La sesión especial fue convocada para el 15 de octubre, luego de que la Corte Suprema dejara nuevamente vigente la derogación de la ley que limita la compra de tierras rurales por extranjeros. El Senado ya rechazó el decreto en 2024, pero falta el pronunciamiento de Diputados.
La oposición pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14, con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La convocatoria se produjo después del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente esa derogación.
El principal obstáculo es reunir el quórum de 129 legisladores. Según el relevamiento de El Destape, los bloques opositores cuentan con 111 diputados que firmaron el pedido de sesión, a los que se suman otros cuatro legisladores de Misiones que comprometieron su presencia. Con 115 apoyos, todavía necesitan 14 voluntades más. Hay otros 29 diputados cuyo posicionamiento no está definido, entre ellos 17 que responden a gobernadores provinciales.
El principal terreno de negociación está en los bloques provinciales y los sectores dialoguistas. De los 29 diputados que todavía no definieron su posición, 17 responden a gobernadores. Entre las posibilidades que analiza la oposición aparecen los tres legisladores tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, quien no viajó a Francia con Milei y cuyo espacio tiene antecedentes de rechazo a la extranjerización de tierras. También están bajo la lupa los representantes de Salta, alineados con Gustavo Sáenz, que se manifestaron contra ese proceso, aunque todavía no está claro cómo actuarán en el recinto. En cambio, los diputados que responden a mandatarios como Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Claudio Vidal son considerados más cercanos a la postura del Gobierno.
La negociación también tiene una dimensión nacional. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y busca sostener el respaldo de sus aliados habituales, entre ellos el PRO y sectores de la UCR, para bloquear el avance opositor. El Gobierno, además, evalúa alternativas para preservar el DNU y evitar que su rechazo en ambas cámaras deje sin efecto el conjunto de sus disposiciones. Por eso, las próximas dos semanas serán decisivas: la oposición necesita transformar los contactos y los posicionamientos previos en presencias concretas en el recinto. La movilización convocada frente al Congreso para el mismo 15 de octubre, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, sumará presión sobre una negociación cuyo resultado todavía está abierto.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales: un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones por titular y nacionalidad. El artículo 154 del DNU de Milei derogó ese régimen, cuya aplicación había permanecido suspendida por decisiones judiciales.
El fallo de la Corte revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional esa derogación, al cuestionar la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) para impulsar la demanda. Los jueces aclararon que su decisión se refería a una cuestión procesal y no al fondo de la constitucionalidad del régimen.
El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024. Si Diputados también lo rechaza, se completaría el procedimiento legislativo para dejarlo sin efecto. La sesión del 15 de octubre incluirá, además, el tratamiento de iniciativas sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, y coincidirá con una nueva Marcha Federal Universitaria.
