Trabajadoras sexuales en La Plata: el nuevo Código de Convivencia, el estigma y la marginación social

Por Agustina Tittarelli

Un volkswagen frena en la esquina de 1 y 63 donde está parada Norma, quien trabaja allí hace más de veinte años. Viste calzas negras, una remera manga corta y zapatillas deportivas. Pocos minutos pasaron de las seis de la tarde. El conductor, un pelado de anteojos, baja el vidrio polarizado y pregunta por la tarifa. Por la vereda corren algunos de los nenes que acaban de salir del Jardín de Infantes que está a la vuelta, algunos van de la mano de sus padres y otros jugando. Ella intenta tocarle la cabeza a uno amorosamente, pero antes de poder hacerlo la madre se lo arrebata y se lo lleva caminando a pasos rápidos.

–La discriminación y el estigma está en todas partes –afirma–. Eso duele. Y mucho.

Norma Polero es la secretaria del Departamento de Salud de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) y miembro fundador de la filial de La Plata. Tiene 56 años y llegó a la prostitución hace casi treinta, cuando se divorció, quedó sola con tres hijas pequeñas a cargo y con el trabajo de empleada doméstica no llegaba siquiera a cubrir las necesidades básicas.

Lleva pelo corto y renegrido, anillos que no llaman la atención y aritos de perlas. Lleva consigo a todos lados una mochila de cuerina negra, que tiene anudado un pañuelo verde y un pin de AMMAR, que tiene inscripta la consigna puta feminista.

“Cuando era joven paraba un patrullero y me metía adentro, no sabía que el trabajo sexual no era ilegal en la Argentina. Después empecé a conocer mis derechos y ya sabía. AMMAR significa eso para nosotras: la posibilidad de organizarnos y luchar por nuestros derechos como cualquier trabajador”, cuenta Norma.

La oficina de AMMAR funciona en la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Es una habitación bastante pequeña (4x4m) a la que se llega caminando hasta el final de un pasillo. Hay un mural con el rostro pintado de Sandra Cabrera, una trabajadora sexual asesinada en Rosario por denunciar el entramado de recaudación ilegal que la policía montaba a partir de la prostitución. Una mesa redonda ocupa gran parte del espacio, sobre ella están desparramados algunos papeles. Hay una maceta en el suelo con una plantita y un mueble que lo único que tiene encima es una pava eléctrica que no tiene agua.

La AMMAR nació como respuesta al constante asedio y violencia de la fuerza policial. Juntándose comprobaron que la organización es la fuerza y el motor para transformar sus realidades y luchar contra el estigma, la discriminación y el maltrato al que están sometidas desde tiempos inmemoriales por la sociedad en general.

Empezaron a reunirse a fines de 1994. En 1995 se sumaron a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), lo que hizo posible que abandonasen la automarginación al reconocerse ellas mismas como trabajadoras.

Desde 1997 integran la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), que tiene como objetivo apoyar y fortalecer a las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en la defensa y promoción de los derechos humanos. La Red está compuesta por quince países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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Eliana Quilla nació en Sucre pero a los tres años, junto a su familia, abandonó su Bolivia natal para irse a vivir a la costa argentina, a Ostende. Tiene pelo lacio, negro y largo. Es delgada y lleva puesto un top floreado. Pinturas y diseños que ella misma crea visten las paredes de su departamento, que se encuentra repleto de hojas canson, papel madera y tintas de diversos colores. A los dieciocho llegó a La Plata para estudiar Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes. Desde entonces trabajó como niñera, ayudante de cocina y empleada doméstica. Después de haber trabajado muchas horas y cobrar poco, decidió ser trabajadora sexual. Fue el único trabajo que se ajustó a sus necesidades como estudiante y que le dejaba tiempo libre para estudiar y hacer sus proyectos.

“Puedo elegir mis horarios, tengo más independencia, manejo mis tarifas. No estoy en la calle, me manejo por Internet. Si veo que no hay clientes, bajo las tarifas, si veo que hay muchos, la subo. La demanda horaria es muy poca. En dos horas diarias puedo cubrir lo que antes eran dos días limpiando casas”, explica. Tiene veinticuatro y es secretaria general de la filial de AMMAR de la ciudad. Organiza junto a Norma y las demás militantes las actividades del sindicato: este mes tienen una mesa de incidencia política y en diciembre un plenario. Sus funciones como secretaria se basan en redactar documentos, firmar papeles, atender los problemas y las demandas del día a día de sus compañeras.

Hace poco más de un mes consiguieron que Nora Turconi (concejal de Unidad Ciudadana de Ensenada) les otorgue veinte salarios sociales complementarios cuya contraprestación es en un taller textil.

–Lo necesitamos para las chicas que alquilan, que están en situación de calle, para sus hijos. Está muy feo. Nos dieron veinte, pero estamos yendo por más. Las chicas no tienen que dejar la calle, pero saben que por mes tienen asegurados 5.500 pesos para su pieza, para pagar parte del alquiler, para la comida de sus hijos. Ya hicieron el taller de capacitación para coser con máquinas industriales –cuenta Norma, con pesar. Les pesa, porque nunca habían tenido necesidad de pedir ayuda para poder comer.

También existen otras problemáticas a las que les gustaría abocarse a partir del próximo año. “Tenemos un grupo de WhatsApp donde están todas las chicas. Y tenemos que mandar audios porque hay algunas que no saben leer”, se lamenta Norma. Desde el Sindicato buscan poner una escuelita donde les enseñen a leer y a escribir. “También está el tema de la documentación –agrega Eliana–. Hay compañeras migrantes y no migrantes que ni siquiera tienen el DNI. Tenemos ganas de resolver estas cosas”.

La filial de AMMAR de La Plata pasó por un proceso de desintegración. Estuvo un tiempo sin funcionar, recién el año pasado volvieron a reunirse para organizarse. Actualmente la asociación funciona como un sindicato con todas las letras. Los demás trabajadores de la CTA las saludan y mantienen un vínculo amigable. Se sienten cómodas, a pesar de la pequeñez de la oficina. Una puerta corrediza da al patio de la central de trabajadores, es la única ventilación que tienen. La plantita aprovecha las pocas horas de luz que entra por los vidrios de esa puerta.

“Queremos hacer un censo de trabajadoras sexuales, el que manejamos es del año 2009. Además de estar súper desactualizado, está hecho por el Ministerio de Salud, no está abordado desde una perspectiva social por ser una de las instituciones que más nos discrimina. También nos gustaría crear alianzas con otros sectores sociales, que se solidaricen con nosotras. Este año fuimos a dar charlas a algunas Facultades, empezamos un poco a trabajar eso. Pero hay que profundizarlo”, reconoce la joven.

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Respecto al trabajo sexual, existen dos corrientes: la abolicionista y la regulacionista. Desde el año 1949 nuestro país adhiere a la línea denominada abolicionista. Es decir, que desde el Estado y los gobiernos se deben implementar políticas económicas y sociales con el objetivo de abolir las causas de fondo que provocan la prostitución, a diferencia de aquellos países que sustentan la línea regulacionista.

Pese a que la prostitución y la trata para explotación sexual son cuestiones vinculadas entre sí, claramente no toda prostitución es trata. El trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. “Si vos sos obrero en una fábrica, estás vendiendo tu fuerza de trabajo, estás explotando tus manos. Nosotras explotamos nuestra genitalidad”, explica Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional. Eliana, en esta línea, adhiere: “Cuando sacaron el rubro 59 en Capital y el Solos y Solas de acá de La Plata por la modificación de la Ley de Trata, perjudicaron a un montón de trabajadoras que se la rebuscaban de esta manera. Entonces empezaron a pegar los papelitos. La gente los saca pensando que hace un bien, que así combate la explotación sexual. Pero la realidad es que estamos quienes elegimos ser trabajadoras sexuales y nos perjudican”.

En los últimos años lo que dividió el feminismo de manera irreconciliable fue el debate entre las posturas abolicionista y regulacionista, que debaten la conceptualización del trabajo sexual.

El feminismo abolicionista postula que no existe la elección libre del ejercicio de la prostitución y que toda prostitución es trata. Apunta a su erradicación, ya que su existencia implica la mercantilización y objetualización del cuerpo y por ende es una forma de dominación patriarcal. El polo opuesto, el regulacionista, sostiene que la prostitución es un trabajo, quieren que se legalice y regule por parte del Estado para garantizar los derechos sociales que corresponden a todo trabajador, negociar los espacios públicos donde ejercerla, garantizar las condiciones sanitarias y lograr que sea un trabajo autónomo y voluntario. Creen que la legalización va a combatir la estigmatización, la explotación, la violencia y las mafias que operan en ella.

–Nosotras vamos a los Encuentros Nacionales de Mujeres, todos los años. Pero no somos bien recibidas por algunos sectores, algunas nos miran con desdén. Queremos que nos acepten –anhela Norma.

Las dificultades de ser trabajadoras sexuales en la ciudad son cada día más. El 17 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó la creación de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), una nueva fuerza de seguridad en la ciudad para el control de los espacios públicos y que va en línea con el nuevo Código de Convivencia que presentó el intendente Garro. Fue rechazado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, ya que estipula multas que van desde 4.000 a 170.000 pesos y treinta días de arresto para quienes protesten y corten calles sin tener una autorización 48 horas previas, para quienes coloquen pasacalles, usen megáfonos u ofrezcan sus servicios en la vía pública.

–El problema no lo vamos a tener solamente nosotras, sino los que limpian vidrios, los vendedores ambulantes, los que reparten los panfletitos cuando el semáforo se pone en rojo. Se aprueba esto cuando hace tres meses conseguimos la derogación del artículo 68, que criminalizaba la prostitución –se lamenta Norma.

Se multará a los dueños de animales domésticos “que perturben la vida de los vecinos”, se prohíbe el lavado de automóviles en la vía pública, y se sancionará también a quienes recolecten residuos para su venta, entre otros.

En una Argentina asediada hace tres años por el neoliberalismo, donde más de la mitad de los trabajadores cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza, donde crece la precarización, el desempleo y las inversiones en desarrollo social y educación constituyen menos de la cuarta parte que durante el último gobierno, el gobierno municipal necesita de un nuevo Código que criminalice la protesta social y cualquier tipo de manifestación contra estas políticas. Además, apuesta a seguir marginalizando a quienes menos posibilidades tienen: trabajadoras sexuales, cartoneros, limpiavidrios.

En el hall de entrada del edificio de la CTA, en una de las paredes laterales, se encuentran colgadas todas las pecheras de las organizaciones y gremios que forman la Central de Trabajadores. La de AMMAR es blanca y sus siglas están en rosa. Le ataron debajo un pañuelo verde.

Son las compañeras de Johana Ramallo, desaparecida por una red de trata. Son las compañeras de Sandra Cabrera, asesinada por denunciar la recaudación ilegal de las fuerzas policiales. Son todas esas injusticias hechas carne. Son mujeres y son madres, abuelas, tías, amigas. Son sororas. Y ahora que sí las ven, van a ir por los derechos que les corresponden y que tarde o temprano serán una realidad.


 

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