“Súper RIGI” y RIGI a favor de grandes capitales y contra el Estado. El Fondo destinado a pagar despidos le quitará recursos a las jubilaciones. “Inviolabilidad de la propiedad privada” para extranjerizar la tierra y saquear riquezas naturales. Una deuda externa impagable. La representación democrática, en bancarrota.
Por Miguel Croceri
El pasado miércoles (24/06) la Cámara de Diputados otorgó media sanción al llamado “Súper RIGI”, que le concede privilegios a gigantescos poderes económicos para explotar bienes comunes de la naturaleza sin beneficios para la Nación. Es una versión agravada del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), sancionado como parte de la denominada “Ley Bases” hace dos años, cuando Javier Milei llevaba solo seis meses de gobierno.
El sistema de ventajas fiscales que se intenta aprobar ahora -aunque todavía falta el tratamiento del Senado, pero allí existen amplias chances de obtener los votos necesarios- es para conglomerados capitalistas que prometan inversiones superiores a los MDD 1.000 (mil millones de dólares).
Si finalmente el proyecto se convierte en ley, esos enormes consorcios empresariales realizarán menos aportes patronales a la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social, que gestiona el dinero para pagar las jubilaciones de Nación, así como pensiones, asignaciones familiares y asignaciones universales). También tendrán una rebaja en el impuesto a las Ganancias, quedarán eximidos de pagar retenciones para exportar y derechos de importación, y no estarán obligados a contratar proveedores locales.
(La Agencia FARCO, un medio de información contra-hegemónica, resumió brevemente la votación en Diputados e incluyó audios de lo que dijeron legisladores/as con posiciones contrapuestas. ).
(El portal Infobae publicó un informe titulado “Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor de la ley del ‘Súper RIGI’”. Puntualiza que “entre los bloques oficialistas y aliados que respaldaron la medida, están La Libertad Avanza, Pro, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Movimiento de Integración y Desarrollo y partidos provinciales).
(El diario Página 12 resaltó lo que dijo la diputada Roxana Monzón, de Unión por la Patria, durante la sesión de la Cámara: “La pregunta tramposa no es inversiones sí o no. La pregunta es ¿cuál es el precio de estas inversiones? ¿Cuánto vale renunciar a las regalías? ¿Cuánto vale renunciar a los proveedores locales y nacionales? ¿Cuánto vale renunciar a que un juez argentino resuelva los conflictos en territorio argentino? Estas son las preguntas, porque un capital serio no necesita impunidad”, expresó la legisladora. Nota del 25/06/26).
Libertinaje para la extranjerización y el saqueo
Otra de las modificaciones legales que implicarán gravísimas consecuencias en el mediano y largo plazo, y que conllevarán severas limitaciones para que pueden ser revertidas en el futuro por gobiernos y mayorías legislativas diferentes, es el proyecto ampulosamente llamado “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
Concebido para facilitar la apropiación de grandes extensiones del territorio argentino por parte de poderosos conglomerados capitalistas, y asimismo para garantizar altísimas rentabilidades en la explotación de riquezas naturales aún a riesgo de daños ambientales irreparables, el proyecto modifica entre otras las leyes contra la extranjerización de la Tierra, la de Manejo del Fuego y la de Expropiaciones.
En ese marco, se eliminan regulaciones legales vinculadas por ejemplo con los desalojos de territorios en disputa, así como otras referidas el uso de terrenos afectados por incendios, especialmente en zonas rurales.
La norma impulsada por el gobierno mileísta, y en cuya autoría intervino particularmente el ultraderechista ministro Federico Sturzenegger -un extremista fanático del libertinaje capitalista más depredador y violento-, iba a tratarse el pasado jueves (25/06) en la Cámara de Senadores, pero por desacuerdos entre los distintos bloques no hubo sesión.
Un día antes, en la Comisión de Ciencia del Senado -la cual está presidida por Eduardo “Wado” De Pedro-, se realizó un debate donde representantes de la sociedad civil manifestaron sus objeciones y rechazo al proyecto. Expusieron, entre otros/as, el obispo de la diócesis de Chascomús, Juan Liebana; el docente e investigador Matías Oberlín, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; el general (retirado) Martín Paleo, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la fuerzas armadas durante el gobierno del Frente de Todos; y Florencia Gómez, integrante del Ceppas (Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo).
(En una crónica del diario Ámbito puede leerse una reseña de la actividad y los argumentos principales allí manifestados. El texto lleva por título “Senado: representantes de la ciencia y la Iglesia se opusieron a la ley ‘inviolabilidad de la propiedad privada’”. Nota del 24/06/26).
(A comienzos de mayo, en un artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, el periodista Alejandro Pairone desplegó una categórica crítica contra la mencionada reforma legal fomentada por el oficialismo. “El proyecto de la llamada ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’ -el nuevo fetiche de Federico Sturzenegger-, habilita la extranjerización sin límites de las tierras rurales y permite en los hechos la devastación ambiental absoluta de todo ese territorio. Esta iniciativa es el capítulo que intenta cerrar y blindar la conformación de un plexo normativo para el saqueo, que se articula como el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiores (RIGI) y las modificaciones a la Ley de Glaciares. El único reparo, pero relativo, se le impone a los estados extranjeros, que podrían igualmente alzarse con extensiones infinitas de tierras aunque bajo condiciones que la ley no determina taxativamente, sino que deja librada al Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario”. Nota del 03/05/26).
Desfinanciamiento del Estado, pérdidas para el país
El texto citado en el párrafo previo hace mención al llamado “RIGI”, aprobado hace dos años, a través del cual quedó abierta la canaleta por donde se van ingentes recursos del sector estatal, que podrían financiar el crecimiento económico, el crédito productivo, las políticas de desarrollo social y la infraestructura pública.
A causa de dicho “régimen de incentivos” (y tal como Contexto publicara días atrás en una columna de opinión similar a esta), los beneficios para empresas que se dediquen a explotar recursos naturales implicarán que el fisco deje de recaudar anualmente unos MDD 1.000 (mil millones de dólares), según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dirigido por Hernán Letcher y Julia Strada. El mayor impacto se hará sentir entre 2029 y 2033, cuando los proyectos amparados por el RIGI entren en la etapa de producción. (Artículo de Página 12 basado en datos del CEPA. Nota del 28/05/26).
Además (como también señaló el mencionado artículo reciente de este mismo portal), el Estado agrava la pérdida de recursos por causa de las rebajas impositivas que benefician a sectores del poder económico y a particulares ultra-millonarios. (“Los cambios en materia tributaria provocan una merma en los ingresos para el Estado nacional y las provincias”, explicaba un análisis de Lucrecia Eterovich publicado por Infobae en marzo pasado, con el título “Uno por uno, todos los impuestos que bajó el gobierno y cuál fue el impacto en las cuentas fiscales”. Nota del 06/03/26).
Simultáneamente, a partir de que fuera sancionada la ley patronal (mal) llamada “reforma laboral”, se producierá un gigantesco y creciente agujero en los ingresos del sistema previsional argentino, el cual recibe los aportes de trabajadores/as y contribuciones empresarias que permiten financiar el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignaciones universales.
«se producierá un gigantesco y creciente agujero en los ingresos del sistema previsional argentino»
Ello se debe a que las empresas reducirán sus contribuciones para ese destino, y en cambio tales dineros irán a parar al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado para generar un nuevo negocio financiero y, llegado el caso, pagar los despidos de trabajadores/as. Lo que hasta ahora era un costo a cargo de los empleadores, en adelante será afrontado con fondos que se le restarán al sistema nacional de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
(El abogado laboralista Daniel Ghiraldo, quien además es maestrando en derecho laboral y miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de junio”, explicó en un artículo de difusión periodística que la imposición del FAL “transferirá recursos millonarios desde el sistema previsional hacia fondos privados administrados por las empresas, beneficiando especialmente a las grandes compañías en detrimento de los trabajadores y las ‘pymes’”. El análisis y la opinión de Ghiraldo fueron publicados por el portal DataGremial con el título “El escandaloso robo del Fondo de Asistencia Laboral”. Nota del 25/06/26).
Deuda que estrangula a la economía
Cabe recordar, finalmente, la magnitud impagable de la deuda externa y del endeudamiento público en general. Un pasivo que explotó durante la presidencia de Mauricio Macri, y que la actual administración de Javier Milei lleva a niveles astronómicos.
La deuda es y será la causa de estrangulamiento económico que más sufrirá el país durante varias generaciones, y por lo tanto constituirá un gigantesco obstáculo para un eventual gobierno popular en tiempos venideros. (Tiempos que, por ahora, son indeterminables).
El pasado lunes (22/06), el mileísmo autorizó a tomar deuda por otros MDD 5.000 (cinco mil millones de dólares) mediante préstamos que otorgarán entidades financieras internacionales y estarán respaldados parcialmente por los llamados “organismos multilaterales”. (Tema informado por el portal Economis, nota del 22/06/26).
Para el año que viene el “muerto” que deberá levantar el Estado nacional como resultado del brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el macrismo, rondará los MDD 19.000 (diecinueve mil millones de dólares) solo en 2027. (Hace tres meses, la periodista especializada en economía Luciana Glezer analizaba el tema en un artículo publicado por La Política Online. Nota del 01/04/26).
«La representación democrática se encamina a un estado de bancarrota»
En Argentina se ha tornado habitual que los/las funcionarios/as del Poder Ejecutivo y los/las integrantes del Congreso toman decisiones que perjudicarán a la mayoría de la sociedad a lo largo de las próximas décadas.
Se evidencia así una completa degeneración del sistema político-institucional, el cual debería servir para defender los intereses del país, el bien común de la población y la decencia en el ejercicio de la función pública. En cambio, sucede todo lo contrario.
Las consecuencias de una gran parte de las medidas que se adoptan en estos mismos meses, semanas y días, dejarán atados de manos a otro tipo de gobierno y de mayorías parlamentarias que, en algún momento del futuro, intentaran cumplir con sus obligaciones en favor de la ciudadanía que los vota.
La representación democrática se encamina a un estado de bancarrota. Revertir esa tendencia dependerá de la participación y organización que puedan alcanzar las bases sociales populares, y de cómo actúen las dirigencias que aspiren a conducir un proceso de reconstrucción nacional.
