Por Florencia Abelleira
Hace un mes y medio, quinientas familias empezaron a instalar carpas, a construir casillas con lo que tenían a mano, en las cincuenta hectáreas que van de 520 a 530 y de 213 a 217 en la localidad platense de Abasto. Vieron que el terreno no estaba alambrado, les dijeron que no tenía un propietario y ellos no tenían nada que perder. Luego les avisaron del desalojo, más tarde llegó el vicegobernador Gabriel Mariotto a avisarles que se quedaran tranquilos y que tendrían sus viviendas para todas y todos, y a la madrugada siguiente llegó la Policía por lo bajo, sin previo aviso, con ganas de reprimir, y sacaron a tiros y palos a los adultos y niños que estaban durmiendo.
Las personas que buscaban una porción de tierra para construir su casa donde vivir con sus hijos, dormir en una cama y orinar en un inodoro, se convencieron de que merecían esos terrenos y se instalaron en la avenida 520 durante tres días como forma de protesta. El cuarto marcharon a la legislatura y festejaron la sanción de una ley que expropia dichas tierras y se las destina para la construcción de un complejo de viviendas.
Ahora están esperando que pasen los diez días hábiles que tiene el gobernador Scioli para promulgarla. Aguardan en el borde del terreno, con sus carpas y su organización: un almacén comunitario y las comidas colectivas que comparten día y noche.
Una vez reglamentada la ley, la autoridad de aplicación debe avanzar en el pago de los terrenos. “Intenta localizar a los herederos de este predio, les hace una propuesta del valor fisco que el Estado va a asignarle a esas tierras, y ya con depositar el 25% el Estado de la provincia toma posesión sobre las tierras”, cuenta Emilio “Taka” López Muntaner, senador del FpV que presentó el proyecto de ley aprobado en la Legislatura.
Cuando esto se logre, el terreno estará dispuesto para la urbanización: primero la apertura de calles, luego el loteo y por último la construcción.
Esas tierras pertenecían a la empresa Texlán que quebró en 2001 y se endeudó con el Estado. Pero Alberto Mattioli, dueño de una de las inmobiliarias más grandes de la zona y quien hizo la denuncia para que se efectúe el desalojo, dijo tener un supuesto poder sobre los terrenos y alquiló parte de ellos a productores hortícolas.
Mientras tanto, luego de la sanción de la ley, se constituyó una mesa de gestión en la que participa la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de la Vivienda de la Provincia, el secretario de Planificación de la municipalidad de La Plata y la comisión vecinal constituida por quince delegados de los vecinos que habían sido parte de la toma. “Lo que nosotros estamos planteando a través de esta mesa de gestión es que el Estado tenga una presencia concreta dentro del predio”, dice López Muntaner, y cuenta que van a instalar en el lugar una sala trailer que traerá el Estado nacional para que se reúna ahí la mesa de gestión con los vecinos que se quieran acercar para resolver las cuestiones venideras.
“Lo que nosotros estamos planteando a través de esta mesa de gestión es que el Estado tenga una presencia concreta dentro del predio.”
La ley no sólo expropia las tierras, también prevé la urbanización que ampara un complejo de viviendas, espacios públicos, una escuela y una sala sanitaria.
También se destinarán hectáreas para la producción de la tierra. “El hecho de que esta sea un área periurbana nos parecía pertinente para que no sólo se contemple la residencia, sino también áreas para la producción”, dice Rubén Pascolini, secretario de Acceso al Hábitat. Si bien es una idea que recién está tomando forma, se está pensando en cooperativizarla y “que genere un umbral entre la residencia y la producción”.
¿Una nueva propuesta?
El 27 de mayo varios comerciantes de Olmos y Abasto se reunieron en la Asociación de Comercio e Industria y Servicios de Olmos para presentarle una nueva propuesta –que aún no dieron a conocer– al gobernador Daniel Scioli sobre qué hacer con esos terrenos. Al parecer, los vecinos de la zona están preocupados por las “usurpaciones”. Para Clemente Rey, un arquitecto que asistió a la reunión, hay punteros políticos y gente que quiere obtener terrenos para revenderlos.
“Acá falta planificación. No puede ser que dejen que la gente se instale sin cloacas, sin servicios”, opina Rey. “Si se instalan ochocientas personas, para un pueblo como Olmos o Abasto, te cambia todo. Hay que planificar cómo queremos que sean nuestros pueblos”.
Además de la mesa de gestión que está planificando su urbanización y mediando entre el Estado y los vecinos, también se tiene en cuenta un censo que próximamente se va a auditar. “Con la intervención de esta mesa se empieza a organizar si los datos de este censo son concretos, reales, y que ninguna de las personas censadas no tienen algún tipo de titularidad de tierra o vivienda. Es uno de los condicionamientos básicos: que las personas que sean adjudicatarias no tengan ningún inmueble”, aclara el senador López Muntaner.
Tanto para Muntaner como para Pascolini, sería importante que se sumen al debate y la planificación de los vecinos. “Una cuenta pendiente de la mesa de gestión es que se incorporen habitantes de Abasto para que realmente tenga finalmente una interacción correcta en términos sociales y urbanos”, dice Rubén Pascolini.
Los ahora acampantes sueñan con una porción de tierra, para dejarle algo a sus hijos, para dejar de vivir de prestado. Desean sólo una porción, porque saben que son muchas las familias que están allí, con el mismo sueño. Una lógica distinta a la que manejan las corporaciones inmobiliarias, como la de Mattioli, que en su momento quiso “ceder” quince hectáreas para fines educativos y recreativos y seguir alquilando con contratos irregulares otras tantas.
Para el secretario de Acceso al Hábitat, “el Estado tiene que regular el mercado inmobiliario y el objetivo tiene que ser el bien común. Sin avasallar los derechos de propiedad privada, me parece importante que la propiedad, además de constituir un derecho, constituya una responsabilidad, que se ponga al servicio del interés general. Porque yo creo que no hay mejor política de seguridad que una sociedad más igualitaria”.
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