Este miércoles se reunirá desde las 12 el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores para tratar el denominado proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa malvinera de Javier Milei, que llega a Diputados en medio de las críticas de la oposición y los reparos de las asociaciones de excombatientes.
Con un plenario con tres presidencias de La Libertad Avanza, el proyecto comienza un recorrido que el oficialismo espera que sea breve. La intención de Milei es que la semana próxima, a más tardar el 5, se llegue a un dictamen y que un día después entre al recinto. Así las cosas, el Gobierno busca sumarse un triunfo en un tema de gran impacto.
La iniciativa contempla 133 artículos y va más allá de un reclamo sobre Malvinas. El texto propone derogar la Ley 26.659 para establecer un nuevo régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales en territorios y espacios marítimos sin autorización del Estado, con castigos que contemplan prisión, multas e inhabilitaciones para operar en suelo argentino. Esta medida alcanza a empresas, accionistas y proveedores.
La otra pata del proyecto es la que genera más controversia en la oposición. El Gobierno propone la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, encabezado por el Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el Presidente e integrado además por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
En este marco, se propone modificar la Ley de Defensa Nacional, con una ampliación del concepto de Defensa. La iniciativa incorpora los “riesgos, amenazas y desafíos” provenientes del exterior, tanto estatales como no estatales, y suma entre los objetivos la protección de las infraestructuras críticas —es decir, centrales eléctricas, redes de energía, telecomunicaciones, aeropuertos, entre otras estructuras, a las que podrían sumarse centros de datos privados como por ejemplo Palatir—.
A la vez, establece nuevos escenarios para la intervención de las Fuerzas Armadas, como misiones de paz, asistencia humanitaria, apoyo a otros países y ayuda a la comunidad. Asimismo, da fuerza de ley al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Por otro lado, la iniciativa crea un régimen específico para la protección y el control de los espacios aéreo, marítimo y fluvial. El proyecto asigna funciones a las estructuras militares y de seguridad para detectar, identificar, interceptar e intimar a aeronaves y embarcaciones consideradas irregulares u hostiles y establece que, en caso de ser necesario, podrán actuar mediante el uso de la fuerza.
“Un caballo de Troya” para modificar el Sistema de Seguridad Nacional
Estos puntos son los que generan las mayores críticas. “Son cosas muy distintas que las metieron juntas. No tienen nada que ver”, cuestionó el diputado Jorge Taiana. “El Consejo de Seguridad está todo menos el Ministerio de Seguridad, es una cosa original”, ironizó.
Taiana cuestionó además el régimen de sanciones previsto para las empresas que operen en Malvinas. Aunque el proyecto contempla hasta penas de prisión, también establece mecanismos de desistimiento y regularización para quienes abandonen esas actividades. “Tienen sanciones muy severas pero todas tienen una vía de escape. Son la nada misma”, manifestó el excanciller.
Una postura similar tomó el diputado Agustín Rossi. “Es una ley ómnibus porque se introducen varios temas en un mismo proyecto. Veo una trampa clara: pretenden incorporar el Consejo de Seguridad Nacional en el marco del aumento de penas para las empresas que realicen actividades económicas con permiso en las Islas Malvinas”, sostuvo el exministro de Defensa.
“Se trata de una trampa del Gobierno para modificar el Sistema de Seguridad Nacional por vías indirectas”, aseguró.
Rossi explicó que el modelo de Consejo de Seguridad está basado en el de Estados Unidos, “un país que está permanentemente en guerra”. “Crear una estructura permanente de estas características implica concentrar facultades que ya estaban previstas en el ámbito del Ministerio de Defensa”, aseguró. En este marco, el diputado sostuvo que esta delegación de facultades equivaldría a exigir “un estado de sitio preventivo para el Consejo de Seguridad Nacional”, mediante el otorgamiento de “atribuciones discrecionales”.
El diputado Juan Marino calificó, por su parte, como un “caballo de Troya” al proyecto y aseguró que se trata de “una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas”.
Asimismo, advirtió que este “registro de organizaciones y personas denominadas ‘terroristas’ se eleva a ley, con inscripción por ‘motivos razonables para sospechar’ y sin causa penal”. Alertó que “con la sola inscripción se congelan los bienes, sin orden judicial previa, y el artículo 126 garantiza impunidad a quien los congele, aunque después se demuestre que no correspondía. A eso se suma un nuevo delito, con penas de 5 a 12 años de prisión, por ‘manipular la opinión pública’ con financiamiento extranjero”.
Marino destacó que el proyecto también “integra radares de otros países al sistema nacional, permite instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción y habilita la coordinación con Estados extranjeros sobre nuestro propio territorio. Es decir que no es una ley de defensa de la soberanía: es la ley que convierte el plan continental de Trump y Rubio en legislación interna”.
Excombatientes también se sumaron a las críticas
Desde la famosa cadena nacional de Javier Milei hasta acá, los excombatientes de Malvinas mostraron sus reparos sobre las intenciones presidenciales respecto de la soberanía de las Islas. Al conocerse la letra del proyecto, no dudaron en hablar de una “utilización de la cuestión Malvinas” para otros intereses.
“El Consejo de Seguridad Nacional es el elefante escondido en la calle Corrientes”, manifestaron desde el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM). “Esto constituye una reedición de la doctrina de la seguridad nacional. Barre los límites democráticos y constitucionales que separan seguridad interior de defensa”, señalaron en un comunicado.
“De aprobarse esto, Milei pasa a ser un superpoderoso, un leviatán sin frenos y límites con los que podrá perseguir opositores bajo un puñado de hipótesis que generan desde las usinas de inteligencia”, sostuvieron.
Para el CECIM, esto “pone en jaque los acuerdos democráticos que supimos conseguir”, por lo que llamaron “a la población, a las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos a tomarse esto muy en serio”.
