Lo ocurrido ayer en el ingreso al edificio de la AFSCA constituyó una postal que se creía olvidada, y que quizás fuera desconocida para muchos de los jóvenes empleados del organismo. Por orden del interventor militante PRO, Agustín Garzón, pese al dictamen judicial y la medida de no innovar, se produjeron despidos de trabajadores.
La escena fue dantesca. La fila se extendió desde Suipacha 765 doblando por calle Córdoba. Custodiado por efectivos de infantería de la Policía Federal, apostados allí desde temprano con sus pertrechos de “contención”, el ingreso se dio lentamente mientras empleados de seguridad, listas en mano, comunicaban a los empleados si seguían o no bajo esa denominación. No hubo explicación alguna para ellos.
el ingreso se dio lentamente mientras empleados de seguridad, listas en mano, comunicaban a los empleados si seguían o no bajo esa denominación. No hubo explicación alguna para ellos.
En ese marco, los despedidos ni siquiera pudieron ingresar al edificio a buscar sus pertenencias. La mayoría esperó que compañeros que sí pudieron ingresar les bajaran sus cosas de las oficinas en las que solían ir a trabajar a diario.
Dado que no hay una explicación oficial para los empleados cesanteados, la incertidumbre está a la orden del día y los despidos podrían continuar. Hoy, el Boletín Oficial de la Nación publicó distintas resoluciones de la intervención macrista, despidiendo a directores del organismo y a la totalidad de los coordinadores regionales encargados de las distintas delegaciones que AFSCA tiene a lo largo del país.
Dado que no hay una explicación oficial para los empleados cesanteados, la incertidumbre está a la orden del día y los despidos podrían continuar.
Todo esto ocurre a pesar de la medida precautelar dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, quien “congeló” la situación del organismo al 29 de diciembre impidiendo que la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo tome medidas de estas características. Para el magistrado, “vamos hacia un Estado totalitario, en donde todas las funciones parecen estar concentradas en un solo Poder, socavando un principio básico de la República, como es la división de Poderes”.
Por su parte, el diputado nacional Adrián Grana presentó ayer una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña, y todos aquellos ministros que firmaron el DNU 267/2015, que desconocieron la orden judicial. De acuerdo con lo publicado en su cuenta de Facebook, “la denuncia contra las autoridades nacionales fue presentada ante el juez federal en lo Penal Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, por los delitos de desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial”.
