Luego del fracaso de la reunión con el Gobierno del último jueves, los gremios paran este viernes 18 y el martes 22; a su vez confirmaron la quinta marcha federal para el 15 de octubre. Docentes y nodocentes exigieron el pago del 33% de aumento salarial por ley.
El conflicto universitario sumó un nuevo capítulo de tensión. La reunión paritaria entre la secretaría de Educación y los gremios docentes volvió a fracasar este jueves luego de que el Gobierno se negara a presentar una propuesta superadora. Ante la falta de respuestas oficiales, las organizaciones sindicales paran este viernes 18 y el viernes 22, en una forma de profundizar las medidas de fuerza que vienen desplegando. Además, los rectores confirmaron la convocatoria a una quinta marcha nacional el próximo 15 de octubre, en rechazo también al ajuste que prevé el proyecto de Presupuesto 2027 de la administración libertaria en las universidades públicas y en el sistema de ciencia y técnica.
Desde la CONADU señalaron que en la audiencia no hubo ninguna oferta concreta por parte del Ejecutivo. Lo mismo ocurrió durante la paritaria nodocente, que se realizó unas horas después. De esa manera, el Frente Sindical confirmó los paros, la marcha federal y 23 días de protesta en todo el país para «sostener el conflicto y asegurar la convocatoria masiva a la marcha», expresó en un comunicado.
La ausencia de propuestas superadoras por parte de la subsecretaría de Educación Superior ahondó el malestar docente. «El 3 % que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del órden de los cuatro salarios», sostuvo CONADU.
En tanto, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le pusieron fecha a la nueva marcha federal junto con los gremios. “Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, sostuvieron en un comunicado.
En los números, el distanciamiento entre las partes es contundente. Mientras el Gobierno pretende otorgar únicamente un 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre (que ya estaba establecido por la paritaria anterior), los sindicatos exigen la recomposición adeudada por la Ley de Financiamiento Universitario, la cual ubican en un 35% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.
Con respecto al ofrecimiento del 3% para septiembre, advirtieron que ese monto no llega a cubrir ni siquiera los casi 6 puntos de inflación acumulada de junio, julio y agosto.
Continúa la motosierra sobre la educación superior
El ajuste también se traslada al Presupuesto 2027. El proyecto oficial asigna $7,3 billones para el sistema universitario, pero el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que se requieren $11 billones para cubrir salarios, infraestructura, becas y hospitales, lo que deja una diferencia de casi $3,7 billones.
La disputa atraviesa además un complejo frente judicial. El juez Martín Cormick ordenó en diciembre ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó los pedidos del Ejecutivo para frenar la cautelar vigente.
Mientras el Gobierno argumenta en los tribunales que el 3% ofrecido cumple con los fallos, los rectores, los gremios y los estudiantes exigen la aplicación plena de la norma aprobada hace más de 300 días por el Congreso. También impulsaron acciones legales contra el decreto que suspendió su ejecución, solicitando multas para los funcionarios e investigando posibles responsabilidades penales por desobediencia.
