Por Gabriela Calotti
Las recomendaciones que la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres, la jurista croata Dubravka Šimonović, hará sobre la situación en Argentina “nos permitirá exigir la ampliación de derechos a las mujeres y evitar las políticas regresivas en estos próximos años”, afirmó a Contexto la responsable del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Laurana Malacalza, poco después de mantener un encuentro con la funcionaria onusiana.
Durante su visita al país, Šimonović se reunió la semana pasada con autoridades nacionales, provinciales, académicas y de numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para recabar opiniones y aportes sobre la violencia contra las mujeres, días antes de que el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) dé a conocer, concretamente el lunes, sus sugerencias frente a las políticas o la falta de ellas en Argentina.
En el marco de esta visita, responsables del OVG mantuvieron un encuentro con Šimonović para manifestarle su preocupación frente al contexto de violencia contra las mujeres en la provincia de Buenos Aires.
Consultada sobre las cuestiones acerca de las cuales se interesó particularmente la Relatora, Malacalza puntualizó que “estuvo muy interesada en temáticas vinculadas con el acceso a la Justicia, a la situación de las personas trans y travestis, a la violencia policial y la persecución que sufren las mujeres trans y travestis”.
“A pesar de los distintos diagnósticos y recomendaciones que le habíamos hecho al Gobierno provincial, todos los esfuerzos siguen concentrados en atender la emergencia y no en generar políticas públicas más integrales que incluyan políticas económicas y sociales que empoderen aun más a las mujeres y les generen un proyecto de vida autónoma para superar las desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres”, explicó la responsable del OVG.
Justamente en este sentido, el organismo que dirige había indicado esta semana en un comunicado que, pese a que el Gobierno de María Eugenia Vidal anunció este año un “Plan de Género”, dicho plan “no contempla políticas integrales de prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia”.
Según cifras del Observatorio de Violencia de Género, en lo que va de 2016, por ejemplo, en las comisarías de la provincia se recibieron 615 denuncias diarias por violencia familiar, la mayoría por lesiones y amenazas.
El OVG expresó además su “preocupación frente a la persistencia de procedimientos administrativos y judiciales en la provincia de Buenos Aires inadecuados a la legislación nacional de violencia contra las mujeres”, como el uso de la mediación penal en casos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres o la vigencia de ordenanzas municipales que habilitan lugares de explotación sexual a pesar de su prohibición establecida por la legislación nacional.
El organismo denunció igualmente “las dificultades del Estado provincial para dar una respuesta efectiva a las personas que denuncian violencia obstétrica”, al referirse a las más de setenta quejas que recibió por partos de “mujeres encarceladas” que “permanecen con grilletes en los hospitales públicos, incluso en el momento del amamantamiento. “Sin embargo, no ha sido sancionado ningún profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica”, subrayó el Observatorio.
Durante la reunión con Šimonović, desde el OVG se planteó también la “preocupación frente al crecimiento de la criminalización de mujeres por la desfederalización en materia de drogas en la provincia de Buenos Aires, es decir, por una definición de una política criminal que persigue al narcomenudeo que ha incrementado la tasa de encarcelamiento de mujeres pobres y mujeres migrantes”, explicó la responsable argentina.
Šimonović se reunió con más de una treintena de organizaciones de derechos por las mujeres del norte y del litoral, en Tucumán y en Corrientes. El jueves pasado recibió en la ciudad de Buenos Aires a organizaciones del centro del país y de territorio bonaerense.
Durante los encuentros, la jurista onusiana sostuvo que la campaña “#NiUnaMenos” lanzada en Argentina pero con fuerte repercusión en la región “es importante para la sociedad, pero no es suficiente para tratar la problemática”, e instó a recabar “datos claros”, por ejemplo sobre femicidios.
Šimonović, de extensa trayectoria en la ONU en materia de defensa de los derechos de las mujeres, fue integrante del CEDAW entre 2002 y 2014. En 2015 fue elegida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como Relatora Especial por un periodo de tres años.
Este lunes dejará el país y elaborará un informe con conclusiones finales y recomendaciones que en junio de 2017 elevará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Justamente este lunes está previsto que el CEDAW, integrado por veintitrés expertas que a principios de noviembre recibieron en Ginebra a autoridades argentinas y a representantes de numerosas ONG, dé a conocer sus recomendaciones.
El 1º de noviembre, antes de recibir a los funcionarios de Cambiemos, el CEDAW se reunió con ONG argentinas que le presentaron “contrainformes” en los cuales plantearon el acceso de las mujeres a la Justicia, las medidas aconsejadas para evitar todas las formas de violencia basada en el género contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas y los femicidios/feminicidios, para prevenir los embarazos precoces, garantizar el acceso al aborto seguro y luchar contra la mortalidad de mujeres por gestación.
Ese Comité que sesiona en Ginebra examina cada cuatro o cinco años la situación en los países que adhirieron a la Convención CEDAW. Este año le tocaba a la Argentina, aunque la ONU revisará el periodo 2010-2016.
“La presentación frente a la relatora fue muy interesante porque nos dio, a las organizaciones y a los organismos de control, una herramienta más de exigencia política frente al Estado”, precisó Malacalza, para quien debe “pensarse la violencia contra las mujeres más allá del hecho puntual o exclusivamente de los femicidios”.
“Tenemos que pensar políticas públicas que modifiquen las relaciones desiguales y estructurales de poder que existen entre varones y mujeres”, sobre las cuales se basa la construcción social y se determina el acceso a los recursos, al empleo formal, a la tierra y a la vivienda, por ejemplo.
“Esas son desigualdades que promueven relaciones violentas y las relaciones de discriminación entre varones y mujeres. Me parece que de eso los organismos internacionales se están haciendo eco al pensar políticas públicas más integrales, que apunten al fondo y al problema estructural y no solamente a las situaciones más de emergencia”, concluyó Malacalza.
