Por Gabriela Calotti
“Entre el 10 de diciembre de 2015 y principios de noviembre de 2016, el Gobierno de Cambiemos totalizó 259” muertes por represión policial e institucional, equivalente a “una muerte cada 25 horas”, superando la cantidad de casos de los Gobiernos democráticos desde 1983, denunció el viernes la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) al presentar su pormenorizado Informe 2016 en un acto en Plaza de Mayo.
“La única categoría en la que Macri todavía no le ganó a los demás es en muertos en represión de movilizaciones y manifestaciones porque afortunadamente no hemos tenido hechos de esa naturaleza este año”, afirmó a Contexto María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora, antes de ser enfática: “En todo lo demás, Macri le ha pasado el trapo a todas las gestiones anteriores”.
La COPRREPI se tomó la tarea de calcular la cantidad de días gobernados por Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Saúl Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001), Eduardo Duhalde (2001-2003), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y las muertes ocurridas por día para determinar una unidad que puso a Macri primero en la lista.
“Este año ha sido el momento de mayor avance de la represión estatal desde 1983”, subrayó Verdú. Y aunque aseguró que “siempre fue creciente desde el 83 hasta hoy en todas las modalidades, un crecimiento como el que tuvo este año yo no lo vi nunca”.
En concreto, de los casos recogidos desde el 10 de diciembre de 2015 hasta principios de noviembre, tomando el universo de varones y mujeres, el 47% corresponde a gatillo fácil y el 39% a muertes en cárceles o comisarías
“La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”, afirma el documento de 27 páginas.
Ahora bien, si solamente se toma el universo víctima mujer, el 66% son femicidios, el 19% gatillo fácil y el 10% muertes en cárceles o comisarías. Según Verdú, en este punto, “el dato potente” es que de los 481 casos de víctimas mujeres registrados en total en el archivo, 291, es decir el 66%, fueron femicidios “cometidos por las fuerzas de seguridad”.
“Más de dos tercios del total de personas detenidas por la Policía en todo el país son víctimas de la facultad policial de detener personas ‘para identificar’ o ‘averiguar antecedentes’, y de la aplicación de los códigos de faltas o contravenciones, que penan como delitos conductas que no lo son (desorden, merodeo, escándalo, grafitear, etc.)”, sostiene el documento.
La CORREPI advierte también que “desde el inicio de esta gestión se intensificó la militarización de los barrios, con un impresionante aumento de uniformados de todos los colores y una fuerte campaña de reclutamiento” en los “distritos con más potencialidad de que estalle el conflicto social” por las medidas de ajuste económico, empobrecimiento y tarifazos impuestos por Macri y sus funcionarios.
En términos geográficos, menciona puntualmente el conurbano bonaerense, Mar del Plata y el Gran Rosario, y subraya que así se ve en el presupuesto impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal que para 2017 prevé un aumento del 74% en los recursos para seguridad en comparación con 2015.
La ONG empezó a relevar todos los casos de violencia institucional a raíz de la muerte por torturas en la cárcel de Caseros de Rodolfo “Fito” Ríos en noviembre de 1992. Estas muertes no se producen en un “mano a mano donde el cana tiene mejor puntería, sino que son casos considerados como política represiva estatal”, es decir, muertes por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, desaparecidos y femicidios.
Respecto del perfil de las víctimas, Verdú aseguró que “es exactamente igual como lo es desde hace 32 años”. “El blanco del gatillo fácil es un varón joven y pobre y lo mismo ocurre con las muertes bajo custodia, sólo que ahí es un poquito mayor el promedio de edad”.
“El fusilado por el gatillo fácil tiene entre 15 y 20 años y el muerto en comisarías y cárceles tiene entre 17 y 25 años, pero el segmento de edad de 15 a 25 años es el 49% (de los casos) y si le agregás hasta 35 años ya pasaste el 85%” de los casos, precisó la letrada.
El informe que consta de diez capítulos más la lista de personas asesinadas por el aparato represivo desde 1983 arranca con un capítulo titulado “Los globos de la revolución de la alegría están inflados con ajuste y represión”, junto a una foto de Mauricio Macri y de Gabriela Michetti, su vicepresidenta, bailando y cantando en el balcón de la Casa Rosada el día de su investidura, el 10 de diciembre de 2015.
“En diciembre de 2015, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, la derecha más conservadora llegó al gobierno por la vía institucional. Por primera vez, también, una misma fuerza política concentró en sus manos el poder de fuego de las fuerzas federales (PFA, gendarmería, prefectura, PSA), los servicios de inteligencia federales, el poderoso aparato bonaerense, el de la CABA, y las provincias, como Mendoza y Jujuy, gobernadas por sus aliados radicales”, empieza ese capítulo, al subrayar la estrategia del nuevo Gobierno de armar “un comando unificado para la represión”.
Según un índice por millón de habitantes, las provincias que registran más casos son Santa Fe y Tierra del Fuego. Buenos Aires está quinta en la lista. No obstante, Verdú aclaró “que la diferencia entre una jurisdicción y otra es mínima”, y en general “la situación es pareja en todo el país”. “Por eso decimos que se trata de una política de Estado”, sentenció la abogada.
Ahora bien, si se mira en cantidad absoluta de casos, Buenos Aires es indiscutiblemente la primera, con 2.254, seguida por Santa Fe con 569, Córdoba con 377, CABA con 342 y Tierra del Fuego con 22.
Por fuerzas de seguridad, las Policías provinciales se quedan con el 57,40% de los casos, los servicios penitenciarios con el 25,42% y la Policía Federal Argentina con el 10,26%.
En ese sentido, el informe precisa que las primeras medidas del Gobierno de Cambiemos y la UCR en materia represiva fueron el decreto que declaró la emergencia nacional en seguridad, que define como “delito complejo y crimen organizado” a varios delitos usados en general para la persecución política. Permite el derribo de aeronaves, lo que naturalmente implica la ejecución sumaria de sus tripulantes y pasajeros, y autoriza la convocatoria de personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria como parte de su política de reclutamiento.
“La segunda medida del macrismo en materia de represión fue el Protocolo de Actuación de Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, conocido como el “Protocolo Antipiquetes”, que “fue derrotado” por la “inmediata reacción” de organismos de derechos humanos.
Frente a ello, el macrismo y sus aliados en el poder han ido impulsando diversas leyes “dirigidas a reprimir mejor”, como la Ley de Flagrancia y la Ley que contempla la figura del agente encubierto o el informante.
“Dado que la diferencia entre organización popular y organización criminal es una simple cuestión semántica definida por policías, jueces y fiscales, es claro el peligro concreto para los sectores organizados de la clase trabajadora”, advierte el informe de la CORREPI.
La detención arbitraria e ilegal de la dirigente social e indígena Milagro Sala en Jujuy y los sucesivos hechos represivos e intimidatorios ocurridos en estos meses en Jujuy ponen en evidencia la dirección represiva de Macri, y en este caso el gobernador radical de esa provincia, su más fiel aliado Gerardo Morales.
En ese marco ideológico se inscriben las palabras del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, cuando reivindicó a la dictadura y puso en duda la existencia de 30.000 desaparecidos. Ni hablar de cuando el propio Macri, con el mayor desdén, dijo a una periodista extranjera al ser interrogado sobre la cifra de desaparecidos: “No tengo idea, no sé, es un debate en el cual no voy a entrar”.
Según el archivo general actualizado de la CORREPI, desde 1983 hasta ahora, las diversas modalidades de represión policial e institucional se cobraron la vida de 4.960 personas. En el mismo periodo, 97 integrantes del aparato represivo estatal y paraestatal fueron condenados en juicios en los que intervino esta organización a 1.110 años y cinco meses de prisión.
“Desde el inicio de esta gestión hubo permanentes iniciativas judiciales, ejecutivas y legislativas diciéndole a la cana, a la gendarmería y a la prefectura ‘vaya y haga lo que tenga que hacer’”, sostuvo Verdú.
“Hay un dato que es bien casero pero exacto para definir la etapa en la que estamos. Hasta el año pasado, CORREPI recibía de dos a tres consultas semanales de gente que había sufrido algún tipo de detención arbitraria, que le habían pegado en la calle, que había pasado algo en la calle con la Policía y llamaban para preguntar qué hago. Hoy estamos en dos a tres por día. Estamos hablando de siete veces más”, subrayó la abogada.
