Por Fernando M. López
El proyecto de reforma electoral del Gobierno de Mauricio Macri, que obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, continúa generando fuertes controversias. El principal punto de polémica es la implementación del voto electrónico en todo el territorio nacional, a partir de los comicios legislativos del año que viene. Se trata de un sistema considerado altamente vulnerable al fraude, que restringe el control ciudadano y atenta contra el secreto del sufragio.
Luego de varios intentos en los últimos meses, la alianza Cambiemos logró avanzar con la iniciativa en el plenario de comisiones que se desarrolló el jueves pasado. Esto no hubiera sido posible sin el respaldo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, cuyos principales referentes, Sergio Massa y Diego Bossio, venían negociando a puertas cerradas con el macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“Armaron una especie de Frankestein y firmaron el certificado de defunción de la política. No es una reforma integral, sino una modificación del sistema electoral a la que le han sacado y metido pedazos de todos lados, en función de los votos que necesitan para aprobarla”, indicó a Contexto la diputada del Frente para la Victoria (FpV) María Teresa García.
Tras hacer hincapié en las vulnerabilidades del voto electrónico, demostradas en todo el mundo, la legisladora calificó el proyecto como un “engendro” que “privatiza el ejercicio democrático” y genera “un gasto sideral” para el conjunto de los argentinos.
Precisamente, en un artículo anterior sobre el tema, dábamos cuenta de que el Gobierno nacional ya proyectó en su Presupuesto 2017 más de 6.175 millones de pesos para la organización de las próximas elecciones legislativas. Estas partidas representan un 58,5% más de lo que se ejecutó el año pasado para los comicios presidenciales, incremento que sería destinado a capacitar en el sistema de voto electrónico a los 32 millones de electores que tiene el país.
A estas erogaciones, deberán sumarse cientos de millones de dólares por la compra de 120.000 máquinas de votación, el desarrollo y la puesta en funcionamiento del software, el servicio de transmisión de datos y las boletas de papel térmico, que contienen en su interior un chip RFID (Radio Frequency IDentification).
En caso de aprobarse la ley, todo el sistema deberá estar listo 180 días antes de las primarias, de forma tal que las agrupaciones políticas y las Universidades convocadas tengan la posibilidad de desarrollar las auditarías previstas en el proyecto.
García: «Armaron una especie de Frankestein y firmaron el certificado de defunción de la política. No es una reforma integral, sino una modificación del sistema electoral a la que le han sacado y metido pedazos de todos lados».
“No se cambia un sistema electoral que tiene tantísimos años en el término de seis meses, con el verano de por medio, sin gradualidad y sin ningún tipo de posibilidad de concretar una auditoría real, sobre todo cuando no se puede tener la certeza de que lo que uno teclee en una máquina es lo que se va a contar después como voluntad popular”, subrayó García.
Para la diputada nacional, el sistema de Boleta Única Electrónica es “una trampa” estrechamente vinculada al tráfico de “millones de datos personales de la ANSES, el PAMI y otros organismos que no se han dado a conocer públicamente”; como así también al plan canje para celulares 4G que promueve el Gobierno, apuntado a unas 8 millones de personas, “a las que les va llegar información electoral”.
Objeciones informáticas
Desde que Macri presentó su proyecto de reforma electoral a fines de junio, las críticas de los distintos expertos en materia de voto electrónico han ido en aumento. A la mayoría se los convocó cuando el texto ya estaba redactado y hablaron algunos minutos en los plenarios de comisiones de Diputados, pero sus planteos no fueron tenidos en cuenta a la hora de las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa original.
“Esto es como si decidieran cambiar el calendario de vacunación contra la opinión mayoritaria de los médicos del mundo”, graficó en diálogo con Contexto Javier Smaldone, programador y administrador de sistemas, quien desde hace años estudia las diferentes modalidades de voto electrónico.
Según el especialista, expresar la voluntad electoral a través de una computadora “tiene un montón de inconvenientes, sobre todo en lo relacionado con la garantía del secreto del voto, porque constantemente aparecen nuevas formas de vulnerarlo”, y evaluó que la reforma de Cambiemos “lo que hace es retrotraer los comicios a la situación previa a la Ley Sáenz Peña (1912), cuando no existía el secreto y reinaba el clientelismo”.
El proyecto también recorta derechos en materia de auditabilidad, ya que “un ciudadano común no puede controlar un sistema informático y un profesional con años de experiencia y formación tampoco puede hacerlo”.
“Auditar un sistema complejo como el del voto electrónico es una tarea que lleva mucho tiempo y que debe ser encarada por equipos multidisciplinarios. Pero en la reforma se aborda el tema con muy poca seriedad. Esto no es la rueda de un auto que se puede revisar pegándole dos patadas”, ironizó Smaldone.
smaldone: «Auditar un sistema complejo como el del voto electrónico es una tarea que lleva mucho tiempo y que debe ser encarada por equipos multidisciplinarios. Pero en la reforma se aborda el tema con muy poca seriedad».
Otro problema grave, para el experto, es que el proyecto se refiere a “Boleta Única Electrónica” sin especificar ningún detalle sobre la implementación real del sistema: “La definición es totalmente vaga y queda a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la reglamentación, donde va a terminar decidiendo cómo votamos, con qué sistema electrónico, cómo se va a registrar el sufragio y en qué tipo de dispositivo. Esto no es algo menor, si se tiene en cuenta que hay una delegación de facultades que le corresponden constitucionalmente al Congreso”.
Además, los pocos meses que tiene el Gobierno para desplegar el nuevo sistema en todo el país, cuando la ley ni siquiera tiene media sanción, suponen serias dificultades. A los únicos tres países del mundo que hoy usan masivamente el voto electrónico les llevó varios años: Venezuela, cuatro; Brasil, seis; y la India, veintiuno.
“Si no está cerrado qué sistema va a usar, quién lo va a proveer y demás detalles de implementación, sería una verdadera locura porque, según los plazos que prevé el proyecto de ley, el 13 de febrero tiene que estar todo disponible para las auditorias. Y si ya está cerrado, se trata de un acto de franca ilegalidad porque ni siquiera ha sido iniciado un proceso de licitación. En cualquiera de los dos casos, estaríamos votando en agosto de 2017 con un sistema que a la fecha no ha sido probado en ninguna de las 95 mil mesas electorales de la Argentina”, advirtió Smaldone.
Concentración de poder
Tanto García como Smaldone, ven detrás de la reforma macrista una intención por acaparar el poder y el control del sistema electoral, en detrimento de los derechos de todo un pueblo.
Un ejemplo claro de esto son las nuevas figuras penales que incorpora el dictamen de mayoría que se firmó el jueves. Si a un elector se le ocurriera, por ejemplo, sustraer una boleta electrónica para inspeccionar cómo están grabados sus datos o realizar cualquier otro tipo de auditoría, estaría incurriendo en un delito penado de uno a tres años de prisión. Eso sólo lo podrá hacer quien tenga autorización oficial.
“Todo votante tendría que tener la posibilidad de ver el sistema, ponerlo patas para arriba y escudriñarlo como quiera, sin riego a ser perseguido judicialmente. Pero con esta reforma sucede todo lo contario. Se busca cualquier cosa, menos trasparencia”, subrayó el analista informático.
Si a un elector se le ocurriera sustraer una boleta electrónica para inspeccionar cómo están grabados sus datos o realizar cualquier otro tipo de auditoría, estaría incurriendo en un delito penado de uno a tres años de prisión.
En tanto, la diputada comentó que el articulado sobre los nuevos tipos penales “merecía ser analizado en la Comisión de Legislación Penal”, pero Cambiemos decidió no girarlo.
“Son tan arbitrarios que sólo pasaron el proyecto por las comisiones en donde tienen control”, dijo en alusión a Asuntos Constitucionales (PRO), Justicia (UCR) y Presupuesto y Hacienda (PRO), y agregó: “Desde el FpV hicimos una queja por escrito al presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Hasta ahora no tuvimos respuesta”.
Números
Para obtener la sanción de la reforma, el oficialismo necesitará mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras del Congreso, lo que en Diputados significan 129 votos y en el Senado 36.
Si bien aún no está claro cuándo será la votación en el recinto de Diputados, tras el acuerdo con el Frente Renovador y el Bloque Jusicialista, Cambiemos podría tener el camino despejado para aprobar el proyecto y girarlo al Senado.
En la Cámara Alta, donde el FpV-PJ tiene mayoría para imponerse, las cosas son más complejas. Además, algunos integrantes de ese bloque están trabajando en una iniciativa propia para hacerle frente a la del macrismo.
Según trascendió en las últimas horas, el proyecto opositor propone un sistema de impresión de boleta con conteo manual, por lo que se deja de lado la utilización de chips, códigos de barras y cualquier otro mecanismo de lectura digital. Entre otros puntos, también incorporaría el tema del financiamiento de las campañas y el otorgamiento gratuito de espacios audiovisuales publicitarios, aspectos eludidos por la reforma oficialista.
