de Macri a Viedma”, sostuvo el sindicalista al referirse a la visita que realizó el presidente en el mes de febrero, momento en el que se acordaron los términos del megaendeudamiento provincial.
“Ese mismo día fue la primera detención de nuestro secretario general y de ahí en más empezamos a tener esta suerte de persecución. Hasta los teléfonos comenzaron a funcionar de manera extraña y con interferencias. Al menos, no parece casual que cada vez que quedamos en encontrarnos en algún lugar con los compañeros, haya un operativo policial”, señaló al denunciar posibles escuchas ilegales.
Weretilneck se suma así a otros gobernadores aliados de Macri, como el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo, que pasan por encima de la democracia y el Estado de derecho en su afán de acallar el disenso y reprimir con dureza toda protesta social. Esta semana, Milagro Sala cumplió 500 días como presa política de Morales, a pesar de los reclamos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea liberada de manera inmediata. En la misma situación están otros dirigentes de la Tupac Amaru, como Nélida Rojas, detenida arbitrariamente en Mendoza.
“Hasta ahora viene siendo igual, veremos cómo actúa la justicia adicta y corrupta de Río Negro. Si lo que quieren es tener un Aguier 500 días preso, como lo está Milagro Sala, deben saber que no nos van a poder callar. Cada vez salen más a las calles porque las necesidades son muchas. Río Negro es un reflejo de lo nacional”, afirmó Vicente al referirse al desempleo, la pobreza y la precarización laboral.
Por lo pronto, desde ATE y la CTA convocaron para el próximo miércoles a una “jornada nacional de lucha” en reclamo de la libertad y sobreseimiento de los dirigentes detenidos, mientras que la seccional provincial del gremio llevará adelante a partir de ese día un paro de 48 horas.
Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE a nivel nacional, informó que la organización está “en estado de emergencia y alerta” por “la persecución política que se ha desencadenado en la provincia de Río Negro”.
“Buscan destruir a ATE y encarcelar a dirigentes como ya ha ocurrido en otros lugares del país, como parte de una medida ejemplificadora, que criminaliza la protesta social, judicializa los reclamos y se estigmatiza a dirigentes y militantes que expresan una opinión contraria a las políticas económicas del gobierno nacional y provincial”, remarcó Godoy.
