El Equipo Latinoamérica de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron en informe titulado «Un ajuste que agranda la brecha de género», que analiza las partidas del Gobierno nacional en políticas de géneros, con un recorte brutal del 33 %, un ajuste incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24 %.
ELA y ACIJ detallaron que este ajuste se explica en «las partidas destinadas a protección social», con un fuerte recorte en relación con el año pasado. En 2023, el presupuesto para moratorias previsionales, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Tarjeta Alimentar y pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos, explicaron el 85 % del presupuesto con perspectiva de género ejecutado. En lo que va del año se produjo una fuerte caída de la ejecución de los programas del sistema previsional: -45,5 % en pensiones no contributivas y -38,5 % en moratorias.
«Ni siquiera hubo un aumento de las partidas de aquellos programas que el gobierno identifica como claves para paliar las consecuencias de las políticas económicas: las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) cayeron un 4 % en términos reales respecto al primer bimestre de 2023 y las asociadas a la Prestación Alimentar no variaron», detallaron.
El informe también pone el foco en el programa de Infraestructura del Cuidado, a través de la cual se planifican y ejecutan obras destinadas a infancia, salud, género, juventud, personas mayores y personas con discapacidad. De este programa dependen también la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad. En lo que va del año «no ejecutó ningún recurso», mientras que «el programa destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles apenas ejecutó $28 millones, un 98 % menos que en los mismos meses de 2023».
El mayor recorte está en el gasto destinado a políticas contra la violencia por razones de género. Allí, el programa Formulación de políticas contra la violencia por razones de género, del cual dependen Acompañar (destinado a brindar asistencia económica a quienes sufren violencia de género) y la Línea 144 (que asiste y recepciona denuncias), cayó su ejecución en un 65 %. A esto agregan que la actividad de protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la justicia del Ministerio de Justicia tan solo ejecutó 530.000 pesos durante 2024. Finalmente el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata no tuvo ejecución.
Otro punto está en las políticas del trabajo, sobre todo en aquellos sectores más postergados, como quienes perciben el Potenciar Trabajo, siendo dos tercios de los beneficiarios mujeres. Este programa experimentó una reducción del 71 % en términos reales en comparación con el mismo período de 2023. Vale recordar que este martes las organizaciones sociales se movilizaban en reclamo no solo de alimentos para comedores y obras para los barrios, sino también para denunciar las bajas indiscriminadas en este programa.
Además, el programa Registradas, diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y fomentar su acceso y permanencia en el empleo registrado, si bien sigue teniendo presupuesto asignado, fue eliminado.
Las mujeres, la cara de la pobreza
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentado para el Día Internacional de la Mujer, en Argentina hay una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza, siendo el 63 % de las personas con menores ingresos; con una tasa de actividad 18,4 % menor que los hombres; una informalidad 2,9 % mayor en mujeres y una brecha salarial de hasta el 26,4 % en el mercado informal y 15,7 % entre el sector formal. A esto se le suma que las mujeres destinan tres horas más por día al trabajo no remunerado que los varones, es decir, a las tareas del hogar.
