Por Alejandro Palladino
Desde que asumió Julio Garro como intendente de la ciudad de La Plata, los inquilinos de la capital bonaerense quedaron sin el acceso a la política pública de asesoramiento legal que brindaba la Oficina Municipal de Atención a Inquilinos y Consorcistas (OMAIC), creada por la Ordenanza 10.859, sancionada por el Concejo Deliberante en 2011 para defender los derechos de quienes deben alquilar.
La Asociación de Inquilinos Platenses denunció el vaciamiento de la política. “El municipio no nos dio ni un sí ni un no en cuanto a la continuidad del trabajo, y ahora no hace ningún tipo de difusión sobre su funcionamiento”, dijo a Contexto Estela Fernández, integrante de la organización, quien agregó que las actividades en la oficina son nulas.
“Nos dimos cuenta de que políticamente no tenían interés en que sigamos funcionando ahí. Más allá de las diferencias ideológicas que tenemos con el municipio, no queríamos que la oficina se cierre porque era un espacio que habíamos logrado y que está creado por ordenanza”, añadió Fernández. Y agregó: “No les interesan las necesidades de los vecinos inquilinos porque tienen negocios con el mercado inmobiliario, que acompaña a Garro desde la campaña”.
Desde fines de 2011 hasta diciembre de 2015, la OMAIC funcionó los cinco días de la semana en la Dirección de Mediación Comunitaria y Vecinal ubicada en 47 entre 12 y 13, dependiente del municipio y dedicada a destrabar conflictos vecinales. Allí, los inquilinos recibían información por parte de la Asociación de Inquilinos Platenses, quienes trabajaban ad honorem, por lo que el único gasto para el municipio era el espacio físico otorgado y los insumos elementales.
«No les interesan las necesidades de los vecinos inquilinos porque tienen negocios con el mercado inmobiliario, que acompaña a Garro desde la campaña.”
La postergación de arreglos de los hogares, los atropellos de las inmobiliarias y propietarios en los contratos y la desinformación habitual de los inquilinos, sumado a los fuertes aumentos en los precios de los alquileres y las expensas –de entre un 35 y un 40% para los contratos de este año–, eran algunos de los reclamos que se atendían. Para la resolución de estos temas, la ordenanza obliga a las inmobiliarias a exponer en sus páginas web todos los requisitos para alquilar y la normativa que regula el funcionamiento de las pensiones.
Ante las reiteradas consultas de los inquilinos y la inacción total de la gestión de Garro, la Asociación de Inquilinos Platenses trasladó la atención, de manera autogestionada, al Centro de Estudios Culturales de diagonal 74 entre 5 y 6, los martes de 13 a 15 hs. Allí funciona desde julio cobrando un bono de contribución.
En una reunión que tuvo la AIP con el secretario de Gobierno de Garro, Nelson Marino, el funcionario afirmó que el fin de la política “fue decisión del intendente”, sostuvo Fernández.
Desde la organización, que se sumó a los dos ruidazos contra los tarifazos del Gobierno nacional, afirmaron también que las demandas de los inquilinos en las últimas semanas se intensificaron debido a cómo el cuadro económico de tarifazos e inflación afecta el bolsillo de los trabajadores. Para consultas, API recibe mensajes al mail inquilinoslaplata@gmail.com.
