Tras el desembolso de otros USD 1.000 millones de deuda, el organismo pidió una reforma tributaria integral que busca alcanzar al 20% de los asalariados con Ganancias y aplicar una fuerte suba en el Monotributo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso sobre la mesa sus condiciones para la economía argentina, exigiendo una reforma tributaria integral que golpearía de lleno a los trabajadores. El núcleo de la propuesta del organismo se centra en una fuerte ampliación del Impuesto a las Ganancias hasta alcanzar al 20% de las personas físicas y un incremento sustancial en las cuotas que pagan los monotributistas.
De esta manera, el peso de la recaudación fiscal que reclama el organismo recaería todavía más sobre los ingresos de los asalariados y los trabajadores independientes, asfixiando aún más su capacidad de consumo.
Estas exigencias aparecen plasmadas en el reporte denominado “Argentina: temas seleccionados”, elaborado por el staff técnico del organismo. El documento se conoció apenas horas después de que el FMI haga efectivo un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares a favor de la Argentina, una partida que forma parte del programa de endeudamiento por USD 20.000 millones que fue suscrito por la administración libertaria de Javier Milei.
Dentro de los cuestionamientos del reporte, el organismo calificó al sistema impositivo local como «complejo, altamente distorsivo e inestable», señaló que «una reforma tributaria integral debe equilibrar la equidad y la eficiencia, al tiempo que fortalece el ancla fiscal».
Sin embargo, si se analiza el trasfondo de la iniciativa en los términos que plantea el FMI, la reforma impositiva terminaría provocando una suba de la presión fiscal efectiva. Esta situación contradice el discurso fundacional del gobierno libertario, que sostiene de manera pública la premisa de reducir el peso del Estado y aliviar las cargas tributarias sobre el sector privado.
En lo que respecta a los tributos sobre el empleo, el FMI busca retrotraer los parámetros a los niveles previos a la reforma de 2023, cuando la cantidad de asalariados alcanzados por Ganancias se redujo al 1%. Según detalló el texto: «La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias, lo que generaría alrededor del 0,4% del PIB; al tiempo que se armonizan las deducciones entre las distintas categorías de empleo y se simplifica la estructura de tipos impositivos».
Para el Monotributo, la lógica sería similar, al pedir «alinear» las cuotas del componente fiscal y previsional con el régimen general de autónomos, lo que se traduciría en un fuerte encarecimiento mensual para el trabajador independiente.
El resto de las sugerencias del informe técnico apuntan a recortar lo que denomina el «gasto tributario», es decir, la eliminación de exenciones impositivas y regímenes especiales que benefician a distintas zonas geográficas o sectores económicos. Asimismo, el FMI propone simplificar el esquema de Ganancias para las empresas con una alícuota fija del 30%, actualizar los impuestos internos a los Combustibles y al Tabaco por inflación, y dotar de mayor recaudación a las provincias mediante el fortalecimiento de los impuestos inmobiliarios y patrimoniales.
Hacia el cierre, el organismo argumentó que estas modificaciones estructurales habilitarían en el mediano plazo una compensación en la macroeconomía. Según los técnicos del Fondo, «los resultados de estas reformas permitirían una reducción gradual de los impuestos sobre el comercio y las transacciones financieras, a la vez que crearían margen para que las provincias fortalezcan su estructura tributaria.
No obstante, el horizonte temporal fijado es perentorio: las directivas del Fondo establecen que este nuevo esquema impositivo, que eleva la base de recaudación en 3,3 puntos del PBI a costa de los ingresos de la población, debería presentarse y estar activo antes de que concluya el año actual.
Este esquema de revisiones periódicas a la par de los desembolsos expone la persistente pérdida de soberanía económica que afronta el país. Históricamente, las intervenciones del Fondo Monetario funcionan como un mecanismo de tutela sobre los Estados deudores, donde el diseño de la política impositiva y el presupuesto nacional quedan supeditados a las prioridades fijadas desde el exterior, cuyo objetivo primordial es garantizar el flujo de fondos para el repago de los compromisos financieros por encima del desarrollo interno.
