Por Alejandro Palladino
Días atrás, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. La iniciativa de Mónica Macha, senadora por el FpV, suspende por un año las medidas judiciales que ordenan el desalojo de familias que vivan en asentamientos o villas inscriptos en el Registro Público creado por la Ley 14.449. En segundo lugar, incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires un artículo por el que obliga al Poder Judicial a que, previo a tratar cualquier tipo de desalojo, establezca canales de diálogo con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia para evitar casos de violencia policial, como ha sucedido en reiteradas ocasiones en los últimos años.
El proyecto de ley comenzó a ser gestado un año y medio atrás. La propuesta de Macha fue acompañada por el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat del que forma parte y luego se sumaron organizaciones sociales, políticas y académicas.
“La realidad es que hoy, en este contexto político, la ley tiene otra relevancia. Si había un momento justo para tener esta ley, es justo ahora”, dijo Macha a Contexto, en referencia a la crisis de la economía producto de las políticas de libre mercado de la alianza Cambiemos, que castiga de manera más aguda a los sectores más desprotegidos.
En una primera instancia, el proyecto preveía una suspensión de dos años de los desalojos, que daba más tiempo para relocalizar a las familias que queden a la intemperie. En el senado, para consensuar con los otros bloques su media sanción, el FpV aceptó una modificación que acorta a un año ese lapso. Los principales promotores de esa reducción fueron los senadores de Cambiemos.
Para que las familias no sean desalojadas, los asentamientos o villas deben estar inscriptos en el Registro Público creado por la Ley 14.449, donde se sistematiza la información para aplicar políticas de integración sociourbana que esa normativa establece.
Soledad Arenaza, abogada especialista en derecho al hábitat de la Universidad Nacional de Lanús y asesora de la senadora Mónica Macha, dijo a Contexto que la ley “es un resguardo que permite a la gente garantizar la seguridad de la tenencia de esos barrios”.
Arenaza resaltó que la ley obliga a la Justicia a no ser el único Poder que dictamine qué hacer frente a un eventual desalojo: “La razón de esto tiene que ver con que muchas veces los jueces tramitan desalojos y no dan aviso al Estado, y así se producen desalojos violentos. La ley genera un canal de comunicación que es obligatorio, y eso establece un canal de comunicación entre la Justicia y la política para que la política resuelva este tipo de problemas en el territorio sin acudir necesariamente a la violencia, sin que manden a la Policía para que cumpla una orden judicial”.
Casos recientes de desalojos en la provincia
A principios de octubre, la Policía bonaerense desalojó de manera violenta a treinta familias del barrio El Vivero de la Matanza, quienes vivían allí desde hace quince años, por orden de Mary Mabel Castillo, del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial La Matanza. Sus viviendas fueron demolidas por topadoras y quedaron en la calle. La CTA denunció que no se tuvo en cuenta el pedido del Fiscal Federico Raúl Pedro Russo, de la Fiscalía Nº 3 de Gregorio de Laferrere, para generar una instancia de mediación.
En mayo del año pasado en Abasto (La Plata), la Bonaerense irrumpió al amanecer en un predio poblado por familias con balas de goma y topadoras. Casos similares hubo en Merlo y Moreno. En San Isidro, en 2014, al intendente Gustavo Posse se le ocurrió mediante una ordenanza darles dinero a los vecinos de un asentamiento que buscaba erradicar, con la condición de que abandonen el municipio o la provincia.
