Por Maximiliano Ceci
Después de renunciar a sus cargos como docente en la Universidad Nacional de La Plata, Horacio Piombo, el magistrado que atenuó la condena al violador de un nene de seis años, presentó su dimisión como juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense. El escandaloso fallo del magistrado y su par Benjamín Sal Llargués había reducido la pena al violador por considerar que el menor ya había sido abusado anteriormente, argumentando incluso una supuesta tendencia homosexual que generó el repudio desde todos los sectores políticos y sociales.
La semana pasada, cuando el Consejo Superior de la UNLP estaba por comenzar su sesión para tomar la decisión acerca del futuro de Piombo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, el magistrado hizo llegar un comunicado en el que presentaba su renuncia. «El gravitante decisivo para tomar este camino fue que, como profesor ligado profundamente a esta Casa, debía imperativamente contribuir a la paz y a la tranquilidad de la facultad; facilitar a las autoridades el ejercicio de sus funciones alteradas por tomas de despachos y desórdenes impedientes del normal dictado de los cursos», dijo en su dimisión el juez. Su salida –airosa ante la inminencia de un juicio académico– causó desilusión en los estudiantes y autoridades de la Universidad que pretendían llevar adelante el enjuiciamiento para separarlo de sus cargos.
Esa renuncia al cargo de profesor titular en las materias Derecho Internacional Público cátedra I y Derecho Internacional Privado cátedra II generó el rumor de que el juez haría lo propio con su puesto en el Tribunal de Casación Penal, debido a que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), junto con otras organizaciones y referentes de derechos humanos, habían presentado un pedido de juicio político contra él y su colega.
La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (Falgbt), junto con otras organizaciones y referentes de derechos humanos, habían presentado un pedido de juicio político contra los jueces.
Con su renuncia, Piombo buscó evitar tener que enfrentar un juicio político. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá aceptar la dimisión, la que luego debe enviar al Poder Ejecutivo para que el gobernador Daniel Scioli la acepte por decreto y le permita al magistrado acogerse a los beneficios jubilatorios.
Una vez que la renuncia de Piombo sea aceptada, quedará una vacancia en el cargo, por lo que se abrirá un concurso que debería pasar por el Consejo de la Magistratura –de donde, a su vez, fue separado Sal Llargués–, mientras que interinamente lo subrogaría un juez de otra sala.
El historial
El recorrido jurídico del juez Piombo en los tribunales y en el ámbito del derecho penal ha sido largamente señalado por su contenido polémico, como el sobreseimiento de los dueños de una clínica platense imputados por la muerte de quince pacientes con insuficiencia renal contagiados de sida, argumentando que el VIH no producía la enfermedad, o más recientemente, cuando con su par de la Cámara, Sal Llargués, bajaron la condena por violación a un pastor religioso, arguyendo que las víctimas vivían en una comunidad con un nivel social que aceptaba mantener relaciones a edades muy bajas.
Además, en la década de 1990, Piombo firmó la absolución del sacerdote Héctor Ricardo Giménez, denunciado por el abuso de cinco niños. Giménez era párroco en la localidad bonaerense de Magdalena cuando una mujer lo denunció en la comisaría. Lo acusó de tocarle los genitales a su hijo y de tratar de besarlo en la boca. A esa denuncia se sumaron las de los padres de otros cuatro niños. El cura fue preventivamente detenido. Pero en enero de 1997, por insistencia de sus defensores y con la garantía –bajo caución juratoria– del arzobispado platense, entonces en manos de monseñor Carlos Galán, Giménez obtuvo la libertad. Asumió el compromiso de no obstruir la investigación ni fugarse. El caso llegó a la Cámara de Apelaciones y los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo le concedieron la excarcelación.
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