La causa que investiga a la red criminal que operaba en la zona roja al momento de la desaparición y muerte de Johana Ramallo tuvo, tras tres semanas, una nueva audiencia virtual con tres testigos, entre ellos trabajadores del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, quienes reconstruyeron las entrevistas realizadas en septiembre de 2022 a mujeres víctimas en la causa.
Vale recordar que la causa tiene actualmente ocho imputados: Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari, “El Ruso”; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos están acusados de integrar una organización criminal, aunque con diferentes cargos que incluyen comercio de estupefacientes, explotación sexual, encubrimiento agravado y falso testimonio.
El primer testigo fue la expareja de una de las víctimas, quien no aportó demasiados datos. Dijo haberla conocido por el centro y por la zona roja, pero, a pesar de estar dos años en pareja, no sabía qué hacía de su vida. Sobre Johana, sostuvo que no la conocía, al igual que a los imputados, de los que también se le exhibieron fotos.
Ante este escenario, le leyeron parte de su testimonio de hace 9 años ante la dependencia policial, donde mencionó a su expareja, que una vez Johana fue a su casa y que conocía a uno de sus hermanos. Dijo no recordar nada de eso. “No la conocía yo”, reiteró. “Nunca la vi”, sostuvo.
Convocados por la Fiscalía, prestaron testimonio dos trabajadores del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que entrevistaron en septiembre de 2022 a otras víctimas, quienes señalaron directamente a dos de los imputados.
Uno de ellos entrevistó en esa oportunidad a V., detenida en Florencio Varela e imputada por el caso, quien logró ser absuelta al comprobarse que fue víctima de los imputados, centralmente de Mirko Galarza Senio, con quien tenía una relación sexoafectiva. V. ya declaró en la causa, audiencia en la que detalló las amenazas que recibía por parte de su pareja, entre ellas el uso directo de un arma.
Según el relato del antropólogo social que participó de la entrevista a V., Galarza Senio se fue a vivir con V. y otras dos víctimas, A. y N., esta última ya fallecida, a una casa del barrio Cabezas, ubicado entre el límite de Berisso y Ensenada. “A partir de ahí empieza mi calvario”, le dijo ella al profesional, según recordó.
El testigo explicó que, si bien las tres estaban en una situación de vulnerabilidad y ejercían la prostitución, la llegada de Galarza Senio hizo que esto “cobre otra dimensión y empieza a ser para terceros”, al tiempo que se introduce la venta de drogas. En este marco, también aparece en escena un hombre mencionado como Carlos, quien, a través de Mirko, les exigía lo recaudado.
“Ella menciona que Mirko la tomaba del cuello, que la desesperaba para que vaya a prostituirse”, recordó y agregó que también entra en juego “otro indicador que era el nivel de adicción de ellas”. En este marco, los estupefacientes que consumían debían pagarlos, pero, en caso de no cumplir, se les generaba una deuda donde la prostitución era parte del pago.
Además de los golpes y la coerción, había intimidaciones. “Estas amenazas estaban referidas también a Carlos. Decía que era el que mandaba en el barrio, decía que las iba a echar de la casa”, explicó el antropólogo, quien también detalló que hubo amenazas de muerte. “El temor estaba presente en las tres”, concluyó.
Finalmente, declaró una psicóloga, también integrante del Programa de Rescate. Según detalló, las tres mujeres padecían diferentes situaciones de vulnerabilidad y todas culminaron “en el sistema de prostitución. Se conocen ahí”.
Tras la mudanza de Galarza Senio, la “situación se va agravando y son obligadas por Mirko y Carlos, mediante amenazas, a la venta de estupefacientes”.
La psicóloga, quien también intervino en 2022, explicó que “Mirko las amenazaba directamente y usaba a Carlos como amenaza” para el desalojo del hogar, al tiempo que la coerción también se aprovechaba de su situación de consumo. “Si la venta de estupefacientes no alcanzaba con lo que le debían, debían prostituirse para llegar con el dinero que debían dar”, detalló.
La profesional indicó que, a raíz de estas entrevistas, arribaron a la conclusión de que las tres atravesaban una historia de vulnerabilidades previas y que fueron “captadas para tener un rédito económico a través de este aprovechamiento”, sostuvo. “Era trata con fines de explotación”, concluyó.
