El Gobierno busca modificar aspectos centrales del régimen de pensiones y del sistema de prestaciones, al tiempo que elimina la actualización automática de los aranceles y el carácter universal del nomenclador.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso vuelve a poner a las personas con discapacidad en el centro de una disputa por el alcance de las políticas de protección social. El texto incorpora, entre los artículos 36 y 41, modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y a normas que regulan desde hace años el sistema de prestaciones y las pensiones no contributivas.
Uno de los principales cambios alcanza a las pensiones. La iniciativa propone reemplazar el esquema establecido por la emergencia por una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece nuevas condiciones para acceder al beneficio. Además, vuelve incompatible la percepción de la pensión con un empleo formal, mientras que el régimen vigente contempla compatibilidades con determinadas formas de trabajo.
Otro punto sensible es el sistema de prestaciones. El artículo 39 modifica el funcionamiento del Nomenclador de Prestaciones Básicas y establece que sus valores dejarían de tener carácter universal. En la práctica, esto implica abandonar el principio de un arancel común para los distintos financiadores y permitir que los valores sean determinados en las relaciones entre prestadores y obras sociales, prepagas u otros obligados. También se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la inflación.
El cambio aparece mientras el Congreso discute, precisamente, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Diputados había aprobado por unanimidad el emplazamiento de las comisiones para avanzar durante septiembre con esa iniciativa. De este modo, mientras una parte del Congreso busca extender las herramientas de emergencia, el Ejecutivo propone modificar dentro del Presupuesto varios de los mecanismos que esa ley incorporó.
Las modificaciones también generaron una nueva interna dentro del oficialismo. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó que los cambios no hubieran sido discutidos previamente y sostuvo que la situación “resiente” la relación con los aliados. Desde Diputados también hubo sorpresa entre legisladores oficialistas que aseguraban estar trabajando en una propuesta diferente para el sector.
La controversia vuelve así a combinar dos planos: el impacto que los cambios pueden tener sobre las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, y las dificultades políticas que el Gobierno enfrenta para sostener su estrategia parlamentaria. Organizaciones del sector ya advirtieron que la modificación del nomenclador y del régimen de pensiones puede afectar la continuidad y el financiamiento de las prestaciones. El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 deberá ahora atravesar el debate legislativo junto con el resto del proyecto.
