Por Maximiliano Ceci
“Este juicio tiene una gran importancia y singularidad. Es único en el país y nosotros somos privilegiados y tenemos una enorme responsabilidad. Es un juicio que atraviesa y traza varias situaciones de manera horizontal, que muestra cómo funcionó la represión en la región», dijo el fiscal general Miguel Palazzani en alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, en el juicio que se le sigue a veintitrés ex miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerense por crímenes de lesa humanidad. El turno de los fiscales para alegar continuará el próximo 24 y 25 de agosto.
“No solamente aquí vemos y mostramos los centros clandestinos que funcionaron en Bahía Blanca, sino que también estamos viendo que es un juicio que va a poner en cuestión la identidad de otra ciudad cercana, que es Punta Alta», agregó Palazzani en el debate que juzga los crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura Naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
De los 66 casos que están en la causa, trece personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas.
Por su parte, el fiscal José Nebbia brindó detalles sobre el centro clandestino de detención ubicado en la base de Infantería Baterías, ubicada en proximidades de Puerto Belgrano y de la localidad de Punta Alta. «Los pies de los detenidos permanecían siempre con grilletes o cadenas, una práctica característica de la Marina, y lo mismo ocurría en la ESMA», expresó el fiscal, y agregó que, en el caso de las manos, «estaban sujetas con esposas o sogas, métodos que producían un dolor constante y generaban lesiones en las manos y tobillos de los secuestrados».
«Estamos entrando en el tramo final de los testimonios de la causa Armada, donde habrá testigos ofrecidos por la defensa», dijo el fiscal José Nebbia.
En el expediente hay 66 víctimas, de las cuales doce personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, como el ahora desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano, y de la Base de Infantería de Baterías, jurisdicción de la Armada, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
Complicidad Civil
“El rol de La Nueva Provincia ha sido tan cardinal, como ustedes mismos lo han señalado, señores jueces, y han dado cuenta en aquella histórica primera sentencia que es imposible silenciar. Hemos escuchado a lo largo de este juicio cómo víctimas y familiares hicieron constante referencia al papel desplegado por el clan Massot en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra, como bien lo dijeron ustedes”, dijo Nebbia en los alegatos que se llevan a cabo en el marco de la causa 1.103 caratulada «Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)».
A su vez, el fiscal Palazzani se refirió al juez bahiense Néstor Luis Montezanti, acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina, que fue citado para prestar declaración frente al Tribunal Federal y al Consejo de la Magistratura. “Tenemos (en estos juicios) a una persona que revistió en el Destacamento de Inteligencia 181, vamos a ver qué función cumplió el Destacamento de Inteligencia 181 como cabecera de la comunidad informativa al momento de abordar esa responsabilidad, en momentos que este Ministerio Público está imputando justamente a ex personales civiles de Inteligencia, que justamente o precisamente integra y es factótum de la producción académica de la Universidad Nacional del Sur”.
«El juicio lo presencian muchas personas, muchas personas jóvenes, y la verdad que es el tercer juicio en el ámbito universitario, en el ámbito de la UNS, que ha sido especialmente castigada y atacada por el terrorismo de Estado, y en el marco de que la única producción académica del Departamento de Derecho de esta Universidad es justamente un libro de quinientas páginas que deslegitima estos juicios”, expresó Palazzani en referencia al libro La receptación de los delitos de lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina, que publicó la Editorial de la UNS en 2014.
