La ansiedad de Juan José Aranguren por aplicar un nuevo tarifazo del 40% en las boletas de gas lo llevó a adelantarse a los plazos estipulados por las normas establecidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó un recurso en la Justicia por considerarlo inconstitucional.
En diálogo con Contexto, el director del Cepis, Mariano Lovelli, sostuvo que “en esta última causa sólo estamos cuestionando el momento de inicio del nuevo tarifazo”, y explicó: “Hicimos un amparo en el cual planteamos la inconstitucionalidad de la vigencia del aumento a partir del 1º de abril porque, según la normativa vigente y el marco regulatorio del gas, los aumentos estacionales como este deben ser el 1° de mayo o el 1° de octubre”.
En ese sentido, dijo que el gobierno, sin derogar ninguna de las normas vigentes, decidió anticipar “de manera ilegal” el cobro al primer día de abril, lo que contradice lo establecido en el Anexo B del Decreto 2.255 de 1992, denominado “Modelo de Licencia de Distribución de Gas – Reglas Básicas”, que establece que “los ajustes serán estacionales, abarcando los períodos del 1º de mayo al 30 de septiembre de cada año, y del 1º de octubre al 30 de abril del año siguiente”.
El director del Cepis –que en 2016 logró frenar el primero de los tarifazos dispuestos por el gobierno por la irrazonabilidad del aumento y la no realización de audiencias públicas en las que el Estado, las empresas y los consumidores pudieran expresarse– afirmó, por otra parte, que “la razonabilidad de los aumentos de tarifas la estamos cuestionando en otra causa que se tramita en Junín, en una acción colectiva que presentamos en la que también intervienen varios municipios”. “En la actualidad se está por abrir a prueba el expediente, es decir, que se confirme si el precio del gas es razonable o no, y a su vez estamos resolviendo algunas cuestiones de competencia, porque el Estado nacional objetó que esto se debía tramitar en el Fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal”, agregó Lovelli.
Durante la última audiencia pública que se realizó para discutir el aumento del gas, la asociación civil había denunciado que “el Poder Ejecutivo Nacional se burla de la participación ciudadana”, y que “estas audiencias se realizan de manera obligada, sesgada, sin las publicidades necesarias, con poca e inadecuada información para que los usuarios y consumidores puedan involucrarse en el proceso de toma de decisiones”. Además, criticó el carácter abusivo de las subas en el gas y manifestó que, en relación con 2015, “los aumentos para los usuarios residenciales habrán sido de entre el 756% y el 1.027%”.
“Es toma de ganancias sin inversión”, dijo Lovelli a este medio, y expresó: “Pensemos que en un año la producción de gas aumentó un 0,7% y las tarifas aumentaron 112%, es decir que no hay ninguna relación entre mayores tarifas y mayor producción; hay toma de ganancias, nada más”.
Capitalismo de amigos
Por otra parte, el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad se refirió a la información que difundió ayer el diario Pagina/12 a raíz de una investigación realizada por Federico Basualdo que detalla que las cuatro distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires son controladas por un solo empresario, el financista Rogelio Pagano, a través de Desarrolladora Energética S.A.
“Este marco de concentración de negocios y de dueños amigos del poder no es nuevo, ya lo veníamos advirtiendo»
Eden, Edes, Edelap y Edea son controladas por un solo empresario sin que los gobiernos provincial y nacional objeten la conformación de ese verdadero monopolio de las distribuidoras de luz que viola las normas vigentes.
“Son liberales del pico, después aplican capitalismo de amigos”, dijo sobre este punto Mariano Lovelli, y manifestó: “Este marco de concentración de negocios y de dueños amigos del poder no es nuevo, ya lo veníamos advirtiendo, como ha pasado con todas las operaciones que Marcelo Mindlin ha llevado a cabo en cuestiones que no sólo tienen que ver con el mercado eléctrico, sino con otras actividades tangibles para el Ejecutivo”.
